El Gobierno aprueba la ayuda a propietarios por impago de los inquilinos y crea Casa 47 para alquileres públicos asequibles
- La medida dirigida a proteger a los arrendadores era una petición de Junts
- El alquiler se fijará en función de lo que los ciudadanos puedan pagar y no superará el 30% de su sueldo
El Consejo de Ministros ha aprobado dos nuevas medidas para ayudar a paliar el problema de la vivienda en España. Por un lado, la transformación de Sepes en Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años. Y, por otro, la ayuda a los propietarios en caso de que se produzcan impagos de alquiler en arrendamientos de jóvenes o familias vulnerables, una medida que pedía Junts al Gobierno. Así lo ha confirmado la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el consejo de este martes.
Fuentes de Junts afirman que el decreto aprobado por el Gobierno, así como los otros guiños que les están haciendo, no tienen ningún impacto en ellos. Continúan con la ruptura y no van a apoyar ninguna ley del Gobierno.
La creación de Casa 47 —que recibe este nombre por el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna— tiene como objetivo gestionar todo el ciclo de vida de los inmuebles: desde la adquisición, gestión de suelos y entrega de llaves. En general, se sustenta en cuatro ejes: planificación, construcción, hacer barrio y atención a la ciudadanía. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya avanzó la puesta en marcha de esta medida el pasado jueves durante la presentación de la Entidad Estatal de Vivienda.
Entre las principales novedades, el Gobierno lanza una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más viviendas que Casa 47 ofrecerá como alquiler asequible. Los contratos de alquiler que gestione podrán tener una duración de hasta 75 años: el primer contrato será de 14 años de duración y, a partir de ahí, habrá prórrogas automáticas de 7 años "siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso".
El Ejecutivo ha introducido mecanismos legales para que todo lo que se construya con recursos públicos a través de la Entidad Estatal de Vivienda sea público de manera permanente y no se pueda privatizar.
Nadie destinará más del 30% de su renta a pagar el alquiler
Para asegurar la asequibilidad de la vivienda, el precio de los alquileres gestionados por Casa 47 estará limitado de tal manera que nadie destine más del 30% de su sueldo a pagar un arrendamiento. El Gobierno ha establecido un mecanismo por el que el precio del alquiler no se fijará en función de lo que ha costado construir la vivienda, sino de lo que la ciudadanía puede pagar. Así, la renta del alquiler se calculará sobre el sueldo medio de cada territorio, siempre limitado a que no sobrepase ese 30%. Sin embargo, en territorios donde no exista la tensión en los precios se fijarán otros factores correctores, como topar el precio de la vivienda para que no se supere el coste actual del alquiler.
En cuanto a los requisitos económicos para acceder a estas viviendas en alquiler asequible, a falta de conocer los detalles, el Gobierno ha adelantado que las personas deberán tener rentas de entre el 2 y el 7,5 del IPREM (entre 1.200 y 4.500 euros mensuales), lo que supondrá que el 60% de la clase media y trabajadora podrá acceder a estas viviendas, según cálculos del Ministerio.
Un portal online que se habilitará en 2026
De cara a simplificar el proceso de gestión y adjudicación de viviendas, en 2026 se habilitará un portal online en el que se podrán consultar las promociones disponibles, así como los requisitos concretos de cada una. Además, la plataforma permitirá formalizar las solicitudes de vivienda.
Casa 47 no nace "vacía", indicó Rodríguez el pasado jueves, sino que incorporarán a su cartera viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior, así como de las más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con capacidad para albergar otras 55.000 casas, propiedad de la Sareb. Junto a ello, la Entidad Estatal de Vivienda se nutrirá de construcción propia.
En lo que va de año, la entidad ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio de España. Asimismo, ha desbloqueado obras de urbanización en ciudades como Sevilla, Ibiza o Valencia, y próximamente lo hará en Málaga y Madrid, tan solo pendientes de aprobación municipal.
Ayuda a los arrendatarios, una petición de Junts
Por otro lado, el Ejecutivo ha dado luz verde a una de las medidas reclamadas por Junts. Concretamente, ha aprobado un real decreto que regula una cobertura ante posibles impagos del contrato de alquiler y cuya dotación se concretará próximamente. Para contar con esta ayuda, los propietarios deben firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables (según lo fije cada comunidad autónoma), cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria y suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval al alquiler.
Esta cobertura será gestionada por las comunidades de régimen común y por Ceuta y Melilla, que podrán fijar criterios adicionales si así lo consideran, tal y como ha explicado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado. ¿Qué cubre esta ayuda a arrendatarios? El impago de la renta de alquiler, los daños causados a la vivienda y el coste de suministros debidos, todo ello aplicado a contratos vigentes a 30 de enero de 2025.
Por su parte, los beneficiarios serán los arrendatarios de los inmuebles —que tendrán que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social— o las comunidades se han suscrito un seguro con ellos.