El Supremo archiva la denuncia del general de la Guardia Civil al que se ordenó no acudir a un acto de Ayuso en 2025
- El tribunal considera llamativo que la denuncia se interponga pasado más de un año
- El denunciante grabó una llamada telefónica a su superior, poniéndolo en manos libres
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La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia que interpuso el general de División de la Guardia Civil Fernando Mora a un superior por la orden que recibió de no acudir al acto del Día de la Comunidad de Madrid del Dos de Mayo de 2025 presidido por Isabel Díaz Ayuso. En su escrito, Mora expuso una conversación con el teniente general Luis del Castillo, que grabó en el teléfono de su mujer, que terminó subiendo de todo con "vocabulario y expresiones fuera de todo lugar".
Posteriormente le acusó de los delitos de abuso de autoridad, trato degradante, amenazas, coacciones, injurias y calumnias. Sin embargo, tras estudiar el asunto, los magistrados del Supremo han rechazado esta denuncia en un auto al que ha tenido acceso RTVE.
Cruce de mensajes
Tras examinar en detalle la conversación, los magistrados entienden que el teniente general jefe del Mando de Operaciones no incurrió en delito alguno, sino que se limitó a comunicar a Mora "lo que le habían ordenado".
Apuntan, incluso, que la llamada del denunciante "se puede considerar inadecuada, impertinente e irrespetuosa" e incluyendo valoraciones políticas y preguntando por qué el ministerio adopta una decisión en lo que a él le parece "un acto de menosprecio a la Comunidad Autónoma".
Del análisis de la conversación, que poco a poco fue subiendo de tono, el Supremo desprende que "entre ambos podía existir una relación de carácter personal que se superpone a la jerárquica" que les permitía tener una "familiaridad, un trato de compañeros y de confianza" que les podía conducir a mantener un conversación "en los términos en que se desarrolló".
Aunque se reconoce que las expresiones usadas por el teniente general pueden ser consideradas como "groseras, chabacanas y soeces", los magistrados lo circunscriben a ese ámbito y entienden que lo que realmente existió fue un "cruce de mensajes", pero no se puede considerar que el teniente general jefe del Mando de Operaciones cometiera los delitos de los que se le acusa.
"No se considera que la conducta del denunciado, atendidas las circunstancias concurrentes, tuviera mayor entidad y finalidad que la de tratarse de una forma inapropiada, soez, de reprochar al denunciado el no cumplir lo que le había trasladado, razón que nos conduce a inadmitir a trámite la denuncia, acordando el archivo de las actuaciones", dice el Supremo.
Los hechos sucedieron hace más de un año
El auto pone además de relieve el hecho de que el denunciante realizó una llamada a su superior y "decidió grabarlo poniendo su teléfono en manos libres haciendo la grabación en el teléfono de su esposa".
También que los hechos, que sucedieron el 30 de abril de 2025, "no se denuncien hasta pasado más de un año, el 22 de junio de 2026", a pesar de que según el denunciante, revisten "especial gravedad", tanto "por la persona que emite las afirmaciones que se recogen transcritas en papel y en audio, como por el contenido de las mismas", como por que en su opinión "podrían ser constitutivos de diversos delitos".
El PP pidió la dimisión de la directora de la Guardia Civil
En un momento en que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, está imputada por el caso Leire, el Partido Popular ha pedido su dimisión, también por este caso, así como la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlask, para dar explicaciones por estos hechos y aclarar si hay una investigación abierta al respecto.
Para los populares la información sobre estos hechos, publicada inicialmente en el diario ABC, son "de una enorme gravedad" porque "apuntan a una utilización partidista de la cadena de mando de la Guardia Civil y a un intento de condicionar la representación institucional del instituto armado en función de intereses políticos".
La noticia sobre estos hechos se dio a conocer el día en que la directora de la Guardia Civil y el director general operativo del cuerpo, Manuel Llamas, estaban llamados a comparecer ante el juez Santiago Pedraz, como imputados dentro del caso Leire, por, presuntamente, promover la apertura de expedientes para presionar a los miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez. Dada la extensión de la declaración de Llamas, el interrogatorio a González fue pospuesto.
Ese mismo día, la Asociación Unificada de Guardias Civiles pidió en un comunicado la dimisión del ministro Marlaska por los hechos cuya denuncia ahora el Supremo ha decidido archivar.
