¿Aceptaría Feijóo la polémica prioridad nacional a cambio de conseguir gobernar?
- Rajoy niega ante el Supremo todo conocimiento sobre la contabilidad B del PP en una estudiada comparecencia
- El nuevo Plan Estatal de Vivienda prohíbe especular con las VPO pero no tiene carácter retroactivo
Visto lo visto esta semana, visto que Feijóo ya ha dicho sí a Abascal sobre la 'prioridad nacional' para conservar los gobiernos de Extremadura y Aragón —ya veremos en Castilla y León— la pregunta es: ¿hasta dónde llegaría el lider del PP, hasta dónde cedería ante VOX por asegurarse la Moncloa si gana las elecciones generales pero le hace falta el apoyo de la ultraderecha?
La portavoz de Abascal en el Congreso ya advertía de que si Feijóo les necesita para gobernar "cambiaran todas las leyes necesarias para que la prioridad nacional" sea una realidad en toda España. Pepa Millán no dejaba resquicio a la duda de cuál es el objetivo de VOX. Alto y claro.
El PP intenta disimular las consecuencias de ese objetivo, calificado de xenófobo por expertos juristas, defendiendo que lo que se impondrá será el 'arraigo': pero, si así es y así lo creen, ¿cuál es el motivo por el que no se limitaron a poner negro sobre blanco el criterio del arraigo?
Discriminación por razón de origen, eso es lo que interpretan juristas constitucionalistas que es la prioridad nacional. Añaden que ese propósito va contra la Carta Magna y unas ocho o nueves leyes nacionales y europeas vigentes.
Desde el Gobierno el presidente Sánchez repetía que la prioridad nacional supone "un proyecto de involución" contra el que el Ejecutivo actuará con "toda la fuerza de la ley".
Prioridad nacional que recuerda mucho al 'América Primero' de Trump: expulsiones y detenciones ilegales y desgarradoras de inmigrantes y que tanto rechazo están provocando ya en los EEUU. Una fraudulenta medida con la que Abascal sigue los pasos de su admirado presidente estadounidense.
En España, la ultraderecha ya ha ganado la conversación política y social. Ha sembrado la semilla para el debate sobre la discriminación con ciudadanos de primera y de segunda.
Prioridad nacional que VOX ya anuncia que exigirá a Moreno Bonilla si les necesita para ser reelegido presidente de Andalucía después del 17 de mayo. Y ante esa amenaza, el candidato del PP esquiva la respuesta. Ni que sí ni que no. ¿No sería el momento para que el aspirante a la reelección, Moreno Bonilla, dijera que en ningún caso firmará algo así si no sacara mayoría absoluta o que sí lo hará? ¿No sería más claro eso que limitarse a pedir a los andaluces que escojan la papeleta del PP para no necesitar a VOX?
El carrusel de elecciones autonómicas adelantadas puesto en marcha por Feijóo para desgastar al PSOE ha conseguido ese objetivo, sin duda: una derrota tras otra de los socialistas. Lo que no está tan claro es que la jugada le haya salido redonda ya que el resultado ha dejado al PP con las manos atadas a VOX. Y no solo en inmigración, los populares han cedido a la ultraderecha vicepresidencias y consejerías con competencias sobre medio ambiente, prestaciones sociales, igualdad de género... Políticas de gran trascendencia y sobre las que se conoce el rechazo de VOX al avance en esos derechos.
Más sobre prioridad nacional. No olvidemos que expulsar o cerrar la puerta a los inmigrantes, a los que hacen los trabajos que los españoles de nacimiento no queremos hacer, podría suponer un importante retroceso económico. O eso dicen los empresarios, que los extranjeros contribuyen a nuestro crecimiento económico y que necesitamos que vengan más para que sigamos creciendo. Ustedes dirán.
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Transcripción completa
Azcón quería tener cerrado el acuerdo antes del Día de Aragón, que
se celebra este jueves, tras días dando por hecho que el acuerdo era inminente.
Las últimas
horas de este gobierno en funciones.
El anuncio finalmente ha llegado horas después de la investidura de Guardiola
en
Extremadura. Tanto PP como Vox sacan pecho de su
segundo acuerdo.
Estoy convencido de que hay que creer
en la palabra de ambos partidos para asegurar que esta será una legislatura
de
cuatro años. Los aragoneses, entre otras cosas,
pidieron más Vox y es lo que va a haber en este acuerdo de gobierno
Va a haber más Vox incluso que en Extremadura.
Azcón será presidente y Vox consigue una vicepresidencia con las
competencias en desregulación y familia y las consejerías de medioambiente y
agricultura
foco, la prioridad nacional, que también aparece en este acuerdo, como
en el de Extremadura.
PP y Vox insisten
en que encontrarán una fórmula legal para llevarlo a cabo.
Sí que se pueden poner unos requisitos mucho más
restrictivos para que finalmente esa prioridad sea nacional o para aquellas
personas, como digo, pues que más han cotizado y
que más han aportado a nuestro país o a nuestra comunidad autónoma.
Todas y cada una de las medidas que se ponen en ese acuerdo..
son medidas que el Gobierno de Aragón puede llevar a efecto.
La prioridad nacional va a ser compatible con
el principio de legalidad.
Vox además asegura que rechazará la llegada de menores migrantes no
acompañados
Ahora tienen pendiente cerrar un acuerdo en Castilla y León.
Un entendimiento que hemos de propiciar y favorecer
siempre. Unas negociaciones que coinciden con
las elecciones en Andalucía, a la vuelta de la esquina
El 'no' a todo de Rajoy ante el Supremo
"No", "no me acuerdo", "no me consta", "no lo sé ", "ni idea", "es falso". Son las expresiones más repetidas en la cuidadosísima comparecencia del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Tribunal Supremo. Muy bien asesorado, Rajoy no se pillaba los dedos ante ninguna pregunta sabiendo que, como testigo, estaba obligado a decir verdad.
El expresidente negaba conocer la contabilidad B del PP frente a la versión de su tesorero. Rechazaba que supiera de una operación policial ilegal. Bárcenas, el tesorero de Rajoy, aseguraba ante el mismo alto tribunal que vio al expresidente del Gobierno destruir las pruebas en una trituradora de papel. Dos versiones que no cuadran, parece.
Rajoy y la que fuera su secretaria general en el PP, Dolores de Cospedal, negaban la "operación política", que usaran una trituradora de papel, haber hecho "encargos" al expolicía Villarejo y de aquello de " hacemos lo que podemos" a Luís Bárcenas, ni idea.
Mientras, muy comentadas entre juristas, las restricciones de la jueza a las preguntas de los abogados de la acusación tanto a Rajoy como a Cospedal.
Ni un euro público de vivienda protegida para especular
Tarde, el Gobierno va muy tarde con esta medida. Ha tenido casi ocho años para haberlo puesto en marcha, pero más vale tarde que nunca.
Desde las viviendas construidas por el franquismo en los años 50, las llamadas Viviendas de Protección Oficial, las VPO, hasta las construidas ya en democracia, también protegidas y edificadas con dinero público, todas ellas, casi tres millones de casas, han podido sacarse al mercado libre tras pasar unos años desde su compra. Su precio inicial se iba multiplicando hasta valores inimaginables.
Es decir, quienes recibían ayudas del Estado, de nosotros los contribuyentes, para comprar una vivienda, pasados unos años, podían enriquecerse gracias a los impuestos de todos sacando esas casa al mercado sin restricción de precio alguna.
No solo está mal que el dinero público se use para especular, lo que es peor es que las nuevas generaciones con problemas para encontrar donde vivir ya no han podido contar con que esos tres millones de pisos se les vendiera o alquilara a precios "protegidos".
Pues eso puede que se acabe con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno. Lástima que la ley no tenga carácter retroactivo. Es decir, ese proyecto no se podrá aplicar a las VPO del pasado, solo a las que se hagan desde ahora.
Lo público debe beneficiar a quien lo necesita y no regalarlo al mercado libre para negociar. Los impuestos se deben invertir en beneficio de todos y, especialmente, de los más vulnerables.
Artículo 47 de la Constitución del 78: "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".Tener donde vivir, tener vivienda es un derecho constitucional que los gobiernos de izquierda y los de derecha han incumplido. Según las encuestas, la vivienda es el principal problema para los españoles.
