El Gobierno incluirá la prórroga de los alquileres en la regulación de los pisos de temporada y por habitaciones
- Así lo indican fuentes de Sumar tras acordar con la parte socialista un texto que eleva al 21% el IVA de los pisos turísticos
- El PNV pide una reforma de la ley de suelo, mientras Podemos rechaza frontalmente la propuesta del Ejecutivo
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El Gobierno incluirá una prórroga de hasta dos años de los alquileres en el real decreto para regular los arrendamientos de temporada y por habitaciones, según han informado este miércoles fuentes de Sumar a RTVE tras alcanzar un acuerdo con la parte socialista.
Dichas fuentes han indicado que será una "prórroga reforzada" para aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028, lo que calculan que podría beneficiar a casi cuatro millones de personas en un millón y medio de hogares.
Esto se incluirá en el real decreto que regulará el alquiler de temporada y por habitaciones para evitar el "uso fraudulento" de ese tipo de contratos, cuando se usan para evitar la aplicación de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), que ofrece mayores garantías a los inquilinos.
De acuerdo con fuentes de Podemos, el borrador que les ha remitido el Gobierno y que tiene previsto aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros incluye otras medidas en materia de vivienda como la reforma de la ley de suelo a la que se oponen frontalmente. El PNV, en cambio, la incluye entre sus exigencias.
Más impuestos a los usos turísticos
El texto planteará también un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA (ahora están exentos salvo si servicios de limpieza y demás como un hotel, que pagan el 10%) y un endurecimiento del régimen sancionador en lo relativo a su publicidad en plataformas, medidas ya avanzadas y que buscan desincentivar el alquiler turístico.
Las fuentes de Sumar se atribuyen también una propuesta de medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad para evitar los desahucios y la falta de alternativas.
El Ejecutivo ya avanzó a finales de junio que presentaría "importante paquete de medidas en materia de vivienda" y subrayó que estaría diseñado para que "pueda lograr un gran acuerdo en el Congreso". Eso implicaba incluir medidas, como las bonificaciones en el IRPF para los caseros que bajen las cuotas, por las que había abogado Junts.
El PNV pide un IVA del 10% alquiler turístico y modificar la ley de suelo
Esa voluntad de acuerdo y transversalidad del Ejecutivo se someterá a prueba en un futuro cercano en la cámara baja. De momento, uno de los socios de la legislatura, el PNV, ha adelantado este miércoles cuáles son los ejes de su propuesta de vivienda: modificar la ley de suelo para que responda a las necesidades de los ayuntamientos, regular el alquiler de termporada para "evitar el fraude" y delimitar las competencias autonómicas para evitar una "recentralización" de estas políticas.
En la cuestión tributaria se encuentra la principal discrepancia de la formación vasca con el Ejecutivo de coalición. El PNV apuesta por que el alquiler turístico se considere actividad económica y, por lo tanto, pide que se le aplique un IVA del 10%, como al resto del hospedaje, y no del 21% como indica la propuesta adelantada por Sumar. "Si es una actividad económica, debe tributar como una actividad económica. Ni más, ni menos", afirma la portavoz jeltzale, Maribel Vaquero.
Podemos rechaza la ley de suelo
Por su parte, fuentes de Podemos han exigido al Gobierno que elimine del texto la reforma de la ley del suelo, que aseguran que es "prácticamente igual" a la del PP y, por lo tanto, una "línea roja" para su formación y una "condición ineludible" para sentarse a negociar el resto del contenido.
Según la formación morada, el borrador que les han remitido modifica la ley de forma que se podrían legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, se reducirían los controles para proyectos futuros y se limitaría la capacidad de las organizaciones civiles para denunciar irregularidades urbanísticas, cuestiones a las que ya se han opuesto otros grupos como Sumar y ERC en el pasado.
"Eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin. Se trata de una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la Operación Chamartín", denuncian dichas fuentes de Podemos.
