PSOE y Podemos consideran la Kitchen una organización criminal con el exministro Fernández Díaz en la cúspide
- Según la abogada de los Bárcenas, Interior impulsó la operación porque el extesorero "podía hacer caer al Gobierno"
- El juicio se reanuda el próximo 22 de julio, en que las defensas de los ocho acusados presentarán sus informes
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En la Audiencia Nacional, el juicio por el caso Kitchen llega a la recta final. Este jueves han presentado sus conclusiones las acusaciones, pero quedan pendientes para próximas sesiones los informes de las defensas. La acusación particular, ejercida por la familia Bárcenas, considera acreditado que Kitchen fue una "operación parapolicial delictiva clandestina e ilícita" organizada desde la cúpula de Interior para presionar al extesorero del PP e interceptar y "hacer desaparecer" información relacionada con el caso Gürtel. Los letrados de PSOE y Podemos, personados como acusación popular, han ido más allá, y creen que la operación fue llevada a cabo por una organización criminal que tenía al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, como "cúspide".
Desde hace tres meses se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional la cúpula del ministerio del Interior del primer Ejecutivo de Mariano Rajoy. El tribunal presidido por Teresa Palacios, trata de dilucidar quién ordenó ese presunto operativo parapolicial para espiar al extesorero del PP en un momento en que se estaba desarrollando otra investigación sobre la financiación irregular del partido, el caso Gürtel. Luis Bárcenas había declarado tener información comprometedora para la formación política y sus dirigentes, y amenazaba con sacarla a la luz.
Eso habría desencadenado esta operación para espiarle y sustraerle esa documentación con un "operativo parapolicial delictivo", tal como describió en su informe final el Fiscal. En esas conclusiones, César de Rivas, consideró que el objetivo de la Kitchen habría sido "boicotear" esa investigación policial y judicial sobre la financiación irregular del PP.
Las acusaciones populares creen que hubo una organización criminal
Los letrados de las acusaciones populares de PSOE y Podemos han defendido que los ocho acusados por el espionaje a Bárcenas entre 2013 y 2015 integraron una organización criminal.
La abogada del PSOE, Gloria de Pascual, ha reproducido los argumentos que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, dio en el juicio contra José Luis Ábalos para defender que el exministro socialista de Transportes formaba parte de una organización criminal.
También se ha mencionado la sentencia de ese caso para destacar el mensaje de los magistrados sobre la erosión que la corrupción provoca en la confianza ciudadana y defender que Kitchen es aún más grave porque socava la confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Proteger a la cúpula del PP de Gürtel
"Los acusados conformaban una organización criminal cuya finalidad era la obstaculización de la investigación Gürtel, no porque a ellos les afectara personalmente, pero sí podía afectar a la cúpula del PP de la cual a la postre iban a depender sus carreras, bien políticas, bien profesionales", ha recalcado por su parte Jaime Montero, letrado de Podemos.
Esta acusación sitúa al exministro en la "cúspide" de una estructura jerárquica con reparto de funciones y considera que fue él quien dio al operativo policial el nombre del conductor del extesorero, Sergio Ríos, para que fuera captado como confidente.
Su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, actuó según Podemos como correa de transmisión y despachaba prácticamente a diario con el comisario José Manuel Villarejo.
PSOE y Podemos también han destacado la participación del inspector Andrés Gómez Gordo que era asesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando se captó como espía y confidente al chófer de los Bárcenas, y que tuvo contacto y conocimiento de la información que daba el conductor.
Apodado "Cospedín" por Villarejo, la letrada del PSOE ha subrayado su "cercanía al aparato político" del PP a través de Cospedal, que entonces era la secretaria general de esta formación.
Además, se han enfocado en pedir la condena del comisario José Luis Olivera, a quien no acusa la Fiscalía, y al que vinculan con las presiones recibidas por el inspector del caso Gürtel, Manuel Morocho.
Las acusaciones consideran acreditadas las distintas actuaciones de la operación Kitchen como los seguimientos, la captación del chófer o las coacciones al extesorero. Y Podemos ha subrayado los distintos periodos dentro de los intentos de proteger al PP: de negociar con Bárcenas a exigirle una omertá, incluso con amenazas y montar un operativo para sustraerle documentación.
Podemos pide de 27 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz, su ex número dos o el exDAO y 24 años de cárcel para el resto de acusados.
Por su parte, la acusación popular del PSOE ha rebajado en alrededor de un año las penas que pedía inicialmente, de 47 años de cárcel para el exministro.
La acusación de Bárcenas sostiene que hubiera podido tumbar al Gobierno
Previamente a las acusaciones populares exponía su informe la acusación particular que ejerce la familia de Luis Bárcenas. Esta parte considera que el ministerio del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsó la 'operación Kitchen' porque la información que guardaba el extesorero, relativa a dirigentes del PP y a la contabilidad de partido, "podía hacer caer al Gobierno".
"Lo que pudiera saber Luis Bárcenas hubiera podido hacer caer a un Gobierno", ha sostenido la letrada Marta Giménez-Cassina, que representa al extesorero, su mujer, Rosalía Iglesia, y su hijo, Guillermo.
La abogada ha recalcado que las pruebas han acreditado que la operación ejecutada por altos mandos policiales "se ha hecho al margen de la ley" y de la investigación judicial y policial de Gürtel y con el fin espurio de sustraer información útil para ese caso que el extesorero pudiera usar en su defensa o para dañar al PP.
"Se han utilizado las instituciones del Estado por quienes ostentaban un gran poder y para cometer delitos de los que han sido víctimas la familia Bárcenas y el Estado", ha recalcado la letrada, que atribuye al exministro la "dirección política" y la autorización de todo este operativo, sufragado con fondos reservados.
A través de una "abrumadora prueba", esta parte considera acreditado el empleo del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, cómo confidente, el volcado de tres de sus dispositivos, los seguimientos a la mujer y el hijo del extesorero o el "allanamiento" del taller de restauración de Rosalía Iglesias.
Especial énfasis ha hecho esta acusación en el control y el trato "vejatorio y delictivo" que según esta parte sufrió el extesorero en la prisión de Soto del Real, un centro empleado como un "instrumento de coacción" hacia Bárcenas y que "depende directamente del Ministerio del Interior". "Lo que no sabemos es lo que pensaban que podía llegar a tener para montar ese operativo", ha afirmado la letrada, que ha subrayado el "pánico" y el "miedo tremendo" que tenían al extesorero.
El objetivo de la operación "clandestina" e "ilegal" siempre fue el mismo: encontrar documentos y grabaciones en poder del extesorero, quien en su declaración como testigo en este juicio sostuvo que tenía grabado al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destruyendo la última hoja de la contabilidad extracontable del PP.
La cúpula de Interior y los altos mandos judiciales "sabían lo que estaban haciendo era delictivo, no para salvar al país, sabían que lo que estaban haciendo era para fines espurios, era para salvar al Gobierno", ha recalcado la letrada.
La familia Bárcenas pide 17 años y medio de cárcel para el exministro del Interior, su ex número dos, Francisco Martínez el excomisario José Manuel Villarejo y el resto de la cúpula policial y 11 años y medio de prisión para el exchófer Sergio Ríos.
La Abogacía del Estado también ve acreditada la operación ilegal
La Abogacía del Estado atribuye al exministro del Interior haber participado en la planificación, coordinación y seguimiento de una operación ejecutada con medios públicos, bajo una estructura opaca y paralela y "al margen de cualquier autoridad judicial" que bajo "directrices político operativas" buscaba localizar documentación de Bárcenas.
"El foco de esta operación no era perseguir delitos, sino controlar la información que pudiera tener Luis Bárcenas para una finalidad que era simplemente blindarse frente a terceros", ha recalcado la abogada del Estado, que se ha detenido además en las presión a la que se sometió al inspector que investigaba Gürtel, Manuel Morocho, que también considera acreditada.
Concluidas las intervenciones de las acusaciones, el juicio se retomará el próximo 22 de julio con los informes finales de las defensas.
