El Supremo de Brasil condena a penas de hasta 26 años de cárcel a cinco acusados por el intento de golpe de Estado
- También se les ha impuesto una multa conjunta de algo más de 4,6 millones de euros "por daño moral colectivo"
- Por el momento, el alto tribunal ha condenado "a 810 personas" en un proceso judicial que ha aglutinado 1.734 acciones penales
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El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido por unanimidad este martes condenar a penas de prisión de ocho a 26 años a cinco de los seis imputados en el segundo de los cinco grupos de acusados por el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, una trama que tuvo lugar entre 2022 y 2023.
Entre los condenados está el general retirado del Ejército Mário Fernandes, que se desempeñaba como secretario ejecutivo de la Presidencia y ha recibido por su rol en la trama la pena más alta del grupo: 26 años y seis meses de prisión. Asimismo, el entonces director de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vasques, ha sido sentenciado a 24 años y seis meses de cárcel, mientras que los exasesores de Bolsonaro Marcelo Cámara y Filipe Martins —éste, de asuntos internacionales—, han recibido sendas condenas de 21 años de prisión.
Se les imputan cinco cargos
Sus penas responden a los cargos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daños agravados y deterioro del patrimonio.
Por su parte, la exdirectora de Inteligencia del Ministerio de Justicia, Marília Alencar, ha sido condenada únicamente por intento de abolición violenta del Estado democrático de Derecho y golpe de Estado, por lo que se le ha condenado a ocho años y seis meses de prisión.
Tanto a Alencar como a Vasques se les ha impuesto la pérdida de sus respectivos cargos públicos —respectivamente, delegada de la Policía Federal y secretario municipal de Desarrollo Económico en la ciudad de San José, en el estado de Santa Catarina—.
Asimismo, el alto tribunal ha decidido suspender por ocho años los derechos políticos de todos los acusados, que "no podrán votar ni postularse para ningún cargo público", según ha rezado el comunicado, que también recoge una multa conjunta por valor de 30 millones de reales brasileños (algo más de 4,6 millones de euros) "por daño moral colectivo". Una sanción a pagar "junto con todos los condenados por su participación en los sucesos del 8 de enero de 2023".
En cambio, el delegado de la Policía Federal Fernando Oliveira, ha sido absuelto por falta de evidencia en su contra, ya que, según el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, "incluso si hubiera tenido conocimiento de los hechos, no existen pruebas suficientes de que se uniera al movimiento golpista".
El alto tribunal ha condenado ya "a 810 personas"
El juicio del segundo grupo de acusados ha sido el último de los cinco en celebrarse, en el marco de un largo proceso judicial que ha aglutinado 1.734 acciones penales, 619 de ellas sobre "crímenes más graves, como organización criminal, intento de golpe de Estado y delitos contra el Estado democrático de derecho", según ha indicado el Supremo en otro comunicado.
Como resultado, al final del año judicial, la Primera Sala de la corte ha condenado "a 810 personas, 395 por delitos graves y 415 por delitos menos graves, además de 14 absoluciones", ha señalado el texto. También apunta a 346 causas penales aún en fase final de investigación y 98 acusaciones ya presentadas, "en su mayoría relacionadas con quienes financiaron los hechos, lo que requirió investigaciones más complejas".
En este contexto, la jueza decana de la Sala, Carmen Lúcia, ha estimado que "es inédito en la historia de Brasil que el Tribunal Supremo haya sido llamado, si no para prevenir, al menos para dejar claro que toda forma de agresión contra la democracia, las instituciones democráticas y el Estado democrático de Derecho tiene hoy una respuesta conforme a la legislación brasileña".
"Y esta respuesta se dará porque existe un Poder Judicial independiente e imparcial para juzgar todos los casos", ha concluido.
El proyecto para reducir la condena de Bolsonaro podría dejar en libertad a otros condenados
El senador Esperidiao Amin, responsable del proyecto de ley que busca reducir las condenas de los implicados en el intento de golpe de Estado de 2022, entre ellos el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha admitido que necesita cambios antes de enviarse al Senado tras ser aprobado por la Cámara de Diputados.
Amin ha explicado que tal y como está redactado el texto aprobado en la Cámara Baja, podrían beneficiarse otros condenados por hechos que nada tuvieron que ver con los incidentes violentos del 8 de enero de 2023. "El proyecto de ley abarca otros tipos de delitos, desde corrupción hasta explotación sexual", ha contado. "Estoy seguro de que ningún senador votará a favor", ha reconocido el senador del conservador partido Progresistas, en una entrevista para GloboNews.
Según ha revelado, el texto actual podría beneficiar a personas condenadas por delitos de explotación sexual, proxenetismo, coacciones, u organización criminal, y ha considerado todo "un desafío a la creatividad" retocar el proyecto sin que tenga que volver a pasar por del debate de la Cámara Baja.
Amin ha insistido en que las condenas a los implicados en la trama golpista "son muy severas y desequilibradas". La del expresidente brasileño asciende a 27 años y tres meses de cárcel, siete de los cuales ha de cumplir en régimen cerrado, que cumple ya en una celda especial en la sede de la Policía Federal, en Brasilia.
Bolsonaro, que buscaba cumplir su condena bajo arresto domiciliario, fue enviado a este espacio después de que intentara retirarse la tobillera electrónica. El texto, aprobado hace unos días por la Cámara Baja, es una alternativa al proyecto de ley de amnistía con el que se pretende reducir drásticamente las penas por golpismo y desórdenes públicos. En el caso del exmandatario, los siete años a cumplir en régimen cerrado pasarían a dos años y cuarto meses.
Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, evitó hablar al respecto, si bien dejó claro que Bolsonaro "tiene que pagar por su intento de destruir la democracia" y que ya tomará una decisión en caso de que el texto llegue a su escritorio.
