La Fiscalía no ve indicios suficientes para juzgar a Íñigo Errejón por agresión sexual y pide el archivo de la causa. No cuestiona la versión de Elisa Mouliaá, la mujer que lo denunció, pero no ve acreditado que el exdiputado fuera consciente de que la actriz no consentía. Ahora tiene la palabra la Audiencia Provincial.
Foto: ARCHIVO EFE / DANIEL GONZÁLEZ
La jueza de la dana ya tiene el primer borrador del mensaje de alerta que se redactó en el Cecopi y no se envió. El documento, que ha visto RTVE, pide a la población que permanezca en sus domicilios y se redactó a las seis y cuarto de la tarde. Después, la consellera Salomé Pradas informó por WhatsApp al jefe de gabinete de Mazón que le contestó: "De confinar, nada". El mensaje final se mandó a las 20.11 horas.
Foto: EFE/ Kai Försterling
Los bomberos recibieron a las 14:42 horas del día 29 de octubre de 2024 la orden de retirarse del barranco del Poyo y de otras zonas afectadas por la dana, que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Radio Nacional de España ha obtenido los audios de los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo, el río Magro y otras zonas. Los testimonios demuestran que recibieron la orden de retirarse de sus puestos, pero no aclaran de dónde procedía esta orden.
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ordenó la detención este miércoles de la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso en el marco de una investigación en la que indaga si los tres cobraron 750.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones.
Las pesquisas se centran en cinco contratos empresariales sospechosos de amaño por un valor de casi 133 millones de euros, a través de relaciones e influencias sobre personas vinculadas a la administración pública. Presuntamente, utilizaban una empresa pantalla para canalizar los fondos.
Imagen: Diego Radamés/Europa Press
Objetivo Igualdad da el dato que publica Funcas de que las juezas son mayoría, un 57 % de los magistrados en activo de España. Son aún más numerosas en muchas comunidades como Madrid, Galicia o País Vasco. Sin embargo, esta feminización de la justicia no se refleja si hablamos de altos cargos. De cada 100 jueces, hay 63 juezas de primera instancia, primer punto de contacto de los ciudadanos con el sistema judicial. Pero solo son ya 43 por cada 100 en los juzgados de segunda instancia, encargados de revisar las resoluciones de la primera instancia. Y es tremendo, porque se reduce dos tercios, hasta el 21% el número de mujeres en el Tribunal Supremo. La explicación, en parte, viene por las diferencias en la antigüedad en la carrera judicial. En España las mujeres accedieron a la judicatura en igualdad de condiciones con los hombres en los años sesenta… y en 2013 superaron por primera vez el 50%.
Este sábado ha estado marcado por las citas judiciales. La Audiencia Nacional ha dejado en libertad con medidas cautelares a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al socio de Santos Cerdán en Servinavar Antxón Alonso. También han quedado en libertad provisional con cautelares los cuatro detenidos por el caso Plus Ultra, que lleva un juzgado de Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dejado en libertad con medidas cautelares, tras tomarles declaración, a la ex militante socialista, Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que deje en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán.
Foto: EFE/ Sergio Pérez
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha dicho en 24 Horas que el procedimiento contra el fiscal general del Estado: "Nunca debió llegar a sentencia", ya que "no tenia carácter de secreto". Pallín hace referencia a las "incongruencias" que encuentra en la sentencia a lo largo de la página 18 y a tenor de la información recopilada en el correo electrónico, estima que "el propio interesado se confesó autor de los hechos delictivos y pidió que se llegase a una conformidad para reducir la pena".
Para el magistrado, "es un día muy lamentable para la justicia en España" y añade que el tribunal se ha dejado "influenciar descaradamente por la presión política", lo que supone un claro caso de "lawfare": "Se ha convertido en un caso contra el Gobierno (...), se ha utilizado como arma o munición política". Pallín se reafirma en que la sentencia es "absolutamente incongruente" y "vulnera el derecho del fiscal al principio acusatorio": "Nunca supo de qué se le acusaba".
Para terminar, abre la posibilidad de que se presente un recurso en el Tribunal Constitucional ya que aclara: "Nunca he visto una sentencia que vulnere tantos derechos fundamentales como esta".
Conversamos con Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas, que nos presenta su libro Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets Editores). Con él analizamos el escenario actual de la justicia en España, la separación de poderes, la independencia de la justicia y la capacidad y voluntad de rectificación del sistema judicial.
El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha afirmado este jueves ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que planteó el envío del mensaje de alerta, el ES-Alert, a la población sobre las 17.15 horas, ante las imágenes que les llegaron de personas en los tejados en Utiel y Requena, y que lo volvió a sugerir a las 17.38 horas.
Suárez estaba citado a declarar como testigo este jueves ante la jueza de Catarroja por ser el técnico de más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Fue además quien acompañó a la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa, durante la jornada del 29 de octubre, y también en el Cecopi.
FOTOGRAFÍA: MANUEL BRUQUE / EFE
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