El juicio por el caso Kitchen, visto para sentencia, después de que los acusados defiendan que fue una "operación legal"

• Sergio Ríos confirma que colaboró con la operación, que creyó legal, a cambio de dinero
• Villarejo atribuye su acusación a pisar "callos importantes": "No puedo explicar por qué anoté determinadas cosas"

El juicio del caso Kitchen, visto para sentencia

El juicio del caso Kitchen ha quedado visto para sentencia este martes, casi cuatro meses después de su inicio el pasado 6 de abril, tras el informe final de la defensa de Sergio Ríos y las intervenciones del excomisario José Manuel Villarejo, Sergio Ríos, Marcelino Martín Blas o Manuel Gómez Gordo, que han hecho uso de su derecho a la última palabra. Los acusados han expresado su confianza en la justicia y han insistido en sus argumentos.

Villarejo, que ha dicho hablar "desde la perspectiva" de quien cumple, en unos días, 75 años, ha insistido en que las anotaciones de sus diarios eran "temporales", pero ha reconocido que "ahora mismo ni siquiera podría explicar por qué anoté determinadas cosas". "Yo, ahora, con mi perspectiva de los 75 años que cumplo la semana que viene, aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado.

También, aunque se ha hablado de sus intenciones, ha insistido en que desarrollaba sus "funciones como policía" y ha lamentado "el daño que han podido hacer a quien se haya visto afectado".

"Sigo estando convencido de que al final la verdad saldrá a la luz y muy tranquilo por la decisión que tome el tribunal", ha concluido Villarejo. Martín Blas ha expresado su confianza en el tribunal y Gómez Gordo ha querido matizar, tras decir que se siente orgulloso de los funcionarios que le juzgan, que no tuvo "ninguna participación" en la operación ni en su planificación.

Sergio Ríos defiende la legalidad de la operación

En su turno de última palabra, Sergio Ríos, ex chófer de los Bárcenas, ha defendido la legalidad de la operación y ha pedido que "se pongan en mi situación": "Cuando se identifican agentes de la autoridad y se ve el dispositivo policial, qué hubiéramos hecho cada uno. Actuar con los agentes de la autoridad como la ley marca. Nunca tuve conocimiento de que hubiera alguna ilegalidad".

También ha asegurado que él no estuvo en el Vips donde presuntamente se clonaron los terminales sustraídos a Luis Bárcenas. Aunque "si me lo llega a ordenar un comisario delante de tantos funcionarios, yo hubiese accedido", ha admitido.

Momentos antes cerraba la fase de vista oral del juicio la intervención del abogado defensor de Ríos, que había insistido en la legalidad de la operación. "Jamás ha sido ilícita", sino que se trató, ha señalado, de "una operación de inteligencia absolutamente legal" en la que se estaban buscando testaferros.

"Sergio jamás conoció finalidad ilícita", ha relatado el letrado: "¿Cómo podía sospechar de una ilicitud de la operación de inteligencia, cuando él veía todas las ilegalidades que cometían los Bárcenas?", se ha preguntado, para relatar que sus jefes "le obligaban a pagar en billetes de 500 euros, vio como se pagaba en efectivo el renting del coche que estaba preparado para un viaje, las facturas de la luz, el gas... También que transportaban joyas, cuadros y él veía el alto nivel de vida de la familia a pesar de tener cuentas bloqueadas, por lo que no le resultó extraño que fuesen objeto de investigación".

En ese sentido, como guardaespaldas, "estaba casi obligado a aceptar" la tarea de confidente que le fue encomendada por mandos policiales. Y que cuando quiso dejar a la familia Bárcenas, le conminaron a colaborar "porque le dijeron que si no era cooperador de delitos".

El letrado ha reconocido que Ríos cobró de forma legal, destacando que incluso firmó los recibís con su nombre y DNI, algo que por otra parte es "absolutamente anormal en una operación de inteligencia". En la misma línea que otras defensas, ha insistido en que la operación "nunca fue denominada Kitchen en ámbitos policiales", sino que "es una denominación de la prensa".

Ha defendido, además, la limpieza del proceso de selección de Sergio Ríos como funcionario de la Policía. "Jamás se le ofreció el acceso al Cuerpo Nacional de Policía", ha dicho, reconociendo que en 2011 ya lo había intentado, sin éxito. Cuando por fin Ríos ganó la plaza, "fue el penúltimo de la promoción", pero como ha recordado su letrado "el penúltimo también entra, igual que el último".

Los otros confidentes

Durante su intervención, el abogado de Sergio Ríos ha insistido en que además de Sergio Ríos, denominado K2 por la trama, hubo "otros Ks", otros confidentes a los que se denominaba con esa letra y un número, desde K1 hasta K7. "Las acusaciones no pueden convertir a Sergio en el responsable de una operación por el mero hecho de ser captado, cuando queda claro que fue uno de los siete confidentes, denominado K2. Pero es que hubo seis más", ha dicho.

En este sentido, no entiende "cómo no se ha seguido esa línea de información" ni se han investigado los "50.000 euros que recibe García Castaño": "El señor García Castaño recibió 50.00 euros destinados al pago de confidentes que no están en la causa", ha insistido.

El abogado de Ríos ha sido muy duro con las declaraciones del exjefe de su defendido, Luis Bárcenas, a quien ha llegado a calificar de "embustero", aunque después ha retirado ese insulto del acta. "Bárcenas tiene motivos de odio y un móvil espurio contra los dirigentes del PP. No ha parado de mentir. Es un delincuente", ha dicho sobre el extesorero, que ha asegurado, "tiene odios y venganzas personales".

Y ha restado veracidad a la grabación que Luis Bárcenas dijo tener de Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la contabilidad B del PP: "Esa grabación no existe", ha insistido: "El único que la ha oído es Guillermo Bárcenas que dice que estaban en la misma sala Rajoy, Bárcenas y Arenas. Lo ponemos en cuarentena".

Tras la intervención del abogado de Ríos, y después de que los acusados se acogiesen a su derecho a la última palabra, el caso ha quedado visto para sentencia. Era el colofón de este juicio que gira en torno a un presunto operativo parapolicial para sustraer a Bárcenas documentación o grabaciones que pudieran comprometer al PP o a sus dirigentes.

Una operación que, según la Fiscalía y las acusaciones, fue ordenada en 2013 por la cúpula de Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, cuyos máximos representantes entonces, el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez, se sientan en el banquillo de los acusados y se enfrentan a sendas peticiones del fiscal de 15 años de cárcel.