Juicio Kitchen: El abogado de Villarejo resta importancia a las agendas del excomisario: "Son impresiones subjetivas"
- El letrado denuncia que tras los registros de Villarejo "no se guardó la cadena de custodia"
- Los ocho acusados podrán usar su derecho a la última palabra, previsiblemente el jueves
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El abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha pedido ante al tribunal del caso Kitchen una sentencia absolutoria para el expolicía, que según el fiscal estaría en el centro de la trama y cuyas agendas y grabaciones son clave para la construcción de la causa. Antonio García Cabrera ha sostenido que el "famoso caso Kitchen" es un caso "cuasiperiodístico", que ha dicho, "se creó por el señor Bárcenas a través de un grupo de periodistas que él movilizó hábilmente". El letrado del excomisario ha defendido la legalidad de la operación y ha restado importancia a sus dietarios, que recogían "impresiones subjetivas" de Villarejo.
Además ha solicitado la expulsión de la causa de pruebas como los audios aportados por el empresario Javier Pérez Dolset, ya que "no se les hace ninguna prueba pericial y se traen al proceso como prueba de cargo" y ha restado credibilidad a la declaración del investigador principal de la Gürtel, Manuel Morocho: "Esta sala pudo ver por su gestualidad que no estaba simplemente contando unos hechos, sino un sentimiento", ha dicho.
También ha tratado de invalidar los supuestos audios de Bárcenas con Rajoy y Arenas, señalando las "innumerables contradicciones" de su declaración y la de su hijo. "Guillermo Bárcenas dijo que su padre habló de una grabación de Rajoy y Arenas juntos", a diferencia de lo que explicó el extesorero del PP.
El juicio por el caso Kitchen llega, tras más de tres meses de vista oral, a su última semana, con los informes finales de las acusaciones. El tribunal presidido por Teresa Palacios indaga en el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de ese modo, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.
Un operativo legal
Como ya hicieran otros abogados defensores que le precedieron en el uso de la palabra, el letrado de Villarejo ha insistido en la legalidad de la operación. Para justificarlo ha acudido, entre otras cuestiones, a las declaraciones de los testigos durante la fase oral: "Todos los policías intervinientes han dicho que esta operación buscaba fuentes patrimoniales o testaferros de Bárcenas. Ningún policía ha manifestado que esta operación tuviera viso de ilegalidad", ha señalado.
En otro momento, sobre las "supuestas irregularidades", ha mantenido que "ninguna podría convertir una operación lícita en ilícita. Serían irregularidades, no ilegalidades".
En todo caso, ha defendido, Villarejo cumplía con su deber, por lo que el letrado ha invocado la "eximente completa": "Villarejo creía servir mejor a su país obteniendo la información y dándole el tratamiento más adecuado", incluso en el caso de las conversaciones con Martínez, Secreto de Estado, "obedecen a su intención de obtener más información para un fin lícito". "Esto -ha insistido- no le convierte en responsable de los hechos que anota, ni que tuviera participación, ni que fuera delictivo".
Y precisamente porque ha defendido la licitud de la operación, ha insistido en que no existe el delito de malversación.
La defensa de las notas policiales de Villarejo frente a las agendas: "Son subjetivas"
En su intervención, el letrado ha restado importancia a las grabaciones y las agendas de Villarejo, encontradas en el registro de sus domicilios de 2017. "En un diario se pueden escribir hechos reales, pero también hipótesis, líneas de investigación, valoraciones personales, simples rumores...", ha dicho. En definitiva, según ha señalado "son impresiones subjetivas de una persona" y "no se pueden hacer valoraciones objetivas de impresiones subjetivas". También ha señalado que la intervención de todos esos efectos, tras los registros de los domicilios de Villarejo, "no guardó la cadena de custodia del material de cargo".
Frente a la afirmación del fiscal, durante sus conclusiones finales, de que “el señor Villarejo no se engaña a sí mismo en sus diarios”, el abogado ha defendido los informes y notas policiales del expolicía, y ha defendido la legalidad de su trabajo. "Lo que hacía el señor Villarejo era un trabajo de inteligencia policial, solo de testaferros, solo de sociedades, solo de Bárcenas y señora Rosalía Iglesias", ha señalado: "Esas notas son la mayor acreditación de lo que era la operación de inteligencia". Y ha insistido: "Eso es lo objetivo de esta causa: sus notas de inteligencia y lo que en ellas dice".
Antes de finalizar su intervención, el letrado de Villarejo ha pedido que se tenga en cuenta, como atenuante, las "dilaciones indebidas" en el proceso: "No se trata de buscar responsabilidades, pero los déficit institucionales no pueden repercutir en el justiciable", ha señalado, y "cuando se dicte sentencia habrán pasado ocho años desde que se inició la causa", un plazo que según el letrado roza el de una atenuante "muy cualificada".
La abogada de Gómez Gordo pide su absolución
La siguiente en intervenir durante la sesión de este lunes ha sido la letrada de Andrés Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal en su etapa como presidenta de Castilla La Mancha y al que se atribuía, entre otros asuntos, la captación del exchófer Sergio Ríos como confidente de la trama, algo que ha negado, ya que "solo cumplió la orden expresa del DAO" de presentárselo a Villarejo.
La letrada ha defendido la "inequívoca legalidad" de la operación cuyo propósito era "la búsqueda de información patrimonial de Luis Bárcenas y su entorno". Respecto a las agendas de Villarejo, ha asegurado que "las acusaciones han reinterpretado las anotaciones" y "se pretende dar una interpretación sesgada que se acomode al relato acusatorio".
A pesar de ello, la abogada del excomisario mantiene que durante el momento en que se produjeron los hechos "no hubo ninguna intervención de Gómez Gordo" y no se ha presentado "ninguna prueba que haya demostrado su colaboración".
Respecto a la introducción de datos en el sistema de información policial GATI, ha dicho que "se limitó a rellenar una plantilla" con una información cuyo origen desconocía, y sobre los pagos a cuenta de los fondos reservados, ha rechazado que Gómez Gordo tuviera poder de decisión. Es más, "documentó hasta el extremo los tres pagos que hizo, lo cual demuestra la falta de opacidad".
También ha rechazado haber participado en la compra de un arma para Sergio Ríos o haber intervenido en su proceso de admisión como funcionario de Policía, un proceso de selección que fue "intachable" según su declaración.
Por todo ello, ha pedido la absolución el excomisario, para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión.
Olivera resta credibilidad a Morocho: Su declaración "estuvo cargada de rencor"
El último en intervenir en la sesión de este lunes ha sido el letrado defensor de José Luis Olivera, que solo tiene enfrente a las acusaciones populares de PSOE y Podemos, puesto que tanto Fiscalía como la acusación particular retiraron los cargos. Durante la instrucción y el juicio el inspector principal del caso Gürtel, Manuel Morocho, acusó a Olivera de presionarle para abandonar la investigación sobre la financiación irregular del PP, y fueron incluso sometidos a un careo cuyas imágenes desveló RTVE.
Durante su informe final, el letrado de quien fuera jefe de la UDEF ha pedido la absolución de Olivera y ha rechazado que intentara obstruir a la Justicia y ha restado credibilidad al relato de Morocho, en cuya declaración, ha dicho "había una carga de rencor importante". "No se puede decir que el señor Morocho hubiese sido objeto de intimidación", ha dicho, ya que "no se explica con qué se le intimida" y "un ofrecimiento de un cambio de destino no conlleva ningún efecto intimidatorio: Se hace al funcionario de turno que puede aceptar o no".
También, siguiendo la tesis de la abogada de Villarejo, ha señalado estar de acuerdo en decir que este juicio es "una construcción periodística": "Lo más atractivo es lo que se ha publicado: una especie de contubernio entre políticos y policías destinado a buscar unos papeles que nunca han aparecido, que no se sabe dónde están. Lo más seguro es que ni siquiera existieran".
Además, ha insistido en que "el juicio tiene una carga política y mediática importante de la que seguramente algunas de las partes no han podido sustraerse". Y ha continuado diciendo que "quizá va siendo hora de que el legislador tome cartas en el asunto regule la presencia de los partidos políticos en los juicios penales".
De hecho, el letrado considera que "han estado presentes temeridad y mala fe" por parte de las acusaciones, ya que "Olivera lleva cinco años sufriendo un procedimiento que no debería haber sufrido, simplemente por ser jefe de la UDEF".
También ha criticado la presencia en la acusación particular de Luis Bárcenas quien ha hecho "el negocio perfecto": Después de que él y su esposa fuesen a prisión le llamaron "como perjudicado por estos hechos" y pidió una indemnización de un millón cuatrocientos mil euros: "Redondo", ha concluido.
