EE.UU. anuncia nuevas sanciones contra el juez brasileño De Moraes por "politizar" el proceso judicial contra Bolsonaro
- El anuncio llega cuando Trump ha firmado la orden ejecutiva para ampliar los aranceles a Brasil hasta el 50%
- Washington suspenderá todas las cuentas del magistrado en Estados Unidos
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones al juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, el magistrado encargado de la imposición de medidas cautelares al expresidente brasileño Jair Bolsonaro y a quien EE.UU. acusa de llevar a cabo un "proceso judicial politizado". El anuncio de Washington, que bloqueará todos los bienes que De Moraes tenga en el país, ha coincidido con la firma del presidente Donald Trump de la orden ejecutiva que amplía los aranceles a Brasil hasta el 50%.
"Todos los bienes e intereses en bienes [...] que se encuentren en EE.UU. o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados", afirma un comunicado del Departamento del Tesoro que menciona también el bloqueo de cualquier entidad bajo propiedad del magistrado. El Gobierno estadounidense asegura que el juez brasileño ha liderado "una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro".
Las sanciones aplicadas están recogidas en "el programa Global Magnitsky, por graves abusos contra los derechos humanos", según ha confirmado en una breve publicación en X el secretario de Estado, Marco Rubio, que espera que "esto sirva de advertencia a quienes pisoteen los derechos fundamentales de sus compatriotas". "La toga judicial no los protege", ha añadido.
Hace dos semanas, Rubio anunció la revocación del visado a Moraes, su familia y sus "aliados" por realizar lo que denominó una "caza de brujas" contra el expresidente brasileño, un viejo aliado de Trump que está procesado en su país por un supuesto intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.
El 18 de julio, la Corte Suprema de Brasil dictó nuevas medidas cautelares contra Bolsonaro, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales, algo que el exlíder brasileño no cumplió. Por ello, la Corte amenazó con llevarle a prisión, aunque finalmente dio marcha atrás.
El hijo de Bolsonaro y diputado brasileño, Eduardo Bolsonaro, ha celebrado las nuevas sanciones a De Moraes en un mensaje difundido en X y ha pedido la aprobación de una amnistía que "devuelva la libertad a los perseguidos" y "demuestre que Brasil aún cree en la democracia". "Hoy, por fin, comenzamos a hacer justicia a cada uno de ellos. Y lo dejamos claro: la era de la retirada ha terminado", ha dicho en su publicación.
El Supremo de Brasil defiende su "competencia exclusiva" y apoya a De Moraes
Por su parte, el Tribunal Supremo de Brasil (STF, por sus siglas en portugués) ha mostrado este miércoles su "solidaridad" con De Moraes, defendiendo sus decisiones tras las nuevas sanciones impuestas por EE.UU., alegando que el enjuiciamiento de delitos como ese son "competencia exclusiva" de la Justicia brasileña.
La Corte Suprema también ha afirmado que existen "indicios graves" contra Bolsonaro y otros 33 acusados por su presunto papel en un intento de golpe de Estado contra el actual presidente, Lula da Silva. El tribunal ha garantizado que todos los implicados tendrán acceso al "debido proceso legal y a un juicio justo", en respuesta a las recientes sanciones impuestas por EE.UU. contra el instructor del caso.
En un comunicado, el Supremo ha asegurado que "no se apartará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes del país", recalcando que los crímenes investigados representan "un grave atentado contra la democracia brasileña". Entre las pruebas reunidas por la Fiscalía se incluyen audios, documentos y testimonios que apuntan incluso a un supuesto plan para asesinar a autoridades públicas.
Aranceles del 50% para Brasil tras semanas de tensión
El anuncio sobre De Moraes se produce en plena tensión entre Brasil y Estados Unidos por la guerra arancelaria iniciada por Trump. El presidente republicano ha firmado este miércoles la orden ejecutiva que implementa un arancel adicional del 40% sobre Brasil, elevando el monto arancelario total al 50%. Según la Casa Blanca, la medida busca enfrentar recientes políticas del Gobierno de Brasil que, dicen, "constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos".
Trump anunció que llevaría a cabo esta subida arancelaria —que entrará en vigor a partir del 1 de agosto—a principios de julio, precisamente en represalia por el proceso judicial contra Bolsonaro. De hecho, Trump se refirió al proceso como "una caza de brujas que debería terminar inmediatamente", aunque aseguró que podría considerar "un ajuste" si Brasil accedía a "abrir sus mercados y eliminar sus políticas arancelarias y barreras comerciales".
El mandatario dijo que los aranceles podrían modificarse tanto al alza como a la baja, dependiendo de la relación entre Washington y Brasilia.
Lula promete "defender" la "soberanía" de Brasil frente a EE.UU.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado este miércoles que defenderá la soberanía de su país frente a las medidas anunciadas por Trump. "Este es el día sagrado de la soberanía", ha declarado Lula durante una ceremonia oficial en Brasilia.
Trump justificó los aranceles alegando que Brasil representa "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y la economía de EE. UU. Ante ello, Lula ha respondido en una entrevista con The New York Times que Brasil "nunca negociará como si fuera un país pequeño contra uno grande". Y ha añadido: "Conocemos el poder económico de Estados Unidos, reconocemos su poder militar y su tamaño tecnológico, pero eso no nos asusta. Nos preocupa". Lula ha reafirmado también que Brasil "ya ha vivido dictaduras. No queremos más".
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ha calificado las medidas de Washington como una "inaceptable injerencia en la soberanía nacional". Tras reunirse en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado que "el poder judicial es independiente en Brasil, al igual que aquí, y no se someterá a presiones externas", subrayando que el Gobierno brasileño "se reserva el derecho de responder" a las sanciones.
