Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

El alto precio de la vivienda coloca a más jóvenes al borde de la pobreza. Casi el 20%, de los jóvenes realiza un sobresfuerzo para pagar la vivienda ya que destina más del 40% de sus ingresos a costearla. Supone el doble de la media nacional.

Además, la falta de vivienda pública les empuja al alquiler en el mercado libre, la forma más cara de vivir.

En España, solo el 3,2% de la vivienda es pública. Habría que destinar otras 900.000 para alcanzar la media europea que roza el 8%.

Con las viviendas construidas en los últimos cinco años apenas alcanzan para alojar a la mitad de los nuevos hogares que se han creado, según el estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

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El precio de la vivienda sigue sin tocar techo. En el primer trimestre, su precio se disparó casi un 14% y el metro cuadrado superó los 2.300 euros de media, cifra que se duplica en lugares como Madrid o Baleares.

Queda patente en un rápido repaso a los anuncios, pero las inmobiliarias admiten que hay vendedores que han inflado tanto el precio que se ven obligados a bajarlo.

Este sobreprecio se suma a los tipos elevados y a unas condiciones hipotecarias que echan para atrás a muchos compradores.

Entre enero y marzo, en los principales mercados de la vivienda, una quinta parte de los anuncios ha bajado el precio de salida, sobre todo, en las propiedades más caras.

• La concesión de préstamos para vivienda suma 21 meses consecutivos de aumentos
• La subida de marzo es la mayor desde 2010, pero supone un frenazo importante frente al crecimiento del 16% de abril

• Las medidas para vivienda acaparan 4.700 millones e incluyen políticas para fomentar la rehabilitación
• Sánchez pone el foco en los vulnerables: “Que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o a fin de siglo”

• No deja un vacío legal, siguen en vigor las diferentes normas autonómicas y ayuntamientos
• Obligaba a los propietarios a obtener un número de identificación para publicitarse en las plataformas

Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España, ha advertido en "Las Mañanas de RNE" que "sólo el 14,5% de los jóvenes puede emanciparse en la actualidad", el peor dato desde que existen registros del organismo. Durante su entrevista, ha asegurado que "ya no sirve con trabajar" porque el precio medio del alquiler "equivale casi al 99% del salario medio de una persona joven". Henry ha denunciado que pagar el alquiler ha elevado el riesgo de pobreza juvenil "a más de un 55%", y ha resumido la situación afirmando que "los jóvenes nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes".

La presidenta del Consejo de la Juventud de España también ha defendido que "comprar se ha convertido en una utopía", y ha reclamado más urgencia política para afrontar la crisis de vivienda. Henry ha pedido a las administraciones "a construcción de un parque de vivienda pública con una reserva para la gente joven" y la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas. Además, ha lamentado que "los problemas de la juventud son de segunda división", y ha asegurado que las personas jóvenes sienten que sus propuestas "no se tienen en cuenta como las de otras generaciones".

• Los consejeros del PP amenazan con "futuros recursos judiciales"
• La ministra asegura que hay "garantías" para que los fondos estén disponibles "antes de acabar el año"

• Las viviendas usadas crecen un 0,2% y registran el mejor mes de marzo en 19 años
• Las nuevas construcciones encadenan tres meses consecutivos de retrocesos

• Defiende que la "verdadera solución" es construir vivienda pública, pero advierte que llevará tiempo
• Cree que la prórroga de los alquileres de Sumar puede dar "más tranquilidad y seguridad" a los inquilinos

El esfuerzo para pagar el alquiler es cada vez mayor: en la última década la renta de los contratos ha subido casi un 23%. Sobre todo, ocurre con los contratos nuevos.

La búsqueda de un techo digno se complica a veces. Una pareja de jubilados de Sabadell lleva siete meses viviendo en su coche. Pagaban 650 euros de alquiler por una vivienda en Sabadell y cuando el contrato acabó, el propietario no quiso renovarlo.

Las primeras semanas de búsqueda de piso transcurrieron en un aparthotel. En octubre decidieron vivir en su coche al comprobar que no podían abordar los 800 o 900 euros que les pedían.

Se asean en piscinas municipales y se alimentan, en parte, gracias a un comedor social.

Los servicios sociales les asesoran, pero al cobrar él una pensión y ella el ingreso mínimo vital, su situación -en la práctica- no es prioritaria. Según el ayuntamiento, no están en los primeros puestos para una vivienda protegida.

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En Las mañanas de RNE nos acompaña Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Mañana se vota en el Congreso la convalidación del decreto de prórroga de los alquileres. De momento, reconoce Rodríguez, el Gobierno no tiene los apoyos suficientes para que salga adelante pero espera que todavía hay tiempo para que los grupos políticos lo reconsideren: "Lo dramático en esta situación es que el Parlamento no esté a la altura de los acuerdos y los consensos que hoy están en nuestro país. No voy a parar hasta que consigamos alcanzar estos acuerdos".

Rodríguez lamenta la posición de "los grupos de la derecha y el grupo nacionalista de la derecha, de Junts" y cree que se están alejando de lo que esperar la ciudadanía de ellos. La titular de Vivienda afea al Partido Popular que no apoye esta votación: "Tiene encomendada la competencia exclusiva para dar respuesta a este problema en la mayoría de comunidades autónomas donde está gobernando". Exige Rodríguez que el PP "le explique a los españoles porqué no apoyan medidas que dan estabilidad y congelan los precios del alquiler". En políticas de vivienda, añade, "el PP no está en la oposición, por más que intente vestirlo en su inacción. Está en el gobierno".

Sobre que el decreto sea presentado mañana en el Congreso por el Ministerio de Consumo, Rodríguez dice defender las propuestas de "todos los ministerios". La ministra añade que conviene que los socios a la izquierda "estén fuertes" y asegura que existía la duda de que el decreto saliera adelante: "El mayor inconveniente que yo mostraba es que no se daban lo votos en el Congreso de los Diputados. Ante eso, los compañeros de Sumar y concretamente el ministro de Consumo se creyó que tenía fuerza suficiente para sacarlo adelante. Mi generosidad para que así sea y le hemos apoyado para intentarlo. Ojalá que de aquí a mañana hayamos conseguido esos votos". Escucha la entrevista completa en RNE Audio.

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha valorado que el plan de vivienda aprobado por el Gobierno "va en la buena dirección", pero ha advertido de que "no resuelve el problema de la vivienda" y ha reclamado "medidas estructurales" como la intervención del mercado del alquiler. Ha defendido que "dos de cada tres españoles quieren que se limite el precio del alquiler", y ha sostenido que la formación ha trabajado desde el Ejecutivo para priorizar esta cuestión, aunque ha recordado que ocupan una posición minoritaria: "Somos cinco asientos de 22 y trabajamos desde dentro para impulsar medidas progresistas".

Hernández también ha cargado contra el Partido Popular por su rechazo al plan y por la aplicación de la ley estatal, y ha afirmado que las comunidades gobernadas por los populares “"se han negado a ponerla en práctica". Además, ha criticado las propuestas de la oposición y ha asegurado sentir "una profunda vergüenza ajena del principal líder de la oposición", al tiempo que ha defendido blindar la vivienda pública y avanzar hacia una intervención más amplia: "Esto es un peldaño interesante, pero la escalera tiene que culminar en la intervención del mercado de la vivienda".

El Gobierno ha aprobado definitivamente este martes el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030. Dotado con 7.000 millones de euros, pretende ampliar el parque de vivienda asequible, movilizar y dignificar los inmuebles ya disponibles y aumentar la protección de los colectivos con más dificultades para acceder al mercado. Otro de sus objetivos es blindar que la vivienda pública y protegida no pueda ser nunca objetivo de especulación.

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• Busca ampliar el parque de vivienda asequible y proteger a los colectivos más vulnerables, entre ellos los jóvenes
• La mayor parte de la inversión pública se destinará a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña

• El plan, para el periodo de 2026-2030, tiene ayudas para rehabilitar inmuebles y facilitar la compra a los jóvenes
• También busca impulsar la construcción en el mundo rural

• Las operaciones crecen un 5% y van en aumento desde la pandemia, con la excepción de 2023 por los tipos de interés
• Las casas usadas del mercado libre suponen casi el 90% de las transacciones, pero las protegidas son las que más crecen

• Concluye que el Estado tiene competencias para definir el derecho a la vivienda y extenderlo a los ciudadanos extranjeros
• Cinco magistrados anuncian un voto particular discrepante, mientras el Gobierno celebra el fallo

• El fondo ‘España Crece’ pretende seguir impulsando inversiones tras los fondos europeos, que finalizan en agosto de 2026
• Su gestión correrá a cargo del ICO y contará con los 10.500 millones en préstamos sin utilizar del Plan de Recuperación

• Entre las regiones con mayor oferta turística, destacan las caídas de Alicante (-27,9%), Madrid (26,3%) y Baleares (19,8%)
• Entre mayo y noviembre de 2025, el total se redujo en 52.000 viviendas, la mayor caída desde que hay registros del INE

• Asegura que, si hubiera tenido la mayoría en el Senado, ya lo hubiera implementado
• Avisa a Junts de que "tendrá que explicar a los catalanes" el voto en contra al escudo social

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por el PP sigan sin aplicar la ley de vivienda y ha dicho que "le encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid", ya que a su juicio "no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda", si bien "no tiene una mayoría en el Senado para hacerlo".

"Incluso les diría, que si no están dispuestos a asumir la competencia, nosotros lo estaríamos. Pero estamos en un Estado social y democrático de derecho", ha insistido en una entrevista de La Hora de la 1 de TVE.

A su vez, ha advertido a Junts de que, si vota en contra del decreto del escudo social, tal como ha anunciado, se lo "tendrá que explicarlo a los catalanes". En su opinión, "es muy difícil votar que no a la subida de las pensiones", si bien "no encuentra la diferencia" con votar que no "a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas de rehabilitación confiando en deducciones fiscales".

"Como no entiendo que Junts quiera que personas que tienen dificultades en pagar la factura eléctrica estén pasando frío, sabiendo que hay dispuesto presupuesto del Estado para asumir esas ayudas", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno va a "pelear" para que el Congreso no tumbe de nuevo el decreto del escudo social, en el que se incluye la prórroga del bono social o la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026. "Creo que el Gobierno ha demostrado a lo largo de estos años de dificultad (...) ser capaz siempre de dar pasos para avanzar y, si hay una materia donde merecemos avanzar y merecemos dar esa respuesta que reclama la ciudadanía, es en la política de vivienda", ha subrayado.

Podemos exige al Gobierno que retire el decreto antidesahucios pactado con el PNV. El secretario de Organización, Pablo Fernández, asegura que "el decreto deja a gente en la calle" y cree que "un Gobierno de izquierdas" no puede dejar que gente vulnerable se quede sin vivienda. Acusa al Gobierno de hacer "políticas de derechas" en materia de vivienda y piden que "rectifique". Fernández también destaca que Junts per Catalunya vaya a votar que no, aunque en este caso lo vincula a "tacticismo político" y porque cree que Aliança Catalana le está comiendo terreno en Cataluña. Rechaza que compartan razones con Junts y apunta que la formación catalana está del lado de los rentistas.

Fernández propone que las administraciones se encarguen del pago del alquiler de las personas en situación de vulnerabilidad o incluso que el "Gobierno apruebe cada mes un decreto antidesahucios" para así evitar que tenga que pasar por el Congreso, pero confirma cuál será el voto de la formación. Aseguran que seguirán luchando "porque nadie se quede en la calle".

• En una comparecencia en el Congreso, Rodríguez avanza también una iniciativa para compra pública de vivienda
• Tras decaer la suspensión de los desahucios a vulnerables, pide a la oposición que no vierta "falacias" sobre la ocupación

La presidenta de 'Casa 47', Leire Iglesias, cree que la rebaja del IRPF que propone el Gobierno a los propietarios es una medida que busca darle más seguridad a los inquilinos: "Esto no es nuevo. Los verdaderos beneficiados son los inquilinos, que son los que ven como el precio no se dispara". Pese a esta medida, Iglesias apunta a que la solución también pasa por incrementar la oferta pública, que es lo que busca la empresa pública que preside.

Iglesias también pone el foco en que las Comunidades Autónomas deben aplicar la Ley de Vivienda, que asegura que "está funcionado" como en A Coruña, donde apunta que ya están bajando los precios.

La presidenta de 'Casa 47' rechaza la prórroga de los contratos de alquiler que piden las asociaciones de defensa del derecho a la vivienda: "Genera dudas jurídicas, se pueden ver perjudicados si se anula". También cree que esto es un "parche" y que hay que ir más allá de "medidas puntuales" y proteger no solo a los que ahora son inquilinos, sino también a los que buscan una nueva vivienda para alquilar.

• Sindicato de Inquilinas y patronal inmobiliaria dudan de que la bonificación del IRPF baje los precios
• La intención del Ejecutivo es aprobar el real decreto-ley en "las próximas semanas"

• Fuentes de Sumar destacan la desigualdad para cuestionar la bonificación a los propietarios que no suban el alquiler
• El estudio avisa que la diferencia se ampliará con la renovación de los contratos a precios de mercado en 2026 y 2027

• El presidente anuncia un real decreto con estas tres medidas que se aprobará en "las próximas semanas"
• Sumar considera que la norma "premia" a los propietarios y se opone a "regalar dinero público a rentistas"