En directo: Las defensas presentan sus informes finales en el juicio del caso Kitchen
- Las defensas de los acusados por el caso Kitchen solicitan su absolución
- El fiscal consideró probada la existencia de un "operativo parapolicial criminal"
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Con varios días de retraso sobre el calendario previsto inicialmente, llegan las últimas jornadas del juicio por el caso Kitchen, sobre el presunto operativo parapolicial montado en 2013 por el ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y robarle documentos comprometedores para el partido y sus integrantes. Según el fiscal César de Rivas también para obstaculizar, presuntamente, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el PP.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez o el excomisario José Manuel Villarejo están entre los acusados que a partir de este miércoles expondrán sus últimas alegaciones. Ya lo hicieron la fiscalía y las acusaciones de la familia Bárcenas (acusación particular) y PSOE y Podemos (acusaciones populares).
Escucharemos las intervenciones de los letrados defensores, previsiblemente, durante las jornadas de este miércoles y el jueves, después de que elevasen a definitivas sus conclusiones, en las que solicitan la absolución de sus clientes.
A lo largo del juicio los mandos policiales acusados han defendido que lo que hubo fue un operativo de inteligencia legal que tenía como objetivo encontrar si Bárcenas habría escondido dinero en el extranjero.
Cuando finalicen los informes de los abogados defensores, los acusados podrían ejercer su derecho a la última palabra, y entonces el juicio quedará visto para sentencia.
"Un operativo parapolicial criminal"
Sin embargo la Fiscalía Anticorrupción consideró probado en su informe final que la 'Operación Kitchen' fue "un operativo parapolicial criminal" para "recabar" información "comprometedora" y "grabaciones" sobre dirigentes del PP que pudiera atesorar el extesorero del PP, todo ello con el objetivo de "boicotear" la investigación policial y judicial sobre el 'caso Gürtel'.
Así lo expuso el fiscal César de Rivas, que mantuvo su petición de 15 años de prisión para Fernández Díez y Martínez, a quienes acusó de tener pleno conocimiento del presunto espionaje al extesorero, que habría tenido lugar en 2013, durante el Gobierno de Rajoy.
"Desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del 'caso Gürtel', sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y para sus máximos dirigentes y dirigida, precisamente, a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del 'caso Gürtel'", resumió el fiscal.
Para el excomisario Villarejo el Ministerio Fiscal pide la pena más alta, 19 años de cárcel, por presuntamente captar al que fue chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente para localizar "información y documentación del 'caso Gürtel' que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, para sustraerla del procedimiento y para permitir que los eventuales responsables pudieran esquivar su responsabilidad", según el fiscal.
La familia Bárcenas pide penas de 17 años y medio
Para el exchófer de Bárcenas, también acusado en esta causa, Anticorrupción reclama 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.
Asimismo, el Ministerio Público mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, así como dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.
Por su parte, la abogada de la familia Bárcenas rebajó sustancialmente las penas que había reclamado para todos los acusados al inicio del juicio.
En concreto, la letrada ha pasado de pedir 41 años de cárcel para todos los acusados y 33 años para el chofer, a 17 años y medios para todos y 11 y medio para Sergio Ríos.
También redujeron las peticiones de penas las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y Podemos, que inicialmente solicitaban para los acusados condenas de entre 32 y 47 años de cárcel.
