El Gobierno negocia contrarreloj un decreto de vivienda que contente a todos: estas son sus claves
- Incluirá la prórroga de los contratos de alquiler, medidas antidesahucios y mayor control en pisos turísticos
- Última hora de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid contra los desahucios
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El estallido social tras el desahucio de Maricarmen ha impulsado la aprobación del nuevo decreto de vivienda que el Gobierno pretende llevar este martes, 29 de septiembre, a Consejo de Ministros. Lo hace tras meses de negociaciones, que se han acelerado en los últimos días. Ya se intentó aprobar en julio, pero la falta de consenso con el resto de fuerzas políticas llevó a retrasarlo hasta después del verano y el momento ha llegado.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció en una entrevista en TVE el jueves: "planteamos un cambio estructural". Explicó que el decreto- ley irá más allá de soluciones a los desahucios y puso de ejemplo el problema que la vivienda supone para las generaciones más jóvenes. Aunque no avanzó por dónde irían esos cambios, se espera que el grueso del decreto incluya una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler hasta 2028, medidas antidesahucios y un mayor control sobre los pisos turísticos.
La ministra tiene que contentar a grupos tan dispares como PNV, Junts, ERC, Bildu, Podemos y también ahora a sus socios de Gobierno, Sumar, confiando en que la urgencia social del problema facilite un acuerdo. Necesita garantizarse el apoyo de estos grupos parlamentarios porque el Congreso debe convalidar o anular la norma en un plazo máximo de 30 días una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros.
Principales puntos de fricción entre partidos
Las expropiaciones, que defienden los partidos más a la izquierda, las subidas de IVA que piden algunos o los beneficios fiscales para propietarios son los grandes puntos de fricción entre los diferentes formaciones políticas. Los límites a los fondos buitres o las condiciones para prorrogar los alquileres son también objeto de enfrentamientos. Analizamos la propuestas que han hecho públicas hasta el momento y que dificultan la negociación.
Medidas clave que ya contemplaba el borrador de decreto de julio
Las principales medidas previstas en el borrador que el Gobierno remitió en julio a los diferentes partidos y sobre las que se negocia en estos momentos son:
- Prórroga de alquileres: Extensión forzosa o automática de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que finalicen antes de mediados de 2028, manteniendo las mismas condiciones y la renta congelada para los inquilinos que lo soliciten. De ella podrían beneficiarse casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares. Las posibles bonificaciones en el IRPF para los caseros que congelen o bajen las rentas, una petición de Junts, era un escollo para Podemos.
- Regulación de alquileres temporales y por habitaciones: Control para evitar el uso fraudulento de estas modalidades como vía para esquivar los límites de precio en zonas tensionadas. Se incluía la propuesta del PNV de equiparar el alquiler de habitaciones con un arrendamiento de vivienda habitual, con una duración mínima de contrato de cinco años (siete años si el arrendador es una persona jurídica) y topes de precio en zonas tensionada.
- Pisos turísticos: Aumento de su tributación elevando el IVA al 21% y un endurecimiento del régimen de sanciones para su publicidad en plataformas digitales.
- Medidas antidesahucios: Refuerzo de la protección y moratorias para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Un asunto en el que cada formación ha puesto condiciones. También hay propuestas desde varios partidos dirigidos a proteger a los inquilinos de los fondos buitres.
- Incentivos fiscales: Negociación de bonificaciones dirigidas tanto a caseros como a inquilinos para favorecer la estabilidad del mercado
Sumar, el gran escollo desde dentro del Gobierno
Sumar, el socio minoritario de la coalición, insta al PSOE para que el Gobierno apruebe la expropiación de la vivienda donde residía Maricarmen. Algo que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya rechazó con el argumento de que este tipo de medidas "no llevan a ninguna parte y no tienen encaje claro en la Constitución".
La coalición también exige que incluya la congelación y prórroga de los alquileres; la regulación de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, las viviendas de temporada o las habitaciones; y la protección de las familias y los inquilinos frente a fondos buitre, a los que pide que se les prohíba comprar vivienda.
Junts y su defensa de incentivos fiscales para propietarios e inquilinos
Las líneas rojas para Junts hasta ahora tenían que ver con facilitar medidas e incentivos fiscales para favorecer que los propietarios saquen viviendas al mercado y también para los inquilinos. Ha propuesto la desgravación de alquileres e hipotecas, la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda, la suspensión de los desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre. También hay otras medidas como que las personas mayores de 65 años que viven en una residencia puedan vender su antigua vivienda habitual sin pagar IRPF por la ganancia obtenida o que una familia pueda cancelar la hipoteca de su vivienda si el banco la vende a otro banco por un importe inferior al que queda pendiente de liquidar. Se posiciona a favor de medidas contra la ocupación, pero que no supongan más costes para los dueños de los pisos y que no se mermen las competencias de la Generalitat de Cataluña. Advierte ,además, contra los decretos ómnibus en los que se mezclen temas como la vivienda o los desahucios con otras cuestiones, como ya ha pasado en otras ocasiones.
Podemos exige expropiaciones y bajar los precios por ley
Podemos ha hecho públicas sus condiciones este domingo: La expropiación de 650.000 viviendas en manos de fondos buitre para destinarlas a alquiler social y la bajada de los precios del arrendamiento por ley. Son dos medidas que van más allá de los que se negociaba hasta el momento.
La formación morada exigió en julio que el Gobierno eliminase del borrador los artículos que reforman la ley del suelo como condición para sentarse a negociar, lo que entra en conflicto con Junts y el PNV.
PNV defiende subir impuestos al alquiler turístico.
El PNV sí pide que se reforme la ley del suelo para facilitar la construcción de vivienda nueva, así como medidas para regular el alquiler de temporada, de forma que se pueda limitar el fraude respecto a este tipo de contratos.
Sus propuestas pasan por acotar la paralización de los desahucios y proteger al pequeño propietario. Quieren que se pongan límites temporales a los lanzamientos y que los inquilinos estén a corriente de pago en los últimos 12 meses. Además, defiende gravar el alquiler turístico con una subida del IVA del 10% al 21%
ERC pide límites a alquileres de temporada y a sociedades de inversión
ERC aboga porque el decreto debe contemplar un límite específico para el alquiler de temporada y de habitaciones, así como la paralización de los desahucios de personas vulnerables. Añade el reclamo de más margen de decisión para los ayuntamientos a la hora de incrementar el IBI a grandes tenedores y a viviendas de uso turístico, y la eliminación de los privilegios de las sociedades de inversión.
BILDU pide una protección permanente frente a los desahucios.
El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha urgido al Gobierno a través de redes sociales a que recoja "las medidas que los Sindicatos de Vivienda están proponiendo", entre las que se encuentran "la protección permanente frente a desahucios, la regulación del alquiler de temporada y la prórroga y estabilidad de los contratos".
El PP critica el decreto y considera que llega tarde
El PP a través de su vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha cargado contra el decreto que negocia el Gobierno y considera que llega tarde. Califica de "intervencionista" la política del Ejecutivo en Vivienda.
Ha recordado el compromiso de su partido de "promover la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura", agilizar los procedimientos y la disponibilidad de suelo y reducir impuestos para favorecer el acceso de los jóvenes.
