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La gestión de la Sanidad en la Comunidad de Madrid ha centrado buena parte del debate este jueves en la Asamblea, tras haber dado luz verde el Consejo de Ministros este martes al anteproyecto de ley que, además de poner límite a la privatización de la gestión de los hospitales públicos, pretende reforzar el control del gasto de los centros públicos que están gestionados por compañías privadas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la oposición de "intentar hacer campañas de desprestigio" contra ella porque intentan ganar "por la moral lo que no consiguieron por las urnas". La portavoz del PSM-PSOE Mar Espinar le ha preguntado "qué va a hacer ahora", y la de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que van a sacar a los grupos Ribera y Quirón de la Sanidad madrileña con la ministra Mónica García y que su pareja "va a tener que buscarse un trabajo de los de verdad". Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha defendido este miércoles la concesión a EEUU de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por ser un país con 250 años de historia, que es "un ejemplo para las democracias occidentales", al considerar que se trata del "principal faro del mundo libre". La presidenta madrileña lo ha explicado a través de un vídeo emitido durante The hispanic prosperity gala (La gala de la prosperidad hispana), el evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente Donald Trump en Florida. El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha dicho "ahora Trump y el próximo será Netanyahu, Ayuso es el faro de Quirón, a partir de ahí alimenta polémicas para tapar lo que está pasando en Madrid", mientras el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también se ha mostrado muy crítico y ha asegurado que "van de patriotas pero son unos lamebotas del poder". Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press.

Hablamos con Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

López (PSOE): "El PP ha comprado el marco y el discurso de Vox"

Óscar López ha descartado tajantemente que el PSOE se vaya a abstener en Extremadura para evitar un gobierno del PP con Vox y ha cargado contra la estrategia de los populares, a quienes ha acusado de haber "metido a la ultraderecha en los gobiernos sin cuestionar su discurso". El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha estado combatiendo la ola ultra "con políticas concretas" y ha defendido que España ha estado "batiendo récords de empleo, subiendo las pensiones y el salario mínimo", lo que, a su juicio, ha desmontado el relato de Vox. "Si es para subir las pensiones o mejorar la vida de la gente, se buscan los votos hasta debajo de las piedras", ha afirmado, reivindicando los acuerdos parlamentarios como parte de la normalidad democrática.

En clave nacional, López ha defendido el llamado decreto social y ha acusado al PP de haber votado en contra de medidas que beneficiaban a la mayoría. "Que diga el Partido Popular que está en contra de subir las pensiones", ha retado, insistiendo en que el foco debería haberse puesto en el contenido de las medidas y no en la "metapolítica". También ha negado que el Gobierno haya alimentado el crecimiento de Vox y ha sostenido que, aunque no hayan acertado "en todo", han estado centrados en empleo, vivienda y protección social. Sobre los casos de corrupción, ha reconocido que la presencia de excompañeros como José Luis Ábalos y Santos Cerdán en el banquillo le ha hecho sentirse "muy mal", pero ha defendido que el PSOE ha actuado con contundencia: "Cada vez que ha habido un caso, hemos actuado con rapidez para echarlo, sin esperar siquiera a sentencia".

Como secretario general del PSOE madrileño, López se ha mostrado convencido de que habrá una movilización progresista frente a Isabel Díaz Ayuso y ha anunciado acciones ante el Tribunal de Cuentas por la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid, incluyendo la condonación de 71 millones de euros a los grupos sanitarios privados. "Lo que está pasando en Madrid es un escándalo", ha denunciado. En el ámbito de sus competencias, ha explicado que el Gobierno ya ha desarrollado y testado con la Comisión Europea un sistema de verificación de edad para limitar el acceso de menores a redes sociales, a la espera de que se apruebe la ley correspondiente. Finalmente, ha mostrado interés en que la izquierda a la izquierda del PSOE logre acuerdos: "Hace falta que los grupos a izquierda del PSOE hagan su parte para que la división no vuelva a lesionar a la izquierda".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pasado este miércoles por los micrófonos de Las Mañanas, de RNE, y se ha referido al anteproyecto de ley para frenar la privatización de la sanidad pública que aprobó este martes el Consejo de Ministros. García se reafirma y asegura que la desviación del dinero de la pública a la privada es obscena: "Quiero acabar con el chollo que tiene la señora Ayuso y con la malversación de caudales públicos que hay en la Comunidad de Madrid, donde el dinero que tenía que ir destinado a la sanidad". Un dinero que ya es el más bajo de toda España. Madrid es la que menos invierte en sanidad. Parte de ese dinero que se invierte en sanidad se va por el sumidero de las empresas privadas que han encontrado un filón en el gobierno del Partido Popular..."

Durante la entrevista, García ha querido diferenciar los modelos de gestión, señalando directamente a la Comunidad de Madrid y al modelo valenciano de Alzira como ejemplos de gestión "tóxica". Por el contrario, ha matizado que existen fórmulas válidas: "Existen muchas fórmulas público-privadas con entidades sin ánimo de lucro donde esa colaboración es real y hay un 'win-win'. Lo que no queremos es que se siga derivando pacientes y dinero de nuestra sanidad pública a la privada".

Del mismo modo, también ha sido preguntada sobre la alianza de izquierdas anunciada este mertes, la coalición con los partidos a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. Cuestionada sobre si Yolanda Díaz debería liderar esa coalición, García ha señalado: "Yo entiendo que ahora mismo en el plano mediático hay cierta ansia por ponerle nombre y por ponerle tejado a esa casa de piedra. Pero nosotros estamos construyendo, desde hace muchos meses, con varias fuerzas políticas: Izquierda Unida, con el propio Movimiento Sumar, con los comunes, pero también en conversaciones, y diálogo constante con el resto de fuerzas, con Compromís, con la CHA, con MES, con todas las fuerzas que formamos parte de esa constelación que hizo que ganáramos las elecciones y pudiéramos gobernar este país...".

La ministra ha insistido en que este proceso se está cocinando "a fuego lento, con cariño y sin romper ningún plato", haciendo hincapié en que la izquierda ha aprendido de errores pasados. "Necesitamos una red de formaciones que trabaje en común. Hemos pasado de hablar de nosotros a hablarnos entre nosotros con respeto y fraternidad", ha concluido antes de acudir al Pleno en el Congreso.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley que, además de poner límite a la privatización de la gestión de los hospitales públicos, pretende reforzar el control del gasto de los centros públicos que están gestionados por compañías privadas.

El nuevo texto establece un marco más restrictivo para la externalización de servicios sanitarios y busca garantizar una mayor supervisión económica y asistencial en aquellos hospitales cuya gestión esté en manos de compañías privadas. El objetivo, según el Gobierno, es reforzar el carácter público del sistema sanitario y asegurar un uso más eficiente de los recursos.

La Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud limitará la colaboración público-privada, con el fin de "poner coto al ánimo de lucro". Este texto derogará la ley de 1997 que aprobó el Gobierno de José María Aznar y que permitió el desarrollo de modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que, con su anteproyecto, el Gobierno quiere "acabar con la sanidad" en la Comunidad de Madrid y llevarla "a la revolución" para "que nada funcione".

La norma exhibe, a su juicio, la "absoluta obsesión" del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid, que muestra "amenazando, mintiendo e imponiendo", y ha asegurado que en otras regiones como Cataluña se trabaja "mucho más" con empresas sanitarias privadas. Díaz Ayuso ha augurado que el anteproyecto de ley no saldrá adelante, "pero ya está el daño hecho" al mandarse un mensaje "azuzando el miedo y la revolución".

FOTOGRAFÍA: RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

El programa Mañaneros de TVE ha tenido acceso a unos audios que reflejan cómo la exconcejala del PP de Móstoles pidió ayuda a su partido, pero fue amenazada y sufrió presiones de los populares para no acudir a la policía o al juzgado. Por eso, en los próximos días presentará una denuncia contra el alcalde de Móstoles y el PP de Madrid.

El regidor de la ciudad de Móstoles, por su parte, niega las acusaciones. Dice que se siente indefenso y que no hay pruebas contra él y que no hay acoso laboral ni sexual.

Desde el PP defienden que la Comunidad de Madrid haya hecho públicos los correos en los que la denunciante pedía el amparo del partido. Pero para los socialistas se trata de una filtración “intolerable” y no descartan acudir a los tribunales. El líder de los socialistas madrileños pide la dimisión del alcalde y también que Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo den explicaciones.

Imagen: A. Pérez Meca / Europa Press

La exedil del PP de Móstoles que denunció acoso sexual y laboral del alcalde Manuel Bautista en el seno del partido ha anunciado que preparan una acción judicial contra el regidor y contra altos cargos del partido por la filtración de los correos personales que envió para pedir amparo a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y al partido. Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés y especialista en delitos de acoso, ha detallado que la denuncia contra Bautista relatará las presuntas maniobras de acoso sexual que habría sufrido por parte del regidor y el posterior acoso laboral. Los mensajes de la concejal de Móstoles del PP revelan que se reunió con ellos en dos ocasiones y que en esos encuentros — el 11 de marzo de 2024 y el 16 de abril— participaron la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Los mensajes difundidos por el entorno de la Comunidad de Madrid demuestran según señala el PP que ella nunca habló en ellos de acoso sexual. En el octavo y último de estos correos, remitido el 24 de septiembre, pocos días antes de solicitar su baja de la formación, fue el abogado de la denunciante el que se puso en contacto con el partido para tratar la situación de presunto acoso sexual y laboral sufrido por la exedil. Foto: A. Pérez Meca / Europa Press.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por el PP sigan sin aplicar la ley de vivienda y ha dicho que "le encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid", ya que a su juicio "no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda", si bien "no tiene una mayoría en el Senado para hacerlo".

"Incluso les diría, que si no están dispuestos a asumir la competencia, nosotros lo estaríamos. Pero estamos en un Estado social y democrático de derecho", ha insistido en una entrevista de La Hora de la 1 de TVE.

A su vez, ha advertido a Junts de que, si vota en contra del decreto del escudo social, tal como ha anunciado, se lo "tendrá que explicarlo a los catalanes". En su opinión, "es muy difícil votar que no a la subida de las pensiones", si bien "no encuentra la diferencia" con votar que no "a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas de rehabilitación confiando en deducciones fiscales".

"Como no entiendo que Junts quiera que personas que tienen dificultades en pagar la factura eléctrica estén pasando frío, sabiendo que hay dispuesto presupuesto del Estado para asumir esas ayudas", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno va a "pelear" para que el Congreso no tumbe de nuevo el decreto del escudo social, en el que se incluye la prórroga del bono social o la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026. "Creo que el Gobierno ha demostrado a lo largo de estos años de dificultad (...) ser capaz siempre de dar pasos para avanzar y, si hay una materia donde merecemos avanzar y merecemos dar esa respuesta que reclama la ciudadanía, es en la política de vivienda", ha subrayado.

El primer domingo de campaña electoral ha estado marcado por la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha acudido a respaldar a su candidata, Pilar Alegría, y por la presencia, un día más, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, que reiterado sus críticas y reproches al jefe del Ejecutivo en un acto junto al candidato de su partido, Jorge Azcón. Precisamente desde Teruel-Aragón Existe, han criticado esta presencia de líderes nacionales.

Ione Belarra ha criticado con dureza la polémica sobre los funerales tras el accidente, acusando a Isabel Díaz Ayuso de instrumentalizar políticamente la tragedia: "es evidente que ella está aprovechándose de una circunstancia terrible… para intentar sacar rédito político". La secretaria general de Podemos ha defendido la separación entre Iglesia y Estado en actos institucionales, señalando que "hay una mayoría de españoles y españolas que no se siente representada con esa confesión" y que los homenajes deberían ser inclusivos. Además, ha subrayado la necesidad de ofrecer respuestas rápidas a la ciudadanía ante la incertidumbre generada por el siniestro.

Belarra ha exigido explicaciones y responsabilidades políticas, alertando de la desconfianza creciente en el transporte público y el sector ferroviario. Ha reivindicado un debate sobre la privatización de los servicios públicos y ha insistido en que "el dinero público tiene que ir para lo público", apuntando a posibles carencias en mantenimiento tras la liberalización del sector. También ha criticado al presidente del Gobierno por no comparecer de inmediato: "me parece increíble que el presidente espere a que la oposición le pida la comparecencia y no haya convocado él ya de motu propio una comparecencia urgente".

En una semana de movilizaciones en el ámbito sanitario, ‘Informe Semanal’ analiza la gestión privada de hospitales públicos en nuestro país. Desde esta misma semana, un juzgado va a investigar el trabajo del grupo Ribera Salud al frente del hospital de Torrejón de Ardoz, Madrid. La Fiscalía ha unificado las denuncias sobre supuestas irregularidades que buscarían aumentar el rendimiento económico del centro y que salieron a la luz tras la filtración de unos audios protagonizados por un CEO de la compañía. "Si tú necesitas que haya enfermedad para que haya negocio, ahí hay un conflicto de intereses", sentencia la ministra de Sanidad, Mónica García. "Si tú, a la hora de atender a un paciente, estás pensando no solamente en la dimensión clínica, sino en cuánto dinero vas a ganar, es un conflicto de interés de libro", añade.

"Nosotros estamos con la colaboración público-privada", ha dicho este mismo jueves la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso: "gracias a eso, Madrid tiene doce hospitales públicos que están pudiendo atender a más de un millón y medio de madrileños. Pienso que el trabajo que se realiza en el sistema sanitario madrileño es excelente". Esa colaboración público-privada tiene muchas aristas y es un modelo que crece, a pesar de su cuestionamiento. En concreto, la administración privada de hospitales de titularidad pública se puso en marcha a finales de los 90 en Alzira, Valencia. Allí, años después, ese tipo de gestión fue revertida.

El sistema público de Salud, en general, necesita mejoras y, sobre todo, mucha inversión. "La creatividad está para el arte, pero no para ganar dinero con nuestra salud", dice Pablo Aceña, de la Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Sanidad Pública de Torrejón de Ardoz.

Programa 69. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos cuenta las novedades en el caso Madeleine McCann en torno a la libertad del principal sospechoso de la desaparición y el juicio por acoso a la impostora polaca. Conversamos con Carlos Mayoral, periodista cultural y autor de la novela Un episodio nacional (Espasa), sobre el crimen de Fuencarral como un caso de corrupción nacional. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza el fenómeno de la espiral del silencio. Neus Sala y el Archivo Digital de RNE dedican Archivo criminal al cuarto capítulo sobre el asesino Tony King.

Conversamos con Carlos Mayoral, periodista cultural y autor de la novela Un episodio nacional (Espasa), en la que ficciona la investigación de Benito Pérez Galdós sobre el famoso crimen de la calle Fuencarral (Madrid, 1888). Analizamos las peculiaridades del asesinato, las pesquisas del escritor y cómo se trató de un caso de corrupción nacional que guarda similitudes con sucesos contemporáneos.

Este martes conocíamos la sentencia completa al exfiscal general del Estado, que considera "probado" la filtración por parte de Álvaro García Ortiz del correo con la confesión fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. En Las Mañanas de RNE analizamos el texto con Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. Le llama la atención, señala, que la sentencia es "muy extensa" y cree que los jueces deberían haber estado más tiempo deliberando para llegar a la unanimidad "en un tema tan delicado" como es la condena al fiscal general. "La sentencia echa en falta una solidez de prueba y sobre todo de prueba directa que se podía haber obtenido a lo largo del juicio oral", dice Catena, que señala que para él faltan "indicios sólidos". Sobre si tiene opciones de que el Constitucional anule la condena si alega vulneración de derechos, afirma que será "muy difícil" porque llegaría al final al mismo tribunal.

El Gobierno vuelve a recurrir al "acato pero no comparto" y critica abiertamente la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El presidente, Pedro Sánchez, ha defendido sin fisuras la actuación de García Ortiz. También los socios de investidura, que hablan de una campaña orquestada contra el ejecutivo. Del otro lado y especialmente dura la reacción del PP, que ha calificado a García Ortiz como el primer fiscal general "delincuente".

FOTO: EFE/ Víctor Lerena

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha dicho en 24 Horas que el procedimiento contra el fiscal general del Estado: "Nunca debió llegar a sentencia", ya que "no tenia carácter de secreto". Pallín hace referencia a las "incongruencias" que encuentra en la sentencia a lo largo de la página 18 y a tenor de la información recopilada en el correo electrónico, estima que "el propio interesado se confesó autor de los hechos delictivos y pidió que se llegase a una conformidad para reducir la pena".

Para el magistrado, "es un día muy lamentable para la justicia en España" y añade que el tribunal se ha dejado "influenciar descaradamente por la presión política", lo que supone un claro caso de "lawfare": "Se ha convertido en un caso contra el Gobierno (...), se ha utilizado como arma o munición política". Pallín se reafirma en que la sentencia es "absolutamente incongruente" y "vulnera el derecho del fiscal al principio acusatorio": "Nunca supo de qué se le acusaba".

Para terminar, abre la posibilidad de que se presente un recurso en el Tribunal Constitucional ya que aclara: "Nunca he visto una sentencia que vulnere tantos derechos fundamentales como esta".

Este martes por la tarde, el presidente del Gobierno ha defendido a Álvaro García Ortiz y a la Fiscalía General del Estado. En un acto de UGT, le ha pedido a la presidenta madrileña que pida perdón.

Isabel Díaz Ayuso, en cambio, ha acusado a Sánchez y al Ejecutivo de usar las instituciones para atacar a un rival político. "El Estado de derecho funciona a pesar del propio Gobierno", ha manifestado.

Fue el día 20 de noviembre cuando el Tribunal Supremo adelantó el fallo de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, una decisión bastante inusual. El inédito juicio contra el fiscal general del Estado tuvo seis sesiones y los jueces estuvieron deliberando solo una semana. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación y cuatro días más tarde presentó su renuncia.

El Gobierno siempre ha defendido su inocencia, y este martes ha vuelto a decir que no comparte la decisión del Tribunal.

FOTO: EFE/J.J. Guillén