Claves del juicio por el caso Kitchen, la operación parapolicial contra Luis Bárcenas, vista para sentencia
- La Audiencia Nacional analiza un presunto un operativo parapolicial de Interior contra el extesorero del PP, en 2013
- Entre los principales acusados, el exministro Fernández Díaz, su ex número dos y el excomisario Villarejo
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Trece años después de que comenzara la operación Kitchen, puesta en marcha presuntamente por el ministerio del Interior del primer ejecutivo de Mariano Rajoy, para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación y grabaciones comprometedoras para el partido, el juicio ha quedado visto para sentencia. Tras presidir casi cuarenta jornadas a lo largo de cerca de cuatro meses, el tribunal encabezado por Teresa Palacios, repasará a partir de ahora las pruebas y los testimonios para dilucidar quién ordenó ese operativo y cuáles fueron sus objetivos reales.
Durante la fase oral, las acusaciones ejercidas por la familia Bárcenas (acusación particular) y también PSOE y Podemos (acusaciones populares), así como el Fiscal, han intentado probar que se utilizaron fondos reservados para espiar Bárcenas y robarle esos documentos sensibles para el PP en un momento en que la limpieza de sus cuentas estaba en tela de juicio.
Los acusados han defendido que la operación fue legal y se desarrollaba en búsqueda del dinero oculto o los testaferros del extesorero. En ello han insistido hasta el último minuto del juicio, cuando tres de los ocho hombres que se sientan en el banquillo han utilizado su derecho a la última palabra.
A caballo entre las instalaciones de la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez de Madrid, a pocos metros de la sede de los populares, y las macrosalas de San Fernando de Henares, el tribunal ha escuchado a más de 150 testigos y ha practicado una extensa prueba documental y escuchado horas y horas de audios, antes de dejar el juicio visto para sentencia. Explicamos, a continuación, las claves del caso Kitchen:
Qué es el caso Kitchen
Como si de una novela se tratase, la Kitchen mezcla tramas de espías e inteligencia, secretos oficiales, objetivos políticos y el uso opaco de fondos públicos. Todo al margen de la ley o haciendo equilibrios sobre una estrechísima línea de legalidad. La realidad, sin embargo, siempre supera la ficción.
Los hechos se remontan a 2013, en plena investigación del caso Gürtel, que trató de arrojar luz sobre la financiación irregular del PP. El extesorero del partido, Luis Bárcenas, había entrado en prisión provisional y desde allí amenazó con "tirar de la manta". Presumía de poseer información y pruebas comprometedoras para el PP y sus dirigentes. En ese momento, según relato del fiscal, se puso en marcha un operativo parapolicial para espiar los movimientos del extesorero y su familia, y hacerse con esas pruebas a las que Bárcenas aludía.
Los acusados, entre los que está la cúpula de ese ministerio del Interior durante el primer mandato de Mariano Rajoy, han intentado demostrar que la operación fue legal y que se puso en marcha para localizar dinero que Bárcenas habría ocultado en el extranjero.
Pero el fiscal César de Rivas considera falso ese relato, ya que esa información sobre las cuentas del extesorero en Suiza "ya se había incorporado a la investigación del caso Gürtel". Según el ministerio público el objetivo de los acusados fue "boicotear" esa investigación policial y judicial sobre la financiación irregular del PP, que en ese momento estaba en curso.
Concluido el trámite de las cuestiones previas, el investigador principal de la Kitchen abrió las intervenciones de los testigos. Fue la primera persona que puso nombres y apellidos a los implicados en la trama, citados con apodos en las agendas de Villarejo, y detalló un escalafón según el cual Villarejo habría reportado a "Xisco", el ex secretario de Estado.
También fue el primero en confirmar que con "el Barbas" o "el Asturiano" el excomisario se refería a Mariano Rajoy. Bárcenas, por su parte, confirmó que el expresidente es el "M.R.", que aparece en sus papeles.
La cúpula de Interior de 2013, imputada
La clave del juicio del caso Kitchen es averiguar quién dio las órdenes, cuáles fueron los objetivos de esas actuaciones, con qué cobertura jurídica se llevaron a cabo y qué recursos materiales se utilizaron.
El hombre que encabezaba el ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, es, por su relevancia política, el principal encausado. El exministro está, según las acusaciones, en la cúspide del operativo. La fiscalía pide para él 15 años de prisión.
Durante su declaración, negó la mayor, rechazando la existencia de la operación: "No sólo es falso es que creo que es una fantasía absolutamente", dijo Fernández Díaz. Además aseguró no haber tenido conocimiento de ninguna operación hasta que se habló de ella en los medios de comunicación.
También 15 años de prisión reclama el Fiscal para el que fuera número dos del ministerio, Francisco Martínez. De Rivas considera "acreditada" la participación del ex secretario de Estado gracias a a varios elementos de prueba, entre los que figuran las anotaciones en las agendas del excomisario Villarejo o las conversaciones que mantuvo con el exministro, mensajes que él mismo protocolizó ante notario.
Un perito citado por el exministro trató de arrojar una sombra de duda sobre esos textos, diciendo que había "indicios de manipulación" en ellos. Sin embargo el fiscal César de Rivas los tuvo en cuenta en sus conclusiones finales.
El ex director general adjunto de la Policía Nacional, Eugenio Pino, es el tercero de los acusados. Para él también pide el fiscal 15 años de prisión, igual que para quien fuera exasesor de seguridad de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla La Mancha, Andrés Gómez Gordo.
El fiscal solicita doce años y medio de prisión para el exchófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, supuesto espía y confidente de la trama. A cambio de sus servicios habría recibido pagos a cuenta de fondos reservados y una plaza de funcionario de Policía cuya nulidad ha pedido el fiscal. El papel de Ríos habría sido nuclear, con acceso a los Bárcenas pero también a los 'responsables' del operativo. Ríos, al igual que otros acusados, ha defendido la legalidad de la operación.
La condena más alta, de 19 años de prisión, se pide para el omnipresente ex comisario José Manuel Villarejo, presuntamente en el centro de toda la trama. Villarejo habría participado en la captación y en los pagos a Ríos. Las agendas del excomisario y los audios en su poder, encontrados en registros de sus domicilios, han sido esenciales para la construcción de la causa, una pieza separada de la macrocausa Tándem. Villarejo tomaba notas de todas sus reuniones y llamadas y el fiscal da veracidad a estos apuntes, que el excomisario realizaría "para sí mismo".
El ultimo acusado contra el que se mantienen todos los cargos es el que fuera jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, que habría participado en ese operativo y puesto agentes de policía a disposición del mismo. Para él pide el fiscal dos años y medio de prisión.
Los exculpados en el juicio
Entre los acusados estuvo también el excomisario Enrique García Castaño, que habría sido uno de los hombres fuertes de la trama. Sin embargo la causa contra él quedó archivada tras sufrir un ictus cuyas secuelas le hacen inimputable. No ha llegado a sentarse en el banquillo.
Tras finalizar la fase de juicio oral, se han retirado las acusaciones contra los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. La familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular, y las populares de PSOE y Podemos, han retirado los cargos contra ellos, y han quedado fuera del juicio.
En el caso del comisario José Luis Olivera, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica, el fiscal ha retirado la acusación por encubrimiento. Sin embargo las acusaciones populares de PSOE y Podemos sí piden su condena, ya que le vinculan con las presiones recibidas por el inspector del caso Gürtel, Manuel Morocho. Durante su informe final, el letrado de Olivera trató de restar credibilidad a las declaraciones de Morocho, que dijo estar llenas de "rencor".
Qué documentos buscaba la operación
El objetivo de la Kitchen fue, según el fiscal, "captar documentación vinculada con el caso Gürtel y comprometedora para el partido y sus dirigentes". En concreto, durante el juicio se ha hablado de documentos relacionados con la financiación de varias campañas electorales del PP.
También se buscaban las grabaciones de Bárcenas con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el exsecretario general del partido, Javier Arenas. En ellas, según el extesorero, había dos conversaciones que mantuvo con Rajoy y Arenas sobre la contabilidad B del Partido Popular y los sobresueldos de los llamados "Papeles de Bárcenas". Según el extesorero, Rajoy habría destruido una prueba de ello en su presencia. El expresidente del Gobierno lo negó.
Ambas conversaciones estaban, según el extesorero, almacenadas en 'la nube' asociada a una cuenta de correo electrónico. Durante su estancia en la prisión de Soto del Real, Bárcenas contactó con un recluso para que accediera a los audios durante un permiso carcelario. No llegó a hacerlo, ya que fue detenido a las pocas horas de salir de prisión. Sin embargo los audios nunca han sido encontrados.
El operativo habría sustraído, además, diversa documentación almacenada por el extesorero en su casa y en el estudio de pintura de su mujer, Rosalía Iglesias, en la madrileña calle General Díaz Porlier.
Los testigos
Entre los más de ciento cincuenta testigos que han pasado por la Audiencia Nacional hay algunos de gran relevancia política. Está entre ellos el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó. Todos ellos negaron la existencia de ese dispositivo o su participación en el mismo.
En la misma línea el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable de la gestión de los fondos reservados, negó la utilización de dinero público para espiar a Luis Bárcenas. Y el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, desvinculó al organismo de la trama.
También se escuchó el testimonio del propio extesorero del PP, Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y su hijo Guillermo Bárcenas. Los tres ejercen la acusación particular como perjudicados en este caso.
Y junto a la declaración del investigador principal de la Kitchen, fue clave también la de quien desentrañó el caso Gürtel, Manuel Morocho. Denunció presiones para dejar de investigar la financiación irregular del PP y confirmó la existencia de una operación judicial para espiar a Luis Bárcenas.
Las pruebas de la Kitchen
Aunque no se han examinado porque no aparecieron los famosos audios de Bárcenas con Rajoy y con Arenas (los acusados han puesto en duda su existencia), se ha desarrollado una extensísima prueba documental, que ocupó varias jornadas de las señaladas en las vistas.
Innumerables documentos sobre los pagos, que intentaron establecer la trazabilidad de los fondos reservados. Quién ordenó su utilización, quien los transfirió y quien fue su destinatario final.
Informes de vigilancias, correos internos y varias horas de grabaciones audios. Por un lado, los incautados a José Manuel Villarejo, que grababa sus conversaciones con personajes relevantes. Por otro, las declaraciones de Enrique García Castaño, acusado en el juicio pero desimputado por motivos de salud. En total, nueve horas en las que el expolicía inculpó al secretario de Estado de Seguridad.
También se examinaron las anotaciones de las agendas del excomisario Villarejo, a las que el letrado del expolicía trató de restar relevancia al decir que eran "impresiones subjetivas". Durante su turno de última palabra, Villarejo afirmó que se trataba de meros recordatorios, y señaló que "ahora mismo ni si quiera podría explicar por qué anoté determinadas cosas".
Además, se analizaron documentos manuscritos, como el del encargo de Bárcenas a su compañero de prisión para acceder a los audios o las notas que supuestamente tomó su mujer, Rosalía Iglesias, durante una conversación con su abogado.
La labor del tribunal ahora será revisar y cruzar esta extensísima prueba documental con las declaraciones de los acusados, acusadores y testigos, para intentar averiguar quien estuvo en la cúspide de ese operativo que ha escrito una de las páginas más oscuras sobre la corrupción de las instituciones de nuestro país.
Las sombras de la Kitchen
El juicio, que afecta a exdirigentes del PP, se ha desarrollado en paralelo a una cascada de noticias que han creado un auténtico contexto de corrupción en torno al Partido Socialista. Esta primavera fue condenado el exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas, imputado el expresidente Rodríguez Zapatero y numerosos cargos públicos con quienes se relacionó Leire Díez. Con el PSOE en el punto de mira, son muchos los que señalan hacia la Audiencia Nacional, donde se ha juzgado el operativo parapolicial puesto en marcha por el ministerio del Interior del PP.
También muchas son las voces que señalan que no están (en el banquillo) todos los que son y tuvieron algo que ver en esta trama. No se analiza una posible conexión política entre la operación parapolicial y el PP, después de que el juez instructor dejara fuera de la causa a María Dolores de Cospedal. La exministra de defensa y su marido, Ignacio López del Hierro, estuvieron entre los acusados, pero los cargos contra ambos fueron retirados.
En su declaración durante el juicio oral, Cospedal reconoció haberse reunido con el excomisario Villarejo, pero no para hacerle encargos.
Durante la fase de pruebas, la sala escuchó los audios entre Cospedal y Villarejo, en que la líder popular decía al expolicía que "lo de la libretita sería mejor poderlo parar", en referencia a los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas que habían salido en los medios días atrás. También se reprodujo otra conversación entre ambos en la que hablaban de "La Pequeñita", en alusión a la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Semanas después, sin embargo, otro juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, abrió diligencias para investigar esas conversaciones y averiguar si hay en ellas "indicios de criminalidad", y pidió a la emisora RAC 1 la entrega del material de que dispone.
En unas grabaciones publicadas en 2025 por RAC1 y fechadas en septiembre de 2014, Cospedal afirmaba que el expresidente era conocedor de la Operación Kitchen. Si tras el análisis de este material se detectasen indicios delictivos contra Cospedal o su marido en relación a este operativo, se podría abrir una pieza separada en la Audiencia Nacional.
