González Amador recurre ante la Audiencia Provincial su procesamiento
- La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que declaren dos nuevos testigos
- Está investigado por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental
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Alberto González Amador ha recurrido su procesamiento por la denegación de diligencias en la causa por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública de falsedad documental. La Fiscalía reclama para él tres años, nueve meses y un día de cárcel por el presunto fraude producido entre 2020 y 2021 y que ascendería a 350.951 euros.
En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, al que ha tenido acceso de RTVE, los abogados de González Amador han interpuesto un recurso de apelación al auto por el que se negaron las diligencias a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Detalla la defensa en la impugnación que su cliente solo ha solicitado que se practiquen junto con su declaración tres diligencias de instrucción para materializar su derecho de defensa. Se trataría de un informe tributario y de dos testigos que arrojarían luz sobre unas facturas relacionadas con servicios profesionales prestados en México y Costa de Marfil.
Según la defensa, los dos testigos demostrarían que "si estas facturas responden a servicios realmente existentes y las mismas no pueden considerarse falsas, no sería posible considerar la concurrencia de delito fiscal".
El procedimiento comenzó tras una inspección de Hacienda en 2022 y que terminó con un informe, en 2023, que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021. Este documento dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a que la jueza abriera causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas.
Antes de abrirse este procedimiento, otro de los abogados de la pareja de Ayuso, Carlos Neira, propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio. La filtración de ese correo desembocó en una investigación en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, causa por la que está procesado.
Pide que declaren dos nuevos testigos en la causa
Ahora, la defensa asegura que "si aun a efectos hipotéticos o dialécticos se consideraran ambas facturas falsas, los ajustes no efectuados y que deberían haberse practicado por la Agencia Tributaria en la liquidación tributaria harían objetivamente imposible considerar la concurrencia de delito fiscal".
Insiste esta defensa que resulta "necesario" incorporar al sumario en primer lugar y antes de la consideración de la liquidación tributaria, las declaraciones de esto testigos que mostrarían, "no solo la realidad de los servicios prestados en Costa de Marfil, sino que esa realidad no la ha conocido la AEAT, no la ha podido valorar ni la ha tenido jamás en cuenta sin que figure de ninguna forma ni incorporado ni considerado en su expediente tributario ni incorporado al sumario".
"La negativa que integran las resoluciones que se recurren a la práctica de las únicas tres diligencias de defensa propuestas constituye la continuación en la destrucción absoluta y desaparición de los derechos fundamentales a defensa y a la presunción de inocencia de Alberto González Amador, hasta la desaparición de cualquier contenido materia", censura.
