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En Las mañanas de RNE nos acompaña Ana Pastorvicepresidenta segunda del Congreso y vicesecretaria de Política Social del PP. En España seguimos en pandemia, aunque se nos dijese que habíamos derrotado al virus, ha dicho la popular. "La responsabilidad de la pandemia le corresponde al Gobierno. No puede ser que en cada sitio haya un protocolo distinto" ha defendido Pastor, poniendo como ejemplo de política común la gestión de la pandemia en los diferentes lander de Alemania. "El Gobierno no es narrador, esa no es la función. Lo dice la ley de Salud Pública", ha insistido. "Independientemente de que las autonomías tengan las competencias sanitarias, la gestión de la pandemia le corresponde al Gobierno y es quien tiene que estar al frente".

Ana Pastor ha asegurado que "en la Comisión de Reconstrucción se acordaron muchas cosas para mejorar el sistema sanitario. El PP presentó el Plan Ramón y Cajal. Siempre ha sido propositivo" y ha propuesto la creación de un sistema integral epidemiológico, poner el foco en la reserva estratégica o en un plan de recursos humanos. "Necesitamos un protocolo único, compartido, acordado con todos. Para que todos sepamos a qué atenernos". Además, defiende que el protocolo de actuación debería ser común para "toda Europa". ¿Habría que recuperar el mando único? "No hay que recuperar nada. La gestión de la pandemia, de todas las alertas epidemiológicas, le corresponde al Gobierno, según la ley" ha insistido la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular. Sobre la gestión de la pandemia en la Comuniad de Madrid, Ana Pastor ha defendido a Isabel Díaz Ayuso: "La presidenta de la Comunidad de Madrid está haciendo todo lo posible para frenar los efectos del virus" y ha criticado que otros presidentes estigmaticen a la Comunidad y alienten a asistir a manifestaciones. Pastor ha defendido un refuerzo de la atención primaria y ha dicho que en nuestro país existe un "problema de recursos humanos" en lo que a contratación de personal sanitario se refiere. "Tendremos que hacer un examen de conciencia y ver por qué tenemos dificultades para contratar profesionales sanitarios" ha dicho. "En estos momentos tenemos que aprovechar al máximo las potencialidades que tenemos".

Sobre la tramitación de los indultos del procés, Pastor cree que "el Gobierno está vendiendo nuestro modelo democrático a cambio de apoyos para los Presupuestos Generales". Preguntada por la imputación de Jorge Fernández Díaz, la popular ha defendido la presunción de inocencia "para todos". "Si hay personas que no actúan de manera honorable, tendrán que explicarlo". 

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar como imputado el próximo 30 de octubre al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a quien sitúa como el "centro nuclear" en la trama del caso Kitchen. El magistrado explica que, en línea con lo solicitado por el fiscal, su presencia resulta "necesaria, útil y pertinente", toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el "centro nuclear de la operación" en el ministro del Interior, “desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la causa del caso Kitchen, ha citado a declarar como imputado el próximo 30 de octubre al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, uno de los ministros más cercanos a Mariano Rajoy. El magistrado ha citado, además, al ex secretario de Seguridad Francisco Martínez para el 29 de octubre. De momento el juez decarta la imputación de la exministra de Defensa y ex número dos del PP María Dolores de Cospedal.

Informa Teresa Coto

El ex Secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, asegura en una entrevista al diario El País que fue el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz el que le habló por primera vez a través de una llamada telefónica de la Operación Kitchen, en la que presuntamente se organizó el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. El Partido Popular responde que hay que respetar la presunción de inocencia.

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha defendido que la formación "preserva la presunción de inocencia" y que el líder del partido, Pablo Casado "ya ha dicho todo lo que podía decir" sobre las presuntas presiones del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz para obtener documentación sensible para el PP del extesorero Luis Bárcenas. Preguntado por la petición del PSOE y Unidas Podemos de una comisión en el Congreso que investigue el caso, Montesinos ha asegurado que le parece "sorprendente" que lo hagan tras rechazar una comisión sobre el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

El juez debe decidir si, como pide la Fiscalía, imputa o no al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a otra exministra, a María Dolores de Cospedal por su posible implicación en la Operación Kitchen. En 2013 estalla el caso Bárcenas. El extesorero del PP tiene documentos que supuestamente comprometen al Partido Popular. Y la Fiscalía considera que altos cargos del Estado iniciaron un operativo parapolicial para robar esos documentos a Bárcenas.

Y señala a Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior, el único político imputado. También está imputada la cúpula de la Policía en aquellos años, y una figura clave, el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, el hombre que debía obtener la información.

La Fiscalía también quiere imputar a Jorge Fernández Díaz, el superior de Martínez, ya que cree que hay muchos indicios de su implicación. Y también a la entonces secretaria general del PP, a María Dolores de Cospedal, quien, según la Fiscalía, tenía un "interés personal" en la operación.

En esos textos se evidencia el conocimiento, al detalle, que el entonces ministro del Interior tenía sobre la operación parapolicial Kitchen para sustraer documentación al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, a través de su chofer.

El juez tendrá que decidir en los próximos días si imputa o no a Jorge Fernández Díaz y a María Dolores de Cospedal, como pide la Fiscalía porque entiende que ambos estaban al corriente y que fueron piezas clave en el espionaje a Bárcenas.

En espera de esos siguientes pasos judiciales o posibles imputaciones, ahora se analizan con lupa los mensajes entre Francisco Martínez, exnúmero dos de Interior, y su jefe Jorge Fernández Díaz. Mensajes que le impican, y que el propio exsecretario de estado de seguridad registró ante notario.

Informa Teresa Coto. 

El presidente del PP, Pablo Casado, ha desvinculado este martes a la actual dirección de su partido del 'caso Kitchen', en el que se investiga el espionaje al extesorero de esta formación Luis Bárcenas, y ha apelado a la presunción de inocencia de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado su imputación. PSOE, Podemos, Ciudadanos y otros partidos minoritarios están estudiando si apoyan la propuesta de ERC de crear una comisión de investigación en el Congreso al PP.

La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de los exministros durante la época del Gobierno de Mariano Rajoy María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz en la causa Kitchen, en la que la Audiencia Nacional investiga si existió un operativo parapolicial financiado por el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para obtener, a través del chófer de Luis Bárcenas, documentos y audios del extesorero del PP que pudieran comprometer al Partido Popular. 

La operación Kitchen resuena en medios políticos y judiciales. Esa supuesta trama de espionaje a Bárcenas, el extesorero del PP por la excúpula de Interior en la época Rajoy para impedir que revelara información comprometida del partido. Desde esta formación se pide respeto a la presunción de inocencia para Jorge Fernández Díaz y Dolores de Cospedal asi como dejar actuar a la Justicia.

La fiscalía cree que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal tenía un interés personal en el presunto espionaje a Luis Bárcenas. Así lo dice en un escrito al que ha tenido acceso TVE. El juez ha levantado hoy el secreto del sumario del caso Kitchen, que investiga ese presunto espionaje por parte de Interior. Y apunta a órganos superiores del Estado.

El juez de la Operación Kitchen ha levantado el secreto de sumario de la investigación sobre el supuesto espionaje a Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, con dinero público. Según ha confirmado TVE, el antiguo secretario de Estado de Seguridad depositó ante notario mensajes que implicarían al exministro del Interior Fernández Díaz en el caso.

El juez Manuel García Castellón considera que "órganos superiores de la Administración General del Estado" organizaron el espionaje a Luis Bárcenas, dentro de una operación parapolicial entre 2013 y 2015 para sustraer información al extesorero del PP a través de su chofer, que habría recibido fondos reservados. Ahora, el magistrado tiene que decidir si incluye como investigados en la causa al ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.

Entienden que el exministro del Interior y la exsecretaria general del Partido Popular también intervinieron en la llamada operación Kitchen para sustraer pruebas al extesorero del partido Luis Bárcenas. Según confirman fuentes jurídicas a RNE, piden que sean citados en calidad de investigados por delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos. Informa Teresa Coto.

Unas grabaciones que publican este miércoles dos digitales relacionan a Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz con el espionaje a Podemos. Un comisario de policía que dice actuar en nombre del Gobierno de España ofrece a un exministro venezolano una nueva identidad a cambio de hacer públicos pagos del chavismo a Podemos. La reunión habría tenido lugar en el consulado español de Nueva York en 2016. Los agentes, supuestamente, pidieron al exministro disidente que declarara un pago a Podemos de 7 millones de euros.