Fernández Díaz pide su absolución en el caso Kitchen y acusa a su número dos de manipular pruebas
- Las defensas de los acusados por el caso Kitchen solicitan su absolución
- El fiscal consideró probada la existencia de un "operativo parapolicial criminal"
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
Con varios días de retraso sobre el calendario previsto inicialmente, llegan las últimas jornadas del juicio por el caso Kitchen, sobre el presunto operativo parapolicial montado en 2013 por el ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y robarle documentos comprometedores para el partido y sus integrantes. Es momento de que los abogados defensores expongan sus conclusiones finales.
El primero en hacerlo ha sido el letrado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que ha pedido su absolución y ha asegurado que a su cliente "nunca le interesaron los papeles" que pudiera atesorar el extesorero del PP Luis Bárcenas, y que "le daba exactamente igual" lo que pudiera guardar sobre dirigentes 'populares'. "No ha tenido nunca ningún interés, ni le ha preocupado cuál es la información que pudiera tener", ha remarcado el letrado, Jesús Mandri.
Ha pedido que su cliente no sea condenado ya que, en su opinión "no se ha acreditado la comisión" ni la presunta autoría "de ninguno de los delitos que se le atribuyen", esto es, encubrimiento, malversación y contra la intimidad, por los que la Fiscalía Anticorrupción pide al exministro 15 años de cárcel.
A su juicio, Kitchen fue "una operación de inteligencia, no una operación parapolicial, que estaba destinada a la obtención de información sobre el paradero del dinero que pudiera tener ocultado Bárcenas y también de posibles testaferros". "Ese era el objetivo", ha rematado.
Los mensajes de Francisco Martínez
El letrado ha dedicado buena parte de su intervención a desdeñar los argumentos de Anticorrupción y las acusaciones particulares y populares contra Fernández Díaz. "No hay ningún elemento incriminatorio más tras la prueba practicada", ha resumido, negando taxativamente que su cliente esté en la "cúspide" del presunto operativo parapolicial.
Se ha detenido, en concreto, en los mensajes que habría enviado Fernández Díaz a su ex 'número dos', Francisco Martínez, también acusado en el juicio, y que fueron protocolizados ante notario por parte del exsecretario de Estado de Seguridad. En ellos, el exministro se habría interesado por Sergio Ríos, el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, como también por el volcado de dispositivos de Bárcenas realizado en 2013 en una cafetería del centro de Madrid.
En ese sentido, Mandri ha señalado que los mensajes protocolizados "no estaban en el móvil" de Fernández Díaz, quien "accedió a la aportación de su terminal" de manera voluntaria.
"Ha aportado todas las fuentes de prueba para acreditar que no había recibido los mensajes de Martínez", ha incidido, mostrando sorpresa por que, aún así, estos mensajes fueran el sustento de la acusación contra su cliente, lo que supone "una clara inversión de la carga de la prueba".
La defensa de Martínez defiende la legalidad de la operación
Durante la sesión de este miércoles, también ha leído su informe final el abogado defensor del exsecretario de Seguridad de Estado Francisco Martínez. También este letrado ha pedido la absolución del ex número dos de Interior y ha aseverado que "no investigar" al extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno habría sido "verdaderamente el delito", al igual que lo habría sido si el ex 'número dos' de Interior "hubiera parado" la 'Operación Kitchen'.
Ha defendido que "existía una operación real policial, lícita y legal de inteligencia para buscar dinero, patrimonio, del señor Bárcenas y su familia". "Una operación de Estado", ha resumido.
Por otro lado, el abogado ha asegurado que "no hay una prueba de que desde la cúpula del Ministerio del Interior o desde el PP se ordenara" dicha operación, que surge, según ha dicho, en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional. Ha relatado que la presunta operación nace a partir de "la oportunidad de que el chófer de Bárcenas sea confidente" y ha remarcado que se trata de "una operación de inteligencia de todo menos clandestina", ha remarcado.
"Nos hemos tirado casi tres meses de juicio, han declarado aquí un montón de personas y ningún testigo, ningún perito ha venido aquí a contarnos que existe la 'Operación Kitchen' tal y como las han concebido las acusaciones. Ninguno", ha espetado.
Martínez reconoció que "estaba enterado de esta operación" y que "fue informado de ella", porque estaba "dentro de sus funciones ser informado y coordinar determinadas actuaciones policiales que pudieran tener interés para el Estado", ha justificado el letrado, cuyo defendido está acusado de los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad, por los que la Fiscalía le reclama 15 años de prisión.
Sin embargo, ha negado que el exsecretario de Estado de Seguridad hubiera dado "instrucciones" al comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en esta causa por haber presuntamente captado como confidente y coordinado al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, también acusado.
Al mismo tiempo, sobre los presuntos pagos con fondos reservados al exchófer de Bárcenas, ha defendido que "pagar a un confidente por una operación lícita es lícito".
Por otro lado, ha indicado Bárcenas "jamás tuvo una prueba y, por tanto, jamás le quitaron nada", y por tanto "el caso Kitchen se cae, desaparece". "El señor Bárcenas no tenía ni una sola prueba contra el Partido Popular", ha asegurado el letrado, y ha explicado que "si la hubiera tenido, ha tenido oportunidades de sobra para aportarlas, incluso antes de que ingresara en prisión preventiva".
Las agendas y grabaciones de Villarejo
Tanto el abogado defensor de Jorge Fernández Díaz como el de Francisco Martínez han cargado contra las agendas del excomisario jubilado José Manuel Villarejo, también acusado en este caso, sobre las que se ha construido parte de la prueba.
Según el letrado de Fernández Díaz esos cuadernos no tienen "valor incriminatorio suficiente" ni son "elemento corroborador de absolutamente nada". Y ha llamado la atención sobre el hecho de que el juez instructor del caso, el magistrado jubilado Manuel García Castellón, considerara que las anotaciones en las agendas de Villarejo "no fueron elementos suficientes para mantener la imputación" de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro.
De esta forma, ha lanzado: "¿En qué quedamos con lo que escribía en sus agendas Villarejo se engañaba a sí mismo o no se engañaba a sí mismo? ¿O es que resulta que no se engañaba a sí mismo con algunas cosas y con otras cosas sí?", ha dicho en alusión a las afirmaciones del fiscal.
"No podemos fiarnos de su contenido", ha discrepado también el letrado de Martínez: "Cuando uno está mintiendo constantemente o está creando fábulas o está en conversaciones contando historias que no son ciertas para obtener otro tipo de información, pues entiendo que igual anoten sus agendas para no olvidarla y para recordar".
Ha asegurado, además, que los cuadernos "no pueden ser un dato objetivo externo que corrobore las grabaciones" y "sobre todo no es algo que en sí mismo tenga un contenido incriminatorio". Además, ha tachado esas grabaciones de Villarejo de "no naturales ni espontáneas", sino "dirigidas", argumentando que no pueden admitirse como prueba porque "vulneran los derechos fundamentales" del ex 'número dos' de Interior.
Contra la testifical y los audios de Pérez Dolset
Asimismo, el abogado de Fernández Díaz ha cargado contra la testifical en el juicio del empresario Javier Pérez Dolset, imputado en el 'caso Leire Díez', "que vino para decir que mantuvo reuniones en 2015 con Francisco Martínez y que en ellas habló de Fernández Díaz".
"Mientras se estaba celebrando este juicio, en los medios de comunicación se estaban publicando reuniones que Francisco Martínez mantenía con (la exmilitante socialista) Leire Díez", imputada también en el caso que lleva su nombre, y con Javier Pérez Dolset, "en la que estos le solicitaban información a cambio de un pacto con la Fiscalía que le exonerara de cualquier responsabilidad", ha subrayado.
En este contexto, "huelga cualquier comentario más sobre el valor probatorio de la testifical de una persona como Javier Pérez Dolset", ha remachado.
Cuando finalicen los informes de los abogados defensores, los acusados podrían ejercer su derecho a la última palabra, y entonces el juicio quedará visto para sentencia.
Por su parte el abogado defensor de Martínez ha sugerido que los audios aportados por el empresario Javier Pérez Dolset habrían podido ser manipulados por él mismo.
El fiscal habló de "un operativo parapolicial criminal"
Durante su informe final, la Fiscalía Anticorrupción consideró probado que la 'Operación Kitchen' fue "un operativo parapolicial criminal" para "recabar" información "comprometedora" y "grabaciones" sobre dirigentes del PP que pudiera atesorar el extesorero del PP, todo ello con el objetivo de "boicotear" la investigación policial y judicial sobre el 'caso Gürtel'.
Así lo expuso el fiscal César de Rivas, que mantuvo su petición de 15 años de prisión para Fernández Díez y Martínez, a quienes acusó de tener pleno conocimiento del presunto espionaje al extesorero, que habría tenido lugar en 2013, durante el Gobierno de Rajoy.
"Desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del 'caso Gürtel', sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y para sus máximos dirigentes y dirigida, precisamente, a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del 'caso Gürtel'", resumió el fiscal.
Para el excomisario Villarejo el Ministerio Fiscal pide la pena más alta, 19 años de cárcel, por presuntamente captar al que fue chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente para localizar "información y documentación del 'caso Gürtel' que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, para sustraerla del procedimiento y para permitir que los eventuales responsables pudieran esquivar su responsabilidad".
La familia Bárcenas pide penas de 17 años y medio
Para el exchófer de Bárcenas, también acusado en esta causa, Anticorrupción reclama 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.
Asimismo, el Ministerio Público mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, así como dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.
Por su parte, la abogada de la familia Bárcenas rebajó sustancialmente las penas que había reclamado para todos los acusados al inicio del juicio.
En concreto, la letrada ha pasado de pedir 41 años de cárcel para todos los acusados y 33 años para el chofer, a 17 años y medios para todos y 11 y medio para Sergio Ríos.
También redujeron las peticiones de penas las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y Podemos, que inicialmente solicitaban para los acusados condenas de entre 32 y 47 años de cárcel.
