Cinco delitos y 27 años de cárcel para Bolsonaro: la sentencia al primer exmandatario brasileño condenado por golpismo
- Ha sido condenado por conspirar contra el orden democrático al intentar arrebatar el poder a Lula da Silva
- EE.UU. ha calificado el proceso de "caza de brujas" y ha presionado a través de aranceles y sanciones
Por primera vez en la historia, Brasil ha condenado a un expresidente por un intento de golpe de Estado. Jair Bolsonaro (2019-2022) ha recibido una sentencia de 27 años de cárcel por conspirar contra el orden democrático al intentar arrebatarle el poder a Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022, en las que el líder izquierdista se alzó con la victoria. Sin embargo, evitará la prisión por ahora, ya que su defensa aún puede apelar. El proceso, tildado de "caza de brujas" por el Gobierno estadounidense, se ha situado en el centro de las tensiones entre los Gobiernos de Washington y Brasilia.
En la apertura de la fase final del juicio, el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, aseguró que habría sentencia pese a "las presiones externas", y así ha sido. Los magistrados declararon la culpabilidad de Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores por cuatro votos a uno, dos días después de que De Moraes enumerara las pruebas que, en su opinión, demostraban que la culpabilidad de los acusados.
Han sido acusados por conspirar no solo para que Lula no asumiera el cargo, sino también para asesinar al ahora presidente y a su entonces compañero de fórmula, el vicepresidente Geraldo Alckmin. En RTVE.es te contamos las claves del proceso.
¿Por qué delitos han condenado a Bolsonaro?
El líder de la ultraderecha brasileña es el principal acusado en un proceso que se centra en el asalto al poder que tuvo lugar en Brasilia en enero de 2023, solo una semana después de la investidura de Lula da Silva como presidente. La Corte Suprema de Brasil le imputó por cinco delitos: golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal armada, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado contra patrimonio público. Y ha sido declarado culpable de todos ellos.
En julio, el general retirado Mário Fernandes confirmó haber redactado un documento denominado "Puñal verde y amarillo" que contemplaba los asesinatos de Lula, Alckmin y De Moraes dentro de una supuesta conspiración para mantener en el poder a Bolsonaro. Aunque aseguró que se trató de una "idea personal" y un "estudio de la situación" del que rompió la copia física poco después, la acusación sostiene que Bolsonaro estuvo al tanto del plan y que "siguió de cerca" su evolución y fecha prevista de ejecución.
Este martes, De Moraes aseguró que ese plan estaba "ampliamente comprobado en los autos" y aseguró que había, incluso, "un exceso de pruebas". Según la investigación, Fernández, antiguo asesor del líder ultraderechista y también imputado, imprimió el documento con la operación para cometer el magnicidio en noviembre en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, y posteriormente se dirigió al Palacio de la Alvorada, residencia oficial Bolsonaro, que en aquel momento aún era presidente.
Bolsonaro no ha asistido a las sesiones del juicio alegando motivos de salud. Desde agosto, el exmandatario está bajo arresto domiciliario y lleva una tobillera electrónica por orden judicial. Además, desde hace dos semanas, está bajo "vigilancia permanente" por "riesgo de fuga" después de que los investigadores encontraran un "borrador" de una solicitud de asilo político en Argentina, una acusación que sus abogados niegan.
Asimismo, desde el mes de julio, el líder ultraderechista tiene prohibido contactar con funcionarios extranjeros, utilizar las redes sociales o acercarse a embajadas.
¿En qué consistió el golpe contra la democracia en Brasil?
El 8 de enero de 2023, la democracia brasileña resistió el asalto de miles de bolsonaristas a las sedes del Gobierno, el Parlamento y el Tribunal Supremo en una acción que recordaba mucho a lo sucedido dos años antes en el Capitolio estadounidense. Mientras Lula preparaba su investidura —había ganado las elecciones en octubre— simpatizantes de Bolsonaro llevaban semanas acampados frente a cuarteles pidiendo un golpe militar, mientras circulaban en redes teorías sobre un presunto fraude electoral.
No lograron movilizar al Ejército, pero ese día pasaron a la acción y, durante cerca de cinco horas, la democracia brasileña se tambaleó. Miles de personas ataviadas con los colores de la bandera brasileña y cargados con banderas desfilaron hacia la plaza de los Tres Poderes e irrumpieron en los distintos edificios para destruir todo lo que se encontraron a su paso. Lula estrenaba su mandato decretando la intervención federal en Brasilia y ordenando el cierre de la capital durante 24 horas.
Bolsonaro, que se encontraba en Florida y que no había asistido a la investidura del líder izquierdista, condenó la acción de forma tibia y se desmarcó. Además, criticó "las acusaciones, sin pruebas" vertidas por el actual mandatario, que no tardó en señalar a su predecesor por "estimular" a sus partidarios más radicales. Una vez imputado, el exmandatario ha defendido que el actual proceso en su contra tiene claras motivaciones políticas, una idea que secundan sus seguidores.
"No se trata de un juicio político, sino del juicio de políticos que intentaron activamente un golpe de Estado", explica a RTVE.es el profesor de Estudios Brasileños de la Florida International University, Guilherme Casaroes, que recalca lo "inédito" de este hecho en la historia brasileña, "marcada por la impunidad en los intentos anteriores de ruptura democrática". Sobre las acusaciones de "politización" de la Corte Suprema y de De Moraes, afirma que muchas son "legítimas" pero insiste en que "eso no significa que la ley no esté siendo respetada ni que la condena deje de ser legal, justa y necesaria".
La politóloga brasileña Carolina Botelho señala que el juicio que ha llevado al banquillo de los acusados a "figuras políticas clave que intentaron dar un golpe", entre ellos, "generales nostálgicos del golpe de 1964, de la persecución política y de los asesinatos y torturas llevados a cabo por la dictadura". Eso, insiste, "es lo que está en juego"; "y Brasil tiene una Constitución que fue atacada, pero que establece normas para tratar a los golpistas respetando el Estado de derecho".
"Es cierto que el panel de jueces no es todo lo equilibrado que debería ser —entre los cinco magistrados figuran Cristiano Zanin, exabogado de Lula, y Flavio Dino, exministro de Justicia del presidente— pero todo dependerá de los argumentos y pruebas que presenten", afirma Ayuso, que insiste en que lo que está claro es que se trata de un proceso "contra un acto que atentaba contra las instituciones".
¿Qué papel ha jugado Estados Unidos?
"Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya", dijo Donald Trump al conocer la sentencia. "Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes", aseguraba el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que defendió que la Corte Suprema de Brasil ha decidido encarcelar "injustamente" al expresidente. La presión ejercida desde Washington para frenar el proceso, no ha dado sus frutos.
En julio, Donald Trump anunció un arancel del 50% a Brasil por la manera en la que el país "ha tratado" a Bolsonaro y como represalia ante "una caza de brujas que debería terminar inmediatamente". Además, el Departamento del Tesoro sancionó a varios jueces del Supremo brasileño, entre ellos a De Moraes, por lo que califican de "proceso judicial politizado" y una "campaña represiva de censura y detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos". "La toga judicial no los protege", dijo Rubio.
Los aranceles suponen "claramente" un castigo a Lula da Silva que, sin embargo, no está teniendo el efecto deseado, explica a RTVE.es la investigadora senior para América Latina en CIDOB, Anna Ayuso, que antes de conocer la sentencia no creía que fuera "a influir en la decisión de los jueces y, además, las encuestas reflejan una mejoría para Lula. [...] Las amenazas de EE.UU. más bien han tenido el efecto contrario, como ya ocurrió en Canadá", asegura.
"En defensa abierta de Bolsonaro, la Casa Blanca tomó una serie de medidas contra la economía y las instituciones democráticas brasileñas, en un ataque sin precedentes en la historia de la relación bilateral", explica a este medio el profesor de Estudios Brasileños de la Florida International University, Guilherme Casaroes. El diputado Eduardo Bolsonaro (hijo del expresidente brasileño y afincado en EE.UU.) "creía que la presión norteamericana podría forzar al poder judicial brasileño a revertir la situación de su padre", pero no ha sido así.
El experto apunta, además, a una "agenda geopolítica" detrás de esta política arancelaria y menciona "el deseo de debilitar a los BRICS". Pero esa parte tampoco le ha funcionado a Washington, ya que las relaciones entre Brasil, China y el resto del bloque "se han fortalecido".
En la misma línea apunta la politóloga brasileña Carolina Botelho. "Brasil es un actor privilegiado en este ámbito; por lo tanto, influir en el proceso electoral aquí sería un activo importante para fortalecer el poder de EE.UU. en la región. En otras palabras, puro oportunismo", añade.
¿Cómo puede afectar al bolsonarismo?
En 2022, Lula ganó las elecciones por la mínima y Bolsonaro sigue gozando de una amplia base electoral que le apoya. En los últimos meses, miles de bolsonaristas han salido a las calles para respaldar a su líder y, como ocurrió en agosto, para dar las gracias a Washington por la presión ejercida al Ejecutivo de Lula. De hecho, el domingo los seguidores del exmandatario protagonizaron una nueva jornada de protestas en ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia.
A la concentración más multitudinaria acudió la mujer del exmandatario, Michelle Bolsonaro, que se mostro confiado en que "toda la farsa" contra su marido "caerá por tierra". Antes de su arresto domiciliario, el líder ultraderechista también se dejó ver en algunas de esas marchas.
"Hemos observado una reducción de la base alineada con Bolsonaro. Sin embargo, una parte significativa de la población comparte sus ideas y podría acabar encontrando un nuevo portavoz para las reivindicaciones de la extrema derecha", explica Botelho. Por ello, apunta Casaroes, la sentencia "difícilmente" influirá en su popularidad. Pese a su inhabilitación y a haber sido acusado de diversos delitos, "Bolsonaro sigue contando con la lealtad de casi un tercio de la población, que cree que es víctima de persecución política", afirma el analista.
Ahora bien, "a pesar de que sus abogados quieren impugnarlo, es muy difícil que pueda acudir a las próximas elecciones. Y el problema del bolsonarismo es que es que no tiene otro líder claro", expone Ayuso. Pese a que hay una pugna entre diferentes postulantes, como sus hijos y su mujer, que tratan de aprovechar "el tirón" del líder ultraderechista, el suyo es un movimiento personalista y, como señala Casaroes, "su prisión y consecuente ausencia en los comicios hace más difícil el regreso de la ultraderecha a la presidencia".
Los escenarios, dice Botelho, ya están definidos. "Hay un presidente en ejercicio que trata por todos los medios de proteger la democracia y una extrema derecha alineada con Bolsonaro, fragmentada por su familia, que no está dispuesta a renunciar a su bastión electoral". El reto, añade, es identificar quién es más competitivo para competir contra Lula en las próximas elecciones, previstas para 2026.
