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Arranca el nuevo año judicial con el fiscal general procesado, las críticas del Gobierno a los jueces y la ausencia de Feijóo

  • Existe gran malestar entre jueces y fiscales por la presencia de García Ortiz en el acto
  • También parte de la judicatura se ha mostrado en contra de la reforma de la carrera judicial y fiscal del Gobierno
Arranca el Año Judicial con fiscal general procesado, las críticas del Gobierno a los jueces y la ausencia de Feijóo

Este viernes, como todos los años, se celebra la tradicional apertura del año judicial con un acto solemne en el Tribunal Supremo. Pero en esta ocasión viene marcado por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está a un paso de sentarse en el banquillo. Está acusado de un presunto delito de revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal. De fondo también, la polémica suscitada por las declaraciones en TVE del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguró que "hay jueces haciendo política".

El acto tendrá lugar este viernes a las 12.00 horas en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y será presidido por Felipe VI. Según el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contará con las intervenciones de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, y del fiscal general del Estado.

La ley marca que la presidenta del CGPJ "presentará la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia", mientras que el fiscal general "leerá la Memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia", un informe que este miércoles ya entregó al rey y este jueves dará al presidente del Gobierno.

Como en años anteriores, estos discursos se mirarán con lupa, no tanto por lo que contengan ambas Memorias, sino por lo que pueda decir Perelló, en defensa de la independencia judicial, o el propio García Ortiz en el Supremo, donde previsiblemente será juzgado próximamente. Ya el año pasado, la presidenta del CGPJ aprovechó su primer discurso tras ser nombrada para exigir respeto a los jueces; mientras que el fiscal general pidió limitar la acusación popular para evitar su uso con "fines espurios".

Malestar por la presencia de García Ortiz

Precisamente la presencia y participación en este acto de García Ortiz está generando un gran malestar entre parte de la judicatura, que rechaza que siga al frente de la Fiscalía General del Estado dada su condición de procesado.

García Ortiz afronta el nuevo curso judicial a la espera del auto de apertura del juicio oral contra él, en el que las acusaciones piden hasta seis años de prisión y entre cuatro y 12 años de inhabilitación, y a la espera también de saber si el magistrado Ángel Hurtado decide si le suspende del cargo de forma cautelar como solicita una de las asociaciones de fiscales.

Para una parte de los magistrados y fiscales, esta situación da una imagen "lamentable" de la institución, por lo que barajan plantar de alguna manera al fiscal general del Estado en este acto solemne, pero intentando evitar faltar el respeto al rey o a la presidenta del CGPJ.

En un escrito, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han mostrado su "rechazo" a la presencia de García Ortiz en la apertura del Año Judicial y le piden que "se abstenga de asistir".

"Sentar junto al rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad", defienden.

Quien no estará con seguridad en la apertura del año judicial será el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha confirmado que no asistirá por la intervención del fiscal general del Estado. "Mi presencia no puede convalidar ni validar los ataques de Sánchez a los jueces, ni que el fiscal general se dirija a los magistrados que lo están investigando y que podrían juzgarle", ha sostenido este jueves en una rueda de prensa en Guadalajara. Tampoco asistirá el presidente del Senado, Pedro Rollán, aunque, según fuentes del PP, su ausencia se debe a "motivos familiares".

Este "plante" ha sido duramente criticado por el Gobierno. Para el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es "una grave desconsideración al rey, al Tribunal Supremo, al fiscal general del Estado, al CGPJ y a la carrera judicial y fiscal al completo".

Las críticas de Sánchez a los jueces

Sin embargo, García Ortiz llega al acto con el apoyo reiterado y continúo de todo el Gobierno, que siempre ha defendido su presunción de inocencia y que está "en plenitud de funciones" para seguir haciendo su labor.

Pero la presencia de un fiscal general del Estado procesado no es el único asunto que enturbia este arranque del curso judicial. Las críticas de Sánchez en una entrevista en TVE al referirse a las causas judiciales que afectan a su entorno familiar y al propio García Ortiz como que "hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia" está generando también mucho malestar entre la judicatura.

Estas declaraciones del presidente del Gobierno han molestado a tres de las cuatro asociaciones de jueces, y también a la oposición. De hecho, fuentes del PP han explicado que cuando conocieron las críticas de Sánchez descartaron cambiar el acto al que asistirá Feijóo este viernes junto a Isabel Díaz Ayuso.

Además, sigue en marcha la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno aprobó el pasado mes de mayo y que pasó su primer examen en junio en el Congreso, y que ha llevado a la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales a realizar diferentes movilizaciones en su contra, como la huelga de tres días que hubo a principios de julio.

El acto de apertura

El acto de apertura del Año Judicial será el segundo en el que intervenga Isabel Perelló como presidenta del CGPJ y del Supremo, de la que se espera que haga una defensa de la independencia judicial, como ha hecho en otros discursos en estos meses desde que tomó posesión del cargo poco antes del arranque del curso en 2024.

En el caso de García Ortiz, según fuentes de la Fiscalía, su discurso será "muy institucional", si bien hará "una brevísima alusión a su situación procesal, también de forma muy institucional, reiterando su confianza en la Justicia", pero no hará referencia a las voces que piden que no vaya.

Al acto asistirán los vocales del CGPJ, los integrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los magistrados de este órgano judicial, así como los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades judiciales.

También está prevista la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; y del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

El año judicial que viene

Al margen de todo esto, este nuevo año judicial se espera intenso con varias causas abiertas que afectan a políticos, partidos o a sus entornos personales y familiares.

Por un lado, está la investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Por otro, sigue la investigación relativa al caso Koldo y que afecta al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al exministro José Luis Ábalos.

También el Tribunal Constitucional está pendiente de resolver sobre el recurso de amparo del expresidente catalán Carles Puigdemont, y del que fuera su 'número dos' en el Govern, Oriol Junqueras, porque el Tribunal Supremo no les ha aplicado la ley de amnistía, ya que están acusados de un delito de malversación.

Y al igual que el fiscal general del Estado, el novio de Ayuso también está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por fraude fiscal y falsificación documental, aunque González Amador ha recurrido su procesamiento.

Por otra parte, el CGPJ tiene que pronunciarse sobre las quejas presentadas por Bolaños contra el juez Juan Carlos Peinado por el interrogatorio que le hizo en calidad de testigo en la causa de Begoña Gómez, y por la exconsejera valenciana Salomé Pradas contra la juez que investiga la gestión de la dana.