Espadas en alto entre los poderes del Estado
- Arranca un otoño caliente en los juzgados: desde el caso Koldo, el fiscal general o González Amador
- Sacar adelante los Presupuestos Generales será uno de los objetivos del Gobierno pero no imprescindible
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No solo de política se va a escribir y a debatir en este comienzo de curso. Los tribunales van a ocupar la primera página por muchos y variados casos como ya se ha visto en la apertura del año judicial.
Un acto institucional, con el rey al frente, que en buena medida estuvo centrado en el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una hipotética filtración sobre la acusación de un supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La participación de García Ortiz, reglada por ley, ha dado mucho que hablar: los políticos conservadores y de la judicatura criticando que interviniera y los progresistas defendiéndole. El propio fiscal general, por su parte, ha argumentado que si sigue en el cargo y si ha participado en ese acto ha sido porque "cree en la Justicia…. y en la verdad".
Pero no solo el fiscal general ha conseguido titulares que, en principio serían impropios de su cargo, también la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Isabel Perelló, aseguró que defenderá con "firmeza" los principios del Poder Judicial ante "las insistentes descalificaciones" provenientes de los poderes públicos y que considera "inoportunas".
Contexto del inicio del curso
Repasemos el contexto. Este lunes pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió en defensa de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, por los casos judiciales que les afectan. Fue en una entrevista de la editora del TD2 en TVE, Pepa Bueno.
El presidente dijo que "hay algunos jueces que hacen política", una frase que abrió la espita para que, principalmente, los sectores conservadores de jueces y magistrados se lanzaran contra el jefe del Ejecutivo. Una afirmación a la que, sin mencionar a Sánchez, respondió la presidenta del CGPJ y del Supremo en la apertura del año judicial quien calificó de "totalmente inoportunas y rechazables las descalificaciones a la Justicia de los poderes públicos".
Un intercambio de reproches públicos entre dos Poderes del Estado que no parecen facilitar el necesario diálogo entre instituciones. La pregunta es hasta donde llega la libertad de expresión de los poderes del Estado y hasta donde impide la separación de poderes el intercambio de críticas. Ojalá esa tensión termine ahí, aunque no parece.
A esa apertura del año judicial, como decíamos presidida por el rey, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prefirió no asistir para "no normalizar", aseguraba, la situación de García Ortiz. Una ausencia aplaudida por los suyos y criticada por sus contrarios por "faltar el respeto a las instituciones", decían.
Los casos que pasarán por los tribunales
Por los tribunales, además, veremos pasar, previsiblemente en los próximos meses, a los presuntos autores de corrupción política.
Es el caso de los responsables del caso Koldo-Ábalos-Cerdán -este último ya en la cárcel-.. a los que se les supone una trama de enriquecimiento ilegal dando obras a dedo del Ministerio de Transporte - dirigido por José Luis Ábalos-a empresarios a cambio de "mordidas". Como se sabe tanto Ábalos como Cerdán fueron dirigentes del PSOE con la máxima confianza de Pedro Sánchez y eso agrava el escándalo.
También puede que veamos en el banquillo a Cristóbal Montoro, el exministro de Hacienda siendo José María Aznar presidente del Gobierno. Se le acusa también de otra trama organizada con la que habría legislado, es decir, aprobado leyes que nos afectan a todos, en favor de empresas gasísticas a cambio de dinero.
Los Presupuestos Generales del Estado, objetivo del Gobierno
En este curso político, el objetivo del Gobierno son los Presupuesto Generales del Estado (PGE) para 2026. Desde Moncloa dicen una y otra vez que si lo consiguen la legislatura se afianza. Aunque no sacarlos no impedirá al presidente Sánchez intentar llegar a 2027, cuando tocan las elecciones, según contó en la entrevista de TVE.
Y en ese intento, la 'número dos' del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que "se dejará la piel" para procurar aprobarlos. La tarea no va a ser fácil, todo lo contrario. Y veremos cuánto de piel se deja Montero en el camino que, en su caso, ya tiene dirección a Andalucía.
Entre los 'noes' a los PGE, además de los consabidos de PP y VOX, también hay socios de investidura difíciles de convencer. En ese bloque sigue Junts a pesar de que la reunión del president de la Generalitat, Salvador Illa, con el expresident Carles Puigdemont en Bruselas haya abierto un pequeño resquicio de esperanza a los socialistas. Pero tan pequeño que en cualquier momento se puede cerrar, más sabiendo de la imprevisible actitud del líder de ese partido.
En principio, también votaría 'no' a los Presupuestos Podemos, los antiguos socios del PSOE en el Gobierno. Sus condiciones parecen inamovibles y desde luego, a día de hoy, irrealizables. Pretender que el Ejecutivo rompa unilateralmente las relaciones con Israel como piden los 'morados' o bajar por ley en un 40% el alquiler de los pisos son condiciones imposibles, según Moncloa.
Y ya se sabe, el Gobierno necesita todos, absolutamente todos los votos de sus socios parlamentarios para sacar cada iniciativa legislativa. Es por eso que pensar en aprobar los PGE para 2026 parece más una quimera que un proyecto con posibilidades, al menos por ahora. A lo que se añade que está fuera de los plazos habituales que deberían haber empezado en junio pasado con la aprobación de la senda de déficit.
Si el Gobierno no consigue sacar los PGE, seguiremos oyendo al líder del PP pedir a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones, una exigencia que hasta ahora ha caído en saco roto. Esa competencia es exclusiva del presidente del Gobierno, lo dice la Constitución. Es por eso que no parece tener futuro la propuesta de Feijóo para modificar la ley y que sea obligatorio convocar las urnas si no hay aprobadas cuentas del Estado durante dos años seguidos.
Hay expertos que han salido al paso argumentando que esa iniciativa del jefe de la oposición supone una reforma constitucional y hoy por hoy Feijóo no tiene suficiente respaldo parlamentario.
Así las cosas, cada votación en el Congreso de los Diputados continuará siendo el resultado de sumas y restas que no se cerrarán hasta el último minuto, con proyectos en el aire hasta ver en el hemiciclo el color de los votos.
Con esto y seguro que con mucho más, previsible o no, llegaremos al final de 2025. Después la mirada ya será electoral, al menos en Andalucía y en Castilla y León. De las generales no toca hablar, según el presidente del Gobierno. Veremos.
