Audiencia Nacional

• El alto tribunal acuerda que debe ser el juez Moreno el competente para investigar los hechos
• La Fiscalía no asume la causa pero puede seguir indagando si el caso afecta a los intereses económicos europeos

• La sentencia contempla diez años de prisión por delito de terrorismo y ocho años por fabricación y empleo de explosivos
• El auto judicial concluye que perseguía presionar al Gobierno con el fin de que dejase de prestar apoyo a Ucrania

• Otros cuatro agentes también serán indemnizados por daños morales, según sentencia de la Audiencia Nacional
• El fallo considera que las autoridades ignoraron las quejas de seguridad de los GEO y que el edificio no era adecuado

Joan Queralt, senador de ERC y catedrático de Derecho Penal, ha estado en el 24 horas de RNE con Josep Cuní para analizar el archivo del caso 'Tsunami Democràtic' en la Audiencia Nacional tras un error procesal. Ha calificado este error en los plazos procesales por parte del juez como una "indefensión notoria": "Esos plazos son sagrados, improrrogables e imprescriptibles, y hay que cumplirlos religiosamente".

También se ha conocido que la magistrada Susana Polo ha archivado esta causa en el Supremo, donde estaban siendo investigados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, si bien aún quedan tres procedimientos abiertos. El catedrático ha explicado que los tres "tienen un elemento genético en común", que es la acusación popular. "Hemos visto que la acusación particular es o Vox o asociaciones, digamos, absolutas y radicalmente contrarias al 'procés'. Ya sabemos lo que van a decir antes de que hablen", apunta.

Queralt ha insistido en que no hubo terrorismo en la causa: "Si vamos a la definición de terrorismo dice 'graves destrozos en instalaciones, grave caos en instalaciones [...] No hace falta haber vivido en Cataluña para saber que de eso nada pasó, y todos los informes que recabó el juez García Castellón respecto al 'Tsunami' dijeron que no había habido ninguna anormalidad", añade.

En cuanto a que el juez Aguirre quiere rechazar la aplicación de la amnistía pidiendo que el Supremo impute a Puigdemont por el caso de la supuesta injerencia rusa, Joan Queralt lo ve como "una interpretación sumamente propia de la ciencia ficción": "La Audiencia hace un mes le dijo al juez Aguirre que no podía hacer una diligencia más que archivar o abrir a juicio oral, y no ha hecho ni lo uno ni lo otro", sentencia Queralt.

Marina Roig, abogada de Marta Molina en el caso 'Tsunami Democràtic', ha estado en el 24 horas de RNE con Josep Cuní tras conocerse que la Audiencia Nacional ha invalidado lo investigado después de julio de 2021 ya que la prórroga de la instrucción se firmó fuera de plazo, y el juez García Castellón haya archivado el caso. Roig ha explicado que la Audiencia Nacional no dice que las pruebas sean nulas, sino que "no son válidas para adoptar la decisión que debía adoptar el magistrado", es decir, si se archiva la causa o si continúa, así como si quiere enviar a juicio a otra persona.

La abogada añade que, en el caso de las causas que están en el Supremo por las dos personas aforadas que fueron imputadas, como por ejemplo Puigdemont, dice que al haber sido imputados después del 29 de julio de 2021 es la magistrada del Supremo quien tiene que plantear la situación: "Entiendo que la resolución tiene que ser la misma que la de García Castellón. Por otros argumentos, probablemente, pero exactamente la misma [...] Tiene que ser así sí o sí porque la causa del Supremo no es una causa nueva", aclara. Roig destaca asimismo que no es la primera vez que la Sala de lo Penal corrige actuaciones a un instructor.

En cuanto al error procesal por el cual se ha acabado archivando el caso, explica que ocurrió cuando las actuaciones estaban bajo secreto de sumario: "Ninguna defensa tiene acceso a las actuaciones". Y se dan cuenta del error en enero de este año: "Comprobamos que hay una anterior prórroga que es irregular, y por tanto es cuando las defensas lo planteamos. No sé si el juez se lo había planteado antes o si no había sido consciente de este fallo procesal", expresa.

• La defensa denuncia que la instrucción "indaga" por si hubiera "algún hecho delictivo, lo cual está prohibido" en España

• Tendrá que equiparar los sueldos de los más nuevos con los más antiguos que realizan las mismas labores
• Los sindicatos estiman que millar y medio de empleados se beneficiarán de la subida

• El Ministerio Público no aprecia violación de derechos humanos, ni los acusados provocaron daños, lesiones, ni muertes
• Por ello, apoya la petición de las defensas y pide que se declare extinguida la responsabilidad penal

• Considera que los delitos investigados no perjudican los intereses financieros de la UE
• Recuerda que la Audiencia Nacional lleva décadas causas transnacionales por actos cometidos por organizaciones delictivas

• El juez de la Audiencia Nacional cree que "se cumplen los presupuestos" para que el banco sea sometido a juicio oral
• García Castellón propone juzgar al BBVA y a Francisco González por cohecho y revelación de secretos

• La Benemérita ha actuado contra actividades de propaganda de ideas radicales
• Se investiga si las personas arrestadas compartían contenido del Dáesh en internet

• Imanol reconoce varios delitos contra Hacienda, acepta una condena de menos de dos años de cárcel y pagará una multa
• Este martes ha comenzado la vista oral del juicio, que puede alargarse hasta el mes de septiembre

• Al comprobar que uno de los contratos investigados se financió con fondos europeos, han acordado asumir toda la causa 

Laia Tejada, abogada penalista en el despacho Molins & Parés, ha estado en el 24 horas con Josep Cuní para analizar y tratar de explicar que la Audiencia de Madrid avala la apertura de la causa contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias. La abogada ha explicado que antes se utilizaba el término 'imputado', pero desde 2015 se ha cambiado a 'investigado' dada la connotación social negativa que tenía el primero.

Tejada aclara: "La condición de investigado es aquella que tiene una persona respecto a la cual se dirige un procedimiento penal por la presunta comisión de un hecho delictivo". Añade que la condición de investigado "no se adquiere cuando es llamado a declarar en calidad de investigado, sino se adquiere desde el mismo momento en que se inicia ese procedimiento penal con respecto a la persona".

La abogada del despacho Molins & Parés expresa que desde que se adquiere la condición de investigado se adquiere una serie de derechos. "En el supuesto de que se practiquen diligencias de investigación podrá estar presente el abogado de la señora Begoña Gómez, por esto es muy importante", argumenta.

Tejada considera que el procedimiento del juez que ha abierto diligencias a Gómez se ajusta al procedimiento regular: "Ha hecho una cosa que es acotar lo que sería el objeto del procedimiento porque parece ser que en esa denuncia de Manos Limpias se pone de manifiesto toda una serie de hechos [...] Es el juicio que ha realizado con mayor concreción la Audiencia Provincial", sentencia.

• Karim Bouyakhrichan está en paradero desconocido sin que se haya ejecutado la entrega a Países Bajos
• Descarta la descoordinación entre el Juzgado de Instrucción, la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Málaga

• "Hubo una única versión y una de las partes la cambió a los pocos días", ha dicho a los periodistas
• El expresidente de la RFEF ha acudido a la Audiencia Nacional, donde se le ha notificado la apertura de juicio

• La intervención será por videoconferencia desde Barcelona
• El juez ordena la práctica de una serie de diligencias por las actuaciones desarrolladas el 9 de noviembre de 2019

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó en el verano de 2022 a Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr, seis de las constructoras más importantes del país, con una multa de 203,6 millones de euros por vulnerar la normativa de la competencia.

En este episodio de ‘Esto merece una explicación’ intentamos desgranar la resolución de la CNMC con los testimonios de Marisa Tierno, directora de Competencia de la CNMC, Julián Núñez, presidente de la patronal de la construcción Seopan, Mercedes Pedraz, magistrada de la Audiencia Nacional y Natalia Sobrino, profesora de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, analizamos las implicaciones sociales, políticas y económicas que tiene la falta de competencia en nuestro día a día con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager. 'Deconstrucción de la competencia', con guión de Juanjo Cubero.

• Sostienen que la presunta investigación se llevó a cabo con fines partidistas, a raíz de unos audios publicados en prensa
• El escrito señala posibles delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación

• Recalca que las investigaciones realizadas no revelan que haya tenido conocimiento o intervención en la trama
• Sigue en directo la última hora sobre la decisión de Pedro Sánchez

• "Los hechos encajan en un delito de integración/colaboración con organización terrorista", según el auto
• El investigado es de nacionalidad paquistaní y tras el suceso ingresó en prisión provisional

• Los alumnos han logrado que la Audiencia Nacional ordene que se le entregue un salvoconducto para pedir asilo
• Huyó de Afganistán tras la llegada de los talibanes al poder en verano de 2021

• Son Jesús Rodríguez y Josep Campmajó, que se unen así a otros investigados en la causa que también se han ido a Suiza
• El martes el juez Manuel García-Castellón solicitó a las defensas que faciliten las direcciones en las que recibirán la citación

• La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha registrado cuatro viviendas en Madrid
• El lunes serán puestos a disposición judicial por presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y asociación ilícita

• Considera que existe un delito continuado de humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo entre 2016 y 2020
• El juez de la Audiencia Nacional pone fin así a la instrucción de una causa que comenzó en 2018

• También contra el exgerente del Partido Popular en Madrid Beltrán Gutiérrez
• Rechaza la solicitud de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a sus 72 diputados autonómicos

• El 27 de marzo un hombre rompió los cristales de un McDonalds del centro comercial Màgic y no hubo heridos
• El juzgado de instrucción ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza

• También solicita inhabilitación especial en el ámbito deportivo y una indemnización de 50.000 euros
• Le acusa de los delitos de agresión sexual y coacciones a la jugadora de fútbol

El experto en ciberseguridad de Perception Point, Rafa López, ha advertido que la suspensión de Telegram podría causar que los usuarios se encontrasen en una situación vulnerable. Esto se debería a que para poder usar la aplicación lo harían mediante los servicios de vpn y prozis, por lo que se podrían exponer a cibercrímenes. También ha expuesto que se debería de tomar otras medidas legales más concretas, en vez de suspender el uso de la aplicación.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado suspender la aplicación de forma cautelar. Ha sido a raíz de una denuncia por vulnerar los derechos de propiedad intelectual. El juez ha dado un plazo de tres horas a las operadoras de telecomunicaciones, desde que reciban la notificación, para bloquear el acceso a Telegram.

Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

• Facua advierte de los "enormes" perjuicios que causará la decisión judicial para los millones de usuarios de Telegram
• En España, un 18,7% de los internautas usa esta aplicación de mensajería instantánea, según la CNMC

La Audiencia Nacional ha negado el derecho al olvido en internet al asesino de Nagore Laffage, Diego Yllanes, ya que la Audiencia cree que no cumple con varios requisitos que fija la Justicia Europea para el borrado en internet. Entre ellos, el tribunal considera que su condena tuvo repercusión, que tiene conexión con la actualidad y que prevalece el derecho a la información.

• Anula un fallo anterior de la Audiencia Nacional que veía un despido colectivo "de hecho"
• El Alto Tribunal entiende que las franquicias tenían personalidad jurídica independiente

• Se apoya en la resolución del Supremo que sí ve que lo acontecido en 2019 encaje en delito de terrorismo
• También desestima los recursos de otros dos investigados, Josep Lluís Alay y Marta Molina

Casi tres años después de los atentados del 11-M, el 15 de febrero de 2007, el juez Gómez Bermúdez, daba comienzo al juicio en la Audiencia Nacional por los atentados. El 17 de julio de 2008, el Tribunal Supremo da por cerrado el proceso. Hoy, cuatro condenados siguen en prisión: tres en España y uno en Marruecos. El resto de los condenados están en libertad, 20 años después. Un total de 29 acusados de los cuales 21 fueron condenados, algunos con penas de hasta más de 42.900 años. Si bien, a las víctimas les dejó un sabor agridulce, pues pedían condenas y penas más altas.

Ni la Audiencia Nacional ni el Supremo establecieron a los autores intelectuales del 11-M, al considerar que murieron en el suicidio del piso de Leganés. “No se pudo demostrar y no se pudo condenar a los autores intelectuales: no porque hayan sido otros, sino por falta de pruebas”, explica Javier Zaragoza, fiscal jefe del 11-M. Lo cuenta Araceli Sánchez.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional en el juicio del 11M, Javier Zaragoza, recuerda la presión con la que trabajaron los profesionales que llevaron a cabo la investigación judicial de los atentados. “La instrucción judicial apuntaba en un dirección y la presión mediática y política apuntaba en una distinta. Parecía que era obligado llegar a la conclusión de que había sido ETA y no el yihadismo”, asegura Zaragoza, que subraya que las pruebas eran contundentes. “Judicialmente, no había ninguna vía ni ninguna pista que nos condujese hacia la organización terrorista ETA”.

Zaragoza cree que la investigación fue buena pese a que no se pudo clarificar la autoría intelectual de los atentados. “Todos sabíamos o de alguna manera, por las informaciones que se manejaban, que quien de alguna manera autoriza o prepara la situación para que pueda cometerse un atentado fueron los mensajes que se lanzaban desde Al-Qaeda, que situaban a España efectivamente como objetivo de una acción terrorista”.