La Audiencia Nacional rechaza suspender el juicio de Kitchen e imputar al PP y a Cospedal como pedía el PSOE

• El fiscal defiende que el tiempo de secreto de sumario fue "moderado y proporcionado"
• PSOE y Podemos ejercen las acusaciones populares y la familia Bárcenas, la particular

La Audiencia Nacional rechaza suspender el juicio de Kitchen e imputar al PP y a de Cospedal como pedía el PSOE

El juicio del caso Kitchen, sobre el presunto operativo parapolicial montado por la cúpula del ministerio del Interior en 2013, para espiar al extesorero del PP y hacerse con documentación que podría ser comprometedora para el partido, seguirá adelante tras reafirmar el tribunal su competencia al respecto.

La Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión del juicio oral que habían solicitado las defensas por supuestos defectos en el proceso de instrucción de la causa, así como la imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, como había pedido la acusación popular PSOE, que ejerce la acusación popular. También ha quedado rechazado el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo, demandado también por la acusación socialista.

Por otra parte durante la segunda sesión del juicio, de nuevo dedicada al trámite de las cuestiones previas, el tribunal presidido por la jueza Teresa Palacios, ha rechazado los audios de Villarejo y Cospedal, aunque escuchará como testigo al empresario Javier Pérez Dolset, que entregó a la Justicia tres grabaciones de conversaciones entre el policía y Francisco Martínez.

La Audiencia Nacional defiende su competencia

En línea con el criterio de la Fiscalía, la sala de la Audiencia Nacional ha defendido su competencia para dilucidar el caso. Responden así a las peticiones lanzadas el lunes por las defensas, rechazando la competencia del tribunal. Según el fiscal César de Rivas, esta sala sí "es la competente, porque sí existe conexión con las demás piezas que fueron incoadas".

La magistrada presidenta del tribunal ha negado la "vulneración de derechos fundamentales" que adujeron los acusados a causa de la duración del secreto de sumario. Según el fiscal, este tiempo de sumario fue "moderado y proporcionado". La jueza ha recordado que los hechos juzgados en Kitchen se remontan a 2013 y la investigación comenzó en 2018, asegurando que "a los primeros" a los que les "duele" el "aquilatamiento temporal" de la justicia es "a los propios tribunales". "No queremos contribuir a que esto se alargue más. Creo que ya tocaba poder celebrar este juicio, que si no se ha hecho antes ha sido porque el calendario de la propia sesión lo ha impedido", ha dicho.

Aunque según el fiscal, los acusados debieron "hacer valer esas nulidades y esas indefensiones con el auto que acordaba la declaración de secreto y las sucesivas prórrogas" y no lo hicieron, en su opinión el secreto permitió reunir pruebas, como la identificación de "las personas que intervenían en el manejo del encausado Sergio Ríos" o "la localización del estudio de pintura de Rosalía Iglesias" en el que se suponía que podía haber documentos. La protección otorgada por el secreto de sumario, permitió también, ha dicho "que se desclasificara documentación de la operación Kitchen" entre la que se encuentran "los justificantes de pago a Sergio Ríos a cuenta de fondos reservados" y que "se pudieran incorporar a la causa las actas de las vigilancias a Rosalía Iglesias y su entorno".

En relación a la incorporación del PP como partícipe a título lucrativo y responsable civil subsidiario en la causa, la magistrada ha señalado que los acusados "vienen de la cúpula del Ministerio del Interior" y no del partido, por lo que la responsabilidad se le debe atribuir al Estado.

El tribunal rechaza imputar a Cospedal

Según la jueza ponente, Teresa Palacios, no cabe la retroacción de la causa: "Si se ha sobreseído para cualquier persona un procedimiento cualquier reapertura se insta no sobre el tribunal enjuiciador sino ante el tribunal instructor", ha dicho. Lo contrario sería "bordear la decisión del magistrado instructor". El tribunal se alinea así con la petición del fiscal César de Rivas, que consideró que no puede retrotraerse la causa para investigar a Dolores de Cospedal y la llamada rama política, ya que esta sala de la Audiencia Nacional no es competente para ello. Lo mismo sucede con la petición de los socialistas de incorporar al Partido Popular a la causa como partícipe a título lucrativo.

En ambos casos, el fiscal ha insistido en que la sala "tiene que juzgar los hechos que se someten a ella" y que fueron concretados "por la instrucción".

Respecto María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro, el fiscal De Rivas recuerda que "fueron investigados, pero no fueron acusados ni se acordó apertura de juicio oral" contra ellos. Si las acusaciones quieren revocar su situación procesal para que se les investigue deben "solicitar la reapertura de la causa en el órgano de instrucción", ya que "el órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad" para ello.

Javier Pérez Dolset, investigado en el caso Leire, declarará como testigo

El tribunal del caso Kitchen ha rechazado incorporar como prueba en el juicio unos audios que registran conversaciones de 2013 entre la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo, una de ellas hablando de "lo de la libretita (de Bárcenas) mejor sería poderlo parar". Por contra, ha admitido la petición de la defensa de Villarejo para que declare como testigo el empresario Javier Pérez Dolset, que es la persona que entregó a la Justicia tres grabaciones de conversaciones entre el policía y Francisco Martínez, que habría obtenido en el canal de Telegram del eurodiputado Luis Pérez 'Alvise'. Pérez Dolset está siendo investigado en el 'caso Leire Díez'.

Lo solicitado la defensa de Villarejo, que también había pedido que acudiesen como testigos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles y la exministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Estas últimas testificales han sido rechazadas por el tribunal: "Lo que se diga públicamente por personas ajenas a este procedimiento es ajeno a este tribunal", ha dicho la magistrada Palacios. Finalmente, tampoco declarará el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al renunciar a su testifical la defensa del exchófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos.

La sala de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de algunas defensas de que se incorporara lo que declaró García Castaño en la comisión de investigación del caso Koldo en el Congreso. El que fuera comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) sufrió un ictus en mayo de 2022, y como consecuencia de las secuelas del mismo la causa contra él quedó archivada.

Sí se ha admitido como prueba documental un oficio policial sobre correos intercambiados entre Villarejo y Francisco Martínez, como pidió la Fiscalía.

Tras pronunciarse sobre las pruebas propuestas por las partes antes de comenzar con el juicio, el tribunal ha excusado a la mayor parte de los diez acusados para que puedan faltar a algunas sesiones del juicio por razones laborales o por vivir fuera de Madrid, como es el caso del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que vive en Barcelona, o de su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que ha apelado a su trabajo. No obstante, la magistrada Teresa Palacios, ha pedido que solo se ausenten en alguna sesión porque "no es serio" que estén dos meses de juicio sin que aparezca ningún acusado.

Los Bárcenas retiran de la acusación el asalto a su casa

Por su parte, la acusación particular que ejerce la familia Bárcenas ha anunciado que retira de su escrito de acusación el asalto a la casa del extesorero del PP en octubre de 2013, cuando Luis Bárcenas estaba en prisión preventiva, a manos de Enrique Olivares, haciéndose pasar por sacerdote. Olivares fue condenado un año después a 22 años de cárcel como autor de un delito de allanamiento de morada, tres de secuestro, tres de amenazas, uno de tenencia ilícita de armas y tres faltas de lesiones. La letrada Marta Giménez-Cassina, que representa esta acusación particular, consideraba a los acusados cooperadores necesarios en los delitos por los que fue condenado Enrique Olivares, que falleció en enero de 2022 a los 72 años. Pero finalmente ha decidido que ese suceso no conste en su escrito de acusación.

Si bien mantiene su acusación por otros episodios como el del compañero de celda de Bárcenas que habría obtenido las claves informáticas para acceder a sus archivos, hechos de los que el acusado Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero, presuntamente informó a la trama. También mantiene, como delito de coacciones, el "injustificado acoso" que Bárcenas sufrió en prisión entre 2013 y 2014, años en que se desplegó supuestamente la operación Kitchen y en los que recibió dos visitas de "abogados relacionados" con el PP, uno de los cuales "le ofreció la posibilidad" de anular el caso Gürtel a cambio de 12 millones de euros.