Peinado archiva definitivamente la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid en el caso Begoña Gómez
- Francisco Martín ha estado investigado desde el pasado mes de mayo en esta causa por un delito de malversación
- La Audiencia de Madrid le emplazó a retirar su imputación al considerar que se basó en "meras suposiciones"
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El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez, contra la esposa del presidente del Gobierno, ha dejado definitivamente fuera del procedimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, después de que la Audiencia Provincial le emplazase a retirarle su condición de investigado por un presunto delito de malversación en la contratación de la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, al considerar que su imputación se basó en "meras suposiciones".
Tras esta resolución de la Audiencia, dice el magistrado en su auto al que han tenido acceso EFE y Europa Press este jueves, "resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos", de modo que acuerda el sobreseimiento libre de la causa para él.
Francisco Martín ha estado investigado desde el pasado mes de mayo en esta causa por un delito de malversación al considerar el juez que había indicios contra él en relación a la contratación y conocimiento del trabajo de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo (entre 2021 y 2023).
Peinado admitió a trámite la querella presentada por Vox y citó como investigado a Martín Aguirre por ese presunto delito, por participar "aparentemente" en la contratación de la asesora de Moncloa para la esposa del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, desde "su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".
La Audiencia de Madrid no veía el "más mínimo indicio" de malversación
Sin embargo, la Audiencia de Madrid, hace unas semanas, dejó claro que no hay "el más mínimo indicio" de que Martín Aguirre, cuando ocupó ese cargo, participase en una presunta desviación de las funciones públicas que debía cumplir Cristina Álvarez.
En ese auto los magistrados del órgano superior estimaron los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, a los que se sumaron Begoña Gómez y Cristina Álvarez, contra la decisión del juez de imputar a Martín -tras una querella de Vox- argumentando que "no consta que supiera" que Álvarez "estaba excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez", de modo que la querella solo expone "meras suposiciones".
Y reiteraron lo que ya dictaron junio, que la investigación sobre Álvarez debe centrarse en si esta asesora sobrepasó sus funciones públicas "para favorecer el plan delictivo" de Begoña Gómez, mediante "la desviación de medios públicos, puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
El delegado del Gobierno reconoce "alivio" pero exige "reparación"
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reconocido tener una sensación de "alivio" tras conocerse oficialmente su desimputación en el 'caso Begoña Gómez', si bien ha exigido una "reparación" para todos los encausados en un tema en el que "no hay nada" por la "violencia política" a la que son sometidos.
"Siempre señalé que nunca había nada, y todo va a terminar en nada", ha aseverado Martín en declaraciones a la prensa desde la Delegación del Gobierno, donde ha incidido en que "no hay caso" y ha reconocido haber pasado por "meses de verdadero sufrimiento" aún siendo consciente de que "no había nada que temer".
Es en este punto que Martín ha reconocido que, siendo investigado en esta causa, ha sufrido "una presión, un ruido e incluso una violencia política importante". Así, ha señalado que "todo ha terminado" para él, pero sigue habiendo otras personas encausadas "que siguen estando sometidas a esta presión injusta y cruel".
El juez Peinado mantiene investigados a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos; a Cristina Álvarez por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; y al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.
En la causa se investiga si la esposa del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.
