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Juicio Caso Kitchen

El acceso del exchófer de Bárcenas en la Policía y los registros de su casa, en el foco del juicio Kitchen

  • Sergio Ríos fue presuntamente captado por la trama para espiar a la familia Bárcenas
  • A cambio habría recibido pagos a cuenta de fondos reservados y una plaza en la policía
El chófer del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, junto a su abogado, a la llegada a la Audiencia Nacional
El chófer del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, junto a su abogado EFE/ Fernando Villar
RTVE.es/Agencias

Este martes la decimoséptima jornada del juicio por la operación Kitchen, presuntamente orquestada desde la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP y sustraerle documentación comprometedora para el partido, ha puesto el foco en el que fuera chófer de la familia Bárcenas, que habría sido captado por la trama para espiar a sus jefes obteniendo a cambio pagos a cuenta de fondos reservados y posteriormente un puesto de trabajo en la Policía Nacional.

Este jueves dos exresponsables de esas oposiciones cuando Ríos aprobó el examen de ingreso en el cuerpo, en 2015, han asegurado que ni esa vez ni "nunca" ha habido ninguna filtración de los exámenes de acceso al Cuerpo Nacional de Policía. También han negado que en ningún momento se les informara de que el exchófer de Bárcenas estaba actuando como confidente policial y que por esa labor merecía ser compensado con el ingreso en la Policía.

El proceso de oposición de Ríos a la Policía

El primero en declarar ha sido el que fuera jefe de Procesos Selectivos de la Policía Jesús María M.Z., que ha detallado cómo se selecciona a los 35 miembros del tribunal de oposiciones, para lo que se pide a expertos en distintas áreas de la Policía que designen un funcionario, a los que luego se reparte en tribunales de siete miembros.

También ha explicado el motivo por el que en el informe que solicitó el responsable en Asuntos Internos de la investigación del caso Kitchen señaló que no existía el informe completo relativo al examen de acceso de Ríos. Esto es, ha dicho, porque al igual que con el resto de opositores, por cuestiones de espacio, se destruyen los expedientes una vez que finalizan el periodo de instrucción en la Escuela de Ávila y siempre y cuando no hayan recurrido el proceso de oposición. El de Ríos y los otros aspirantes se destruyeron en 2017.

También ha confirmado, que como era el caso de Ríos, a quienes habían pertenecido al Ejército durante un periodo mínimo de 5 años, se reservaban unas 10 plazas en cada convocatoria. Ese año, según ha recordado, se ofertaron 254 plazas a las que aspiraron algo más de 800 opositores.

En cuanto a las preguntas, ha precisado que una terna las elegía de entra las propuestas por los 35 miembros del tribunal y después se aprobaban las cien preguntas del examen en un pleno del tribunal con lo que sus miembros las conocían. Después se depositaban en un pendrive en el área de procesos selectivos y se guardaban en un armario de seguridad. Al ser preguntado por posibles filtraciones, ha subrayado que "nunca vio una filtración ni consta que haya habido en años anteriores".

Del mismo modo se ha pronunciado el integrante del tribunal calificador en la oposición a la que se presentó Sergio Ríos, que ha comparecido posteriormente. Sí ha admitido que alguien podía preguntar a algún miembro del tribunal, una vez se conocía ya la lista de los que habían aprobado, si alguien determinado estaba en esa lista. "Si usted le pregunta por si alguien ha aprobado, pues a lo mejor el miembro del tribunal puede llamar y decirle que Juan Pérez García ha aprobado. Eso es algo inevitable, que yo personalmente sí que traté de evitarlo, pero era imposible"

El exchófer, que actualmente se encuentra suspendido de empleo y sueldo a la espera del resultado del juicio, se incorporó definitivamente al cuerpo en 2017 tras pasar por la academia de la Policía.

Bárcenas no fue un preso de especial seguimiento, según un funcionario

Este jueves también ha prestado declaración un funcionario de la cárcel de Soto del Real Madrid), donde Luis Bárcenas fue preso preventivo (2013-2015) y cumplió después condena (2018-2023). Ha negado que el extesorero fuera nunca un interno de especial seguimiento.

El funcionario, que entonces se ocupaba de recabar información sobre presos del Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) y de observar a internos de interés, ha mantenido su respuesta cuando la abogada de Bárcenas, Marta Giménez-Cassina, ha dicho que el extesorero recibió una comunicación por escrito al respecto. "Esa comunicación no ha estado registrada ni ha pasado por nuestras manos, debería ser un error administrativo: nunca ha sido FIES", ha recalcado.

Este testigo ha relatado además cómo tuvo multitud de conversaciones con Bárcenas y recuerda que este se quejaba de que le controlaban las llamadas, algo que ha considerado normal, porque el extesorero intentaba "triquiñuelas" para hablar con periodistas fuera de los cauces establecidos.

Después de que el extesorero denunciase un trato denigrante en su primera etapa en prisión, el funcionario ha explicado que los cacheos integrales tras los bis a bis eran aleatorios y ha relatado además que Bárcenas era la "ambición" de otros internos a quienes la prensa ofrecía dinero por informar de día a día del extesorero en prisión.

En ese sentido, ha dicho que la difusión de la fotografía de su ingreso en prisión, a la que tenían acceso prácticamente todos los funcionarios de prisiones, causó "revuelo" y fue un "escándalo", mientras que también se investigaron las imágenes emitidas en televisión de la vida cotidiana del extesorero, sin hallar al interno responsable, aunque sí el dispositivo que creen que se empleó.

Este funcionario también cacheó la celda del preso al que Bárcenas dijo haber encargado borrar una grabación en la que supuestamente se escucharía al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy triturar la última hoja de la caja B del PP. Fue sin su presencia, porque tenían información de que había alcanzado un acuerdo con el extesorero, y éste le había pagado por adelantado. "Sospechábamos que le iba a encriptar archivos", ha explicado.

Allí hallaron una nota manuscrita dirigida a Álex, con instrucciones, que fotografiaron y no incautaron, porque el preso no tenía intervenidas sus comunicaciones. En un registro posterior la nota no apareció, pero a través de la fotografía cotejaron que la letra era la de Bárcenas.

Este funcionario también ha explicado que Bárcenas salió en libertad en 2015 fuera de la hora habitual para ahorrarle el "castigo añadido" de la "pena de telediario" y ha negado que se disculpara con el extesorero por el trato que recibió en la cárcel.

Un testigo dice que la mujer de Bárcenas pagó las cámaras en su casa

Este jueves también ha testificado un técnico que colocó dos cámaras en la vivienda de Luis Bárcenas. Ante el tribunal ha explicado que el encargo se lo hizo el chófer y presunto confidente de la trama, Sergio Ríos, pero que fue Rosalía Iglesias, mujer del extesorero, quien abonó la instalación. Se instalaron dos cámaras: una mostraba el exterior de la puerta de servicio, sin grabar, y otra grababa el descansillo de la puerta principal.

Según este testigo, Rosalía Iglesias pagó con "tres billetes de quinientos y estaban nuevecitos". La acusación de la familia Bárcenas sostiene que el chófer convenció a la mujer del extesorero para colocar cámaras de forma gratuita.

La jornada arrancaba con la declaración del excomisario general de Policía Judicial José Santiago Sánchez, que ha relatado que el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, uno de los acusados, le informó de una operación de inteligencia al entorno del extesorero Luis Bárcenas que no obtuvo ningún fruto.

Según su relato, Pino le propuso una reunión con Enrique García Castaño en que el excomisario, que no se sienta en el banquillo por motivos de salud, le comentó que había iniciado esa "línea de investigación" a través de fuentes suyas pero que al final no se había desarrollado porque no tenía "la fuerza, ni la confianza suficiente de que se pudiera haber efectuado".

También ha negado que Manuel Morocho, investigador de la Gürtel, le hablara nunca de presiones de sus superiores, ni tampoco el juez instructor de Gürtel Pablo Ruz con el que ha dicho que se reunió en varias ocasiones.

Ha indicado además que él mismo le ofreció más funcionarios para agilizar esos informes, en concreto expertos en análisis, pero que Morocho rehusó porque le iba a llevar más tiempo el tener que prepararles y que él lo entendió. "Para mí Manuel Morocho es un profesional como la copa de un pino y cada vez que ha cogido un trabajo difícil lo ha hecho", ha subrayado y ha añadido que cuando fue trasladado temporalmente a la sede del DAO siguió trabajando en Gürtel y le pareció que estaba bien, en contra de lo que señaló el propio Morocho, que dijo que lo interpretó como una manera de alejarle de la investigación.