La UDEF ve a la empresa de las hijas de Zapatero como "elemento" para encubrir pagos del "entramado investigado"
- Los investigadores apuntan que la sociedad de las hijas "dispondría de la capacidad para generar facturación ad hoc"
- El juez instructor del caso solicita correos de Zapatero y de sus hijas desde 2020
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La UDEF cree que la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, encubría pagos vinculados al tráfico de influencias en el marco de la trama Plus Ultra. Según un informe al que ha tenido acceso RTVE, la sociedad 'Whathefav SL' "se perfila un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red".
Además, los investigadores apuntan que la sociedad de las hijas del expresidente "dispondría de la capacidad para generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles".
Captura de parte del informe de la UDEF y que explica el papel de la empresa de las hijas del expresidente. Policía Nacional
"La sociedad 'Whathefav SL' se erigiría como un centro de redistribución de flujos económicos, facilitando la canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada, ya que, independientemente de los vínculos familiares con José Luis Rodríguez Zapatero, éste también consta como autorizado en las cuentas bancarias de Laura y Alba Rodríguez Espinosa", indica el informe de la UDEF.
El juez del solicita correos de Zapatero y de sus hijas desde 2020
El magistrado José Luis Calama, en un nuevo auto conocido este lunes, ha solicitado los correos electrónicos remitidos y enviados desde la cuenta del expresidente desde el 20 de marzo de 2020 y hasta la actualidad. Para el magistrado, la información que pueda contener el correo electrónico, gestionado por la secretaria del exlíder del PSOE, Gertrudis Alcázar, resuelta clave, ya que desde la dirección “se transmiten instrucciones, se coordinan actuaciones, se elaboran borradores de facturas y se articula la apariencia documental de la actividad económica de la red”.
En el auto por el que solicita el contenido del buzón, Calama recuerda que la cuenta de correo se gestionaba desde la oficina de Zapatero, situada en la calle Ferraz de Madrid, justo enfrente de la sede nacional del PSOE, y ello “refuerza la hipótesis de que este era conocedor de la operativa financiera desarrollada y de que la cuenta constituía un instrumento esencial para la ejecución de los hechos investigados”.
Calama detalla que la empresa que gestiona el dominio deberá remitirle la “totalidad” de los correos electrónicos, ya estén en la bandeja de entrada, en la de salida, o sean borradores. También “los elementos eliminados y cualquier otra carpeta o clasificación existente, sin distinción de estado de lectura o marcación, junto con los metadatos correspondientes (remitentes, destinatarios, fechas, asuntos y archivos adjuntos), a fin de garantizar la preservación y disponibilidad de la evidencia digital necesaria para el desarrollo de la investigación”.
Uno de los mensajes de 'Gertru', la secretaria del expresidente Zapatero, a Cristóbal Cano, secretario de Julio Martínez.
No son los únicos correos que ha solicitado, Calama también ha exigido a la empresa que aloja el dominio de Whathefav, la agencia de marketing y comunicación de las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Zapatero, los emails de estas y de sus empleados. Solicita, al igual que en el caso de Zapatero, las comunicaciones fechadas entre el 20 de marzo de 2020 y la actualidad.
Reclama también el contenido completo de las cuentas de correo (mensajes recibidos, enviados, borradores o eliminados, al igual que los metadatos de los mismos). El magistrado remarca que Whathefav es una pieza clave del entramado financiero de la red y de ahí que pida el contenido de las comunicaciones.
“La sede de Whathefav constituye un espacio físico directamente vinculado a la actividad ilícita investigada, en el que razonablemente pueden hallarse documentación contable, facturas, contratos, borradores, archivos digitales, dispositivos electrónicos y comunicaciones internas que permitan reconstruir la cadena de instrucciones y la trazabilidad de los fondos”, justifica el juez.
