El Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 por el caso mascarillas
- Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio pero no irá a prisión por colaborar con la justicia con unas condiciones
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El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia y la contratación de dos conocidas suyas en empresas públicas. El Alto Tribunal también condena a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio de cárcel. Lo hace por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
En el caso de Aldama, el Supremo suspende a la ejecución de la pena por su colaboración con la justicia tras aportar al descubrimiento de los delitos y con una serie de condiciones: no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad. A su salida, el empresario ha dicho estar "satisfecho con la sentencia".
Ábalos, Koldo y Aldama formaron una organización criminal
La sentencia firme, adoptada por unanimidad y cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Martínez Arrieta, concluye que los tres acusados "constituyeron una organización, en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario".
A lo largo de 224 páginas de sentencia, a la que ha tenido acceso RTVE, el magistrado considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif (dependientes del Ministerio de Transportes) a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.
La sentencia afirma que Aldama canalizó las comisiones percibidas a través de dos sociedades por un importe de 6,6 millones de euros; y que Ábalos y su exasesor le pidieron 2,5 millones de euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos.
Mordidas y enchufismo
El alto tribunal da por acreditado también que Aldama abonó 10.000 euros al mes a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 hasta junio de 2022.
También condena a Ábalos por el "enchufismo" en la contratación de dos conocidas suyas en empresas públicas. En el caso de su examante Jessica Rodríguez, en INECO y TRAGSATEC. Y en el de la ex miss Asturias Claudia Montes, en LOGIRAIL.
Del mismo modo, constata el pago del piso a la primera de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
La sentencia recalca que "pronto vieron" los tres "la oportunidad de obtener un común beneficio económico" y que, "con tal ánimo de enriquecimiento", convinieron que, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE, "este podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas".
Deterioro "grave" de la confianza ciudadana en la política
Además, destaca "el grave deterioro de la confianza ciudadana" en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado, teniendo en cuenta que uno de los condenados era "una autoridad de especial relevancia" en su condición de ministro y, "al tiempo, secretario de organización del partido que sustenta al Gobierno".
En los fundamentos de Derecho, el Supremo hace constar que la corrupción quiebra "la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía" y eso provoca que la sociedad perciba que quienes ocupan posiciones de poder "actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio".
Eso lleva, añade, a experimentar "una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema". Y esgrime que los actos de corrupción "guardan una conexión directa con el ejercicio de la autoridad política, y, por ello, poseen un potencial desestabilizador mucho mayor".
Son "actos que socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de Derecho", lamentan los magistrados, que recuerdan que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya adujo en su alegato final que la corrupción "estaba carcomiendo nuestro sistema democrático".
Los acusados estaban citados para la lectura de la sentencia en el Tribunal Supremo a las 12.00 de este lunes, aunque Ábalos y Koldo García la han tenido que seguir de forma telemática desde prisión. El magistrado ha decidido previamente blindar la sala ante posibles filtraciones y hacer la lectura en sala con la retirada de todos los teléfonos móviles.
Dos meses tras el juicio
El fallo se conoce dos meses después de que quedar visto para sentencia uno de los juicios que mayor expectación ha generado de los últimos tiempos. Durante 14 sesiones celabradas a lo largo de un mes en el Tribunal Supremo, se pudo escuchar a más de 70 testigos, así como a los tres acusados que se sentaron en el banquillo por concertarse para obtener "un común beneficio económico" en la contratación públicas de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE.
El exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien fuera mano derecha del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, lleva en prisión desde el pasado mes de noviembre, cuando el juez instructor decretó su encarcelamiento provisional por el riesto de fuga ante las elevadas penas a las que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción. En el juicio, Ábalos denunció haber sufrido un "juicio paralelo".
También el exasesor ministerial Koldo García estaba en prisión desde noviembre por las mismas razones que Ábalos. Durante el juicio, se pudo ver que mantienen la buena sintonía que ya tenían de etapas anteriores. Es más, durante el juicio García se deshizo en elogios hacia el que fuera su jefe. También durante su declaración en el juicio, apuntó que el PP, que lideraba la acusación popular, le había ofrecido que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles" para no entrar en la cárcel.
Víctor de Aldama era considerado por la Guardia Civil como el "nexo corruptor" y estrechamente vinculado con Soluciones de Gestión, empresa que se ubica en el centro de la trama. En el juicio, Aldama señaló que él no constituyó ninguna organización criminal, sino que se integró en una que venía "funcionando desde 2015" y admitió que llevaba "mordidas" de constructoras al Ministerio de Transportes y a casa de Ábalos.
Tras pasar poco más de un mes en prisión preventiva como investigado en un fraude de hidrocarburos, Aldama optó por colaborar con la Justicia, por lo que las acusaciones optaron por rebajar sus peticiones de pena.
Las peticiones de condena a las que se enfrentaban
Tras el juicio, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo sus peticiones de pena para los acusados. En el caso de Ábalos, reclamaba 24 años de prisión para Ábalos, así como una multa de 3,81 millones de euros y la inhabilitación para cargo público. Para Koldo García, el Ministerio Público solicitaba 19 años y medio de prisión, multa de 3,78 millones e inhabilitación para ejercer cargo público. Y en cuanto a Aldama, la Fiscalía reclamaba una pena de siete años de cárcel, inhabilitación para cargo público y una multa superior a 3,71 millones de euros.
Por su parte, las acusaciones populares coordinadas por el PP también mantuvieron su petición de 30 de años de cárcel para Ábalos y García, mientras que en el caso de Aldama, rebajó su petición de siete a cinco años y dos años, al tener en cuenta la confesión de Aldama, que dijo haber pagado comisiones millonarias al exministro y al exasesor, motivo que consideraron suficiente para aplicar una circunstancia atenuante muy cualificada de confesión y reducir su condena.
El origen del caso
El caso arrancó tras una denuncia del PP de Madrid a la Fiscalía Anticorrupción de varios contratos de mascarillas, interpuesta en marzo de 2022, poco después de que saltara el caso relacionado con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, caso que quedó finalmente archivado.
En febrero de 2024, la Guardia Civil detiene a una veintena de personas, entre ellas a Koldo García, por la presunta compra irregular de mascarillas durante la pandemia. Entonces Ábalos, que era solo diputado socialista por Valencia, negó conocer el caso y aseguró que las contrataciones se habían hecho "a través de mecanismos legales".
Solo unos días después de la detención del exasesor ministerial, el PSOE pidió a Ábalos que entregara su acta, al considerar que como exministro tenía una "responsabilidad política" en el caso, aunque en aquel momento, no estaba ni investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figuraba en la investigación. El exdirigente socialista decidió mantener el escaño y pasar al Grupo Mixto para defender su "honorabilidad". "Me hubiera gustado tener el respaldo de la dirección de mi partido", dijo en la rueda de prensa en la que anunció que seguiría de diputado y en la que también lamentó la "falta de compañerismo". Tras conocerse su decisión, el PSOE decidió suspenderle cautelarmente de militancia.
Ocho meses después de que estallara el caso con la detención de García, en octubre de 2024, un informe de la UCO situó a Ábalos en el epicentro del caso y al borde de la imputación, al apuntar a su "papel relevante y responsabilidad". Finalmente en diciembre de ese año, el exministro tuvo que declarar en el Supremo como imputado en un juicio que ha terminado con las condenas citadas anteriormente.
