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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha justificado que se eligiera la propuesta de Luis Medina, el empresario que se embolsó comisiones millonarias por mediar en la compra de mascarillas al inicio de la pandemia, porque su socio Alberto Luceño y él "garantizaron un millón de mascarillas" y que llegarían en "20 días", porque era prioritario en ese momento "obtener ese material sanitario lo antes posible".

"Estos proveedores garantizaban mascarillas en 20 días cuando nadie tenía mascarillas", ha explicado en una entrevista en La Hora de la 1, en la que ha vuelto a incidir en que su primo no conocía a Medina y que solo se "limitó a darle un buzón de correo público y oficial".

Además, Almeida ha defendido que no se pagó nada directamente a Medina y Luceño, sino que se pagó a los proveedores directamente.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha analizado el caso Pegasus y sus posibles consecuencias a nivel nacional y ha desgranado el caso Mascarillas que salpica al Ayuntamiento de Madrid, así como la comisión del hermano de Isabel Díaz Ayuso por conseguir material sanitario en lo peor de la pandemia. Durante su entrevista en La noche en 24 horas, García ha señalado que "el gobierno de Almeida y Ayuso se han encargado más de verificar las comisiones que de verificar la calidad de las mascarillas". Ha criticado las políticas "nefastas" de la presidenta madrileña e indicado que "a mí me parece que a la señora Ayuso le falta calle y le sobra pandilla". Además, ha hablado de las encuestas de intención de voto y subrayado que "el Partido Popular y la señora Ayuso han tocado techo y Más Madrid no".

El Tribunal de Cuentas ha puesto la lupa en más de 3.000 contratos por un valor total de más de 200 millones de euros. El estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia de COVID-19 permitía aligerar los controles habituales en la contratación pública. Además, la gran escasez de material sanitario acabó en descontrol. Así, mientras el Ayuntamiento de Zaragoza compraba cada mascarilla a 1,60 euros, el de Madrid llegó a pagar más de seis euros por unidad. Este precio, el más caro de todos, corresponde al contrato del consistorio con Malasia a través de los comisionistas Luceño y Medina y que les ha llevado ante la justicia. El baile de precios es una de las anomalías que ha detectado el Tribunal de Cuentas.

Foto: Mascarillas FFP2 (Getty Images)

El  'Caso mascarillas' ha sacado a la luz la forma en la que se firmaban los contratos para suministro de material sanitario durante lo peor de la pandemia. Contratos por teléfono, sin comprobaciones y sin contrastar varias ofertas.
El Tribunal de Cuentas revisó los contratos públicos durante 2020 y desveló innumerables anomalías. El informe revela la picaresca de los Ayuntamientos para colar como contratos de emergencia, por ejemplo la compra en Madrid de un pebetero, campañas para potenciar la movilidad en Barcelona, gastos en jardinería en Sevilla. La investigación del Tribunal de Cuentas desvela otros datos entre los más llamativos la disparidad de precios a los que compraron los ayuntamientos. En Zaragoza una mascarilla como esta costó un euro con 60, en Barcelona dos y medio, Palma pagó casi 4 y Madrid más de 6 euros.

FOTO: EFE/José Jácome

Por primera vez en dos años, hemos podido ver las caras de los diputados en el hemiciclo. Este miércoles ha sido la primera sesión de control sin ser obligatoria la mascarilla. Los políticos llevaban tanto tiempo sin verse las caras que al final cualquiera diría que ya no se conocen. El fin de la mascarilla se ha visto en sus caras y en algún discurso. La Vicepresidenta Calviño ha espetado al portavoz de Vox en el Congreso que "ha sido quitarse la mascarilla y vérsele su verdadera naturaleza". Caras de atención, de asombro, risas. También se echaba de menos la comunicación no verbal, sobre todo cuando se lanzan dardos de un lado al otro del hemiciclo.

FOTO: EFE/ J.J.Guillén

RNE ha podido confirmar que el modelo de contrato presentado por Alberto Luceño y Luis Medina en la compra de mascarillas por parte del Ayuntamiento es falso y no está avalado. Así lo ha indicado la Cámara de Comercio Internacional, desde donde han asegurado que el modelo presentado como prueba del juicio es falso y no cuenta con el respaldo de la institución. Esto contradice la versión de Luceño, quien lo empleó en abril de 2021 como justificante de su papel como intermediario en la declaración frente al fiscal, a la que también ha podido tener acceso RNE.

Informa Àlex Llorca.

En el Ayuntamiento de Madrid se ha celebrado un Pleno extraordinario en el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha dado explicaciones sobre el caso de las comisiones millonarias por la compra de mascarillas. Almeida ha censurado que la oposición trate de "señalar" a un familiar suyo cuando "únicamente" facilitó "una dirección de correo electrónico". La oposición acusa al alcalde de introducir en el Consistorio el despilfarro y el clientelismo.

FOTO: EFE/ Juan Carlos Hidalgo

RNE ha tenido acceso a los audios de las declaraciones en el juzgado de Plaza de Castilla de Luis Medina y Alberto Luceño, los comisionistas del "caso mascarillas", que han intentado justificar la legalidad de sus comisiones mientras el juez se ha mostrado vehemente, con tono de enfado y de indignación.

Los dos empresarios están acusados de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, y Medina, además, por alzamiento de bienes. Ambos tienen retirado el pasaporte y tendrán que comparecer ante el juzgado cada 15 días.

A las nueve y cuarto de la mañana de hoy está convocado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid que se prevé tenso a juzgar por las acusaciones y los reproches de estos días de todos los grupos contra el Alcalde Martínez Almeida, que se enfrenta a la oposición en bloque.

Informan Leticia Gil y Gema Alfaro. 

Alberto Luceño y Luis Medina están acusados de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Ambos tendrán que comparecer cada quince días en el juzgado porque el juez estima riesgo de fuga.

Medina también está imputado por alzamiento de bienes, pero defiende que antes de declarar ante la Fiscalía ya había dispuesto del dinero en préstamos y en ayudar a gente. Y niega que el fiscal le advirtiese de que podía ser un delito.