Elecciones automáticas si se prorrogan dos veces los presupuestos: ¿es viable la propuesta de Feijóo?
- Expertos señalan que haría falta una reforma constitucional y el consenso, poco probable, de PSOE y PP
- Madrid y Castilla y León, gobernadas por el PP, han prorrogado sus presupuestos varias veces
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Obligar por ley a unas elecciones anticipadas cuando el Gobierno acumule dos prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado, como ocurre en la actualidad. Esa es la propuesta que lanzó al aire esta semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el arranque del curso político. Juristas y politólogos señalan a RTVE.es la "enorme dificultad" de materializar un planteamiento así, para lo que haría falta una reforma constitucional que requeriría el consenso más que improbable de los dos principales partidos del país.
El Gobierno no ha logrado sacar adelante unos presupuestos en lo que va de legislatura. Los últimos se aprobaron en 2022 para el año 2023 (las elecciones generales fueron en julio de ese año) y han sido prorrogados en dos ocasiones. El Ejecutivo ni siquiera llegó a presentar en el Congreso sus cuentas públicas para 2025 ante la falta de acuerdos para sacarlos adelante, si bien se ha comprometido a presentar los de 2026.
Eso sí, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está dispuesto a seguir gobernando, aunque no logre que se aprueben unos presupuestos. Feijóo exige, en ese caso, "que disuelva las Cortes y dé voz a los españoles". Y, mientras tanto, ha encargado a un grupo de juristas que estudie las vías legales para que sea obligatorio por ley ir a unas elecciones anticipadas cuando se acumulen dos prórrogas presupuestarias.
Necesidad de una reforma constitucional
"Habría que analizar los cambios, si basta con la Ley General Presupuestaria o con una pequeña reforma constitucional", decía el secretario general de los ‘populares’, Miguel Tellado, esta semana.
Mercedes Fuertes y Miguel Ángel Presno, catedrática y doctor en derecho constitucional, coinciden en que no puede hacerse sin tocar la Carta Magna y recalcan que, por pequeña que fuera la modificación, haría falta un consenso de, como mínimo, mayoría absoluta en el Senado y de tres quintos en el Congreso, lo que a efectos prácticos requeriría un acuerdo entre PSOE y PP, ahora mismo antagónicos.
"La Constitución establece de forma tasada aquellos supuestos en los cuales se puede convocar anticipadamente elecciones y solo cabe hacerlo en esos casos", expone Presno, y más allá de esos supuestos, el único que tiene potestad para decidir adelantar elecciones en los términos que fija la Constitución es el propio presidente del Gobierno. Por ello, apunta a que "no bastaría un mero cambio legal". Fuertes subraya igualmente que "establecer una medida de disolución automática" debe realizarse "de manera explícita" en la Carta Magna.
La reforma, explican, debería hacerse por la vía ordinaria que establece el artículo 167 de la Constitución, que dicta lo siguiente: "Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado".
De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, prosigue el texto, "y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma". Una vez aprobada, la reforma puede ser sometida a referéndum si así lo solicita una décima parte de los diputados o de los senadores en un plazo de 15 días.
"Es muy difícil, ¿cómo se van a alcanzar esas mayorías?"
"Es muy, muy difícil", incide Fuentes, que contrapone este proceso con el de aprobar unos propios presupuestos en las Cámaras: "Eso es por mayoría simple, bastaría con el voto a favor de una única persona y que el resto se abstuviera. Pero, para reformar la Constitución, ¿cómo se van a alcanzar esas mayorías?".
Con todo, destacan que el Gobierno ha incumplido su "obligación constitucional" de presentar las cuentas públicas para 2025 en las Cortes. "La Constitución establece un mandato, que no es una opción, y es que el Gobierno 'deberá' presentarlas. Es un término imperativo", expone Presno. Fuertes va más allá y subraya que, aunque la Constitución no incluye sanciones por no cumplirla, habría que hacerlo por un mínimo "aseo democrático".
La Constitución solo se ha reformado tres veces desde su aprobación en 1978: en 1992, en 2011 y en 2024. La última vez se hizo para eliminar el término "disminuido" del texto constitucional, algo que tenía un amplio consenso político y, aun así, llevó mucho tiempo en aprobar desde que se planteó por primera vez en la anterior legislatura, precisamente por las desavenencias entre PSOE y PP.
"A Feijóo no le interesa"
El politólogo de la Universidad de Barcelona Jesús Palomar destaca que este tipo de propuestas, a su juicio "populistas" por hacer creer a la ciudadanía algo que "no es viable", han sido relativamente "frecuentes" en la historia democrática entre partidos de la oposición, de distintos colores políticos, que parten de una situación "cómoda" en la que saben que no saldrá adelante.
Precisamente, califica la propuesta de Feijóo de "un brindis al sol" porque "él sabe que jurídicamente es muy complejo" y que "los socios de Pedro Sánchez no le van a votar la propuesta". Considera, sin embargo, que le sirve para "lanzar un mensaje a la ciudadanía", a la que la iniciativa le puede resultar "lógica", y es que "si Sánchez no es capaz de sacar adelante unos presupuestos no puede gobernar".
Con todo, duda de que la propuesta de Feijóo interese siquiera al propio Partido Popular: "Esto podría girarse en su contra, porque algún día volverán a gobernar. ¿Quién te asegura que el Partido Popular va a tener una aprobación de presupuestos siempre si no gana por mayoría absoluta? Y esto de las mayorías absolutas ya no existirá".
Más de dos prórrogas en Madrid y Castilla y León
El PP no gobierna en España, pero sí en distintas comunidades autónomas, y algunos de sus presidentes autonómicos, como Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) e Isabel Díaz Ayuso (Madrid) se han visto obligados a prorrogar los presupuestos en varias ocasiones desde que llegaron al poder.
Mañueco llegó a la presidencia en 2019, con unas cuentas prorrogadas para ese año que también se prorrogaron en 2020, 2022, 2024 (aunque en mayo de este año se aprobaron para el resto del ejercicio) y 2025. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, también se prorrogaron los presupuestos para 2020, 2021 y 2023 (estas prórrogas se produjeron en la legislatura pasada, cuando Ayuso no tenía mayoría absoluta que obtuvo en 2023).
Por su parte, tanto Jorge Azcón (Aragón) como María Guardiola (Extremadura) gobiernan con presupuestos prorrogados para este año. Y también el andaluz, Juanma Moreno, se vio obligado a prorrogar los presupuestos de 2022, antes de obtener una mayoría absoluta en las elecciones de junio de ese año.
