El fiscal sitúa al exministro Fernández Díaz al frente de la Operación Kitchen: “Se ha acreditado su participación”

• La Fiscalía reiteró su petición de 15 años de prisión para el exministro Fernández Díaz y su número dos
• Solicita la responsabilidad civil del Estado y que se anule el nombramiento de Sergio Ríos como Policía

El fiscal sitúa al exministro Fernández Díaz al frente de la Operación Kitchen

El fiscal César de Rivas considera acreditada la participación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el "operativo parapolicial delictivo" conocido como Kitchen, que según ha relatado, no buscaba dinero del extesorero del PP Luis Bárcenas en el extranjero, sino documentación del caso Gürtel comprometedora para el PP y sus máximos dirigentes, incluidas grabaciones. El objetivo, según De Rivas, habría sido "boicotear" esa investigación policial y judicial sobre la financiación irregular del PP, que en ese momento estaba en curso.

Trece años después, el exministro Jorge Fernández Díaz es uno de los principales acusados en esta causa, cuyo juicio arrancó el pasado 6 de abril. También se sienten en el banquillo de los acusados su ex número dos, Francisco Martínez, el excomisario José Manuel Villarejo o el exchófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, entre otros.

A lo largo de su intervención, que se ha desarrollado a lo largo de tota la sesión de este martes, el Fiscal ha expuesto "el desarrollo del operativo delictivo", por que ha insistido, "así fue concebido desde el inicio y así fue desarrollado en todos y cada uno de los acontecimientos que hemos relatado", algo que "los propios acusados reconocieron".

"Un dispositivo ilícito no comunicado al juez"

Según de la Riva, la operación Kitchen no fue un operativo de inteligencia, sino un dispositivo ilícito no comunicado al juez para sustraer documentación al extesorero, así como las supuestas grabaciones a las que éste aludía con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Se ha acreditado la participación, ya desde el momento de su de la captación de Sergio Ríos -chófer de Bárcenas-. tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro del Interior", ha recalcado el fiscal. De hecho, considera probado el "control directo de Ríos" por parte de José Manuel Villarejo, Andrés Gómez Gordo y Enrique García Castaño. Y el control "indirecto" por parte de la cúpula de Interior: "Se ha acreditado que por parte de los acusados de la máxima posición de jerarquía en el ministerio del Interior también controlaban de manera indirecta a Ríos a través de las explicaciones y la cuentas que les rendían los directos", ha dicho.

Para demostrar la intervención de Jorge Fernández Díaz, el Fiscal ha mencionado "los mensajes protocolizados por Francisco Martínez" y las notas que el ex secretario de Estado registró en su móvil, además de "las anotaciones de los diarios de Villarejo" a las que da veracidad, puesto que considera "que no se engaña a sí mismo". En este sentido De la Riva ha relatado cómo el 25 de julio de 2013 Villarejo anotó, en relación con Martínez: “Anoche el ministro quería hablar sobre grabaciones y recibís”. Cinco días después escribió “llamada sistemática del ministro sobre Luis Bárcenas” en una anotación que según el Fiscal se hizo en relación con el exsecretario de Estado.

El representante del Ministerio Público también ha señalado las pruebas contra el exsecretario de Estado: "Francisco Martínez no puede desvincularse de la entrega del contenido de los dispositivos de Luis Bárcenas", ha dicho, en relación a la copia de los dispositivos del extesorero. Además, según ha desvelado, Martínez "realizó en su móvil búsquedas para saber cómo podía borrar mensajes de texto". En este sentido, el discal ha aludido a una de las entradas de la aplicación "Notas" de su dispositivo en la que hace una mención al delito del artículo 536 del Código Penal. Según De Rivas es el "delito cometido por funcionario público contra la intimidad cuando media causa por delito": "Ya estaba sospechando que podía ser investigado por el volcado de los dispositivos de Luis Bárcenas", que según reconoció García Castaño, se le había entregado", ha señalado el Ministerio Público.

En otra nota, que, según el fiscal, Martínez escribe "para sí mismo" cuando ya se había iniciado la investigación, Martínez se lamenta de que "haya calado en la opinión pública" que el espionaje a Bárcenas fuese "asunto mío" y recalca que recibió "instrucciones muy concretas": "Escuché muchas veces a mi superior que era el asunto más importante que teníamos entre manos".

La prueba documental

Dentro de la prueba documental en la que basa sus argumentos, el Fiscal ha mencionado la documentación que fue sustraída a Luis Bárcenas e "intervenida en el domicilio de Villarejo". También a los que ha denominado "papeles de Rosalía", las anotaciones realizadas por la esposa de Bárcenas, o la nota manuscrita de Luis Bárcenas hacia otro recluso de Soto del Real al que habría pedido destruir unos audios de Mariano Rajoy y Javier Arenas que el extesorero del PP tenía guardados en la nube.

De la Riva ha recordado, además, las alusiones a ese papel en los audios de Villarejo y en las anotaciones del excomisario, que plasmó en sus agendas la relación con Martínez con el texto: “Varias llamadas sobre el papel interceptado al Sánchez, colega de LB. Hay que localizar al sujeto que tiene los audios que hay que anular”.

"Los propios acusados reconocieron el carácter delictivo de todo esto", ha recalcado, para recoger, entre otras cuestiones, frases textuales de Villarejo extraídas de sus conversaciones: ": “Todos los papeles y todas las pruebas que tenía Luis Bárcenas finiquitado. Se empleó a la policía para destruir pruebas en vez de para aportarlas al juez”. O una referencia a la entrada en el local de Rosalía Iglesias durante una conversación con el abogado Javier Iglesias: “Entró el gordo y su gente. Lo que había eran grabaciones de Bárcenas y mensajes”, reconoció el excomisario.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de penas para el exministro

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al igual que para el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para el excomisario asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, y para el director adjunto operativo (DAO) en ese momento, Eugenio Pino. Considera que todos ellos participaron en la creación y gestión de un grupo parapolicial que trató de eliminar pruebas que pudieran incriminar al PP y les atribuye delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad.

La mayor pena que pide la Fiscalía es para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se enfrenta a 19 años de prisión por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Pide, además, dos años y medio de cárcel para el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín-Blas por encubrir los hechos, y 15 años de prisión para el que fuera chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Todas ellas, según el Fiscal, son "absolutamente proporcionadas y ajustadas a la gravedad de los hechos": "El operativo fue concebido en la cúpula del Ministerio del Interior", ha dicho De la Riva.

Además, el fiscal ha solicitado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, y dentro de ella "que se declare la nulidad del nombramiento de Sergio Ríos" como funcionario de Policía, ya que estima que ese puesto forma parte de la remuneración que el chófer recibió.