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Las tres capitales vascas son ya zonas tensionadas del mercado del alquiler tras sumarse Bilbao y Vitoria

  • La última resolución del Ministerio también publica la declaración de los municipios de Astigarraga y Usurbil (Gipuzkoa)
  • Hay 304 municipios declarados en cuatro comunidades autónomas: País Vasco, Navarra, Cataluña y Galicia
Las tres capitales vascas son ya zonas tensionadas del mercado del alquiler tras sumarse Bilbao y Vitoria
Bloques de edificios en Bilbao, en una imagen de archivo GETTY
RTVE.es / EFE

Las tres capitales vascas son ya zonas tensionadas del mercado del alquiler por los elevados precios, de acuerdo con la definición de la ley estatal de vivienda. Bilbao y Vitoria se han sumado así a San Sebastián, que ya fue declarada en julio, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves.

La resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de este trimestre incluye también los municipios guipuzcoanos de Astigarraga y Usurbil en su totalidad. La única salvedad en estas cuatro localidades es la zona rural construida por entidades locales menores en Vitoria.

Hasta ahora en Euskadi se han declarado zonas tensionadas los municipios de Errenteria, Irun, Barakaldo, Zumaia, Lasarte-Oria, San Sebastián, Galdakao (distrito 2), Vitoria, Usurbil, Bilbao y Astigarraga.

304 municipios en cuatro comunidades

Son las comunidades autónomas las que tienen la competencia de declarar las zonas de mercado residencial tensionado, y justificar su necesidad, pero la ley establece que el Ministerio debe publicar una resolución trimestralmente que recoja esas declaraciones, ya publicadas en los boletines oficiales autonómicos.

En total en España, son ya 304 municipios declarados como zonas tensionadas en cuatro comunidades autónomas: País Vasco, Navarra, Cataluña y Galicia, de acuerdo con los datos del departamento que dirige la ministra Isabel Rodríguez.

Este instrumento permite aplicar medidas para la contención de los precios del alquiler, como impedir que los nuevos contratos supongan un incremento desproporcionado de la renta mensual y alargar su vigencia en algunos casos. La ley exige a la autonomía que desarrolle un "plan específico" con las "medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo".

En ese sentido, el Gobierno ha asegurado este jueves que la evolución de los precios en Cataluña demuestran que "funciona", puesto que el primer año se redujo un 4,9% el precio de los contratos de alquiler y se firmaron más de 11.000 nuevos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la utilidad de esta medida para contener los precios de los alquileres, porque "acaba con las subidas abusivas del alquiler" y "da estabilidad a los inquilinos".