El Gobierno aprueba ampliar el mandato del fiscal general a cinco años para desligarlo de la legislatura a partir de 2028
- Ya no podrá ser cesado por pérdida de confianza sino por incumplimiento grave de sus funciones previo informe del CGPJ
- La reforma traspasa competencias que hasta ahora ejercía el Gobierno como el nombramiento de los fiscales más relevantes
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta una ambiciosa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el objetivo de fortalecer su autonomía y desvincular el mandato del fiscal general de la legislatura y del Gobierno, ya que éste durará cinco años y no cuatro, como hasta ahora. La reforma, que no entrará en vigor hasta 2028, también impedirá que el fiscal general del Estado sea cesado por pérdida de confianza del Ejecutivo y retira algunas competencias al Gobierno para atribuírselas al fiscal general, como el nombramiento de los fiscales más relevantes.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado en rueda de prensa posterior que la reforma dota a la Fiscalía General del Estado de mayor autonomía, en la línea de las peticiones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), y subraya que también adapta a la institución a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que serán los fiscales los que dirijan el proceso de instrucción de los casos, en línea con lo que hacen otros países europeos.
La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal debe ahora someterse a los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado antes de volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros en verano para su aprobación definitiva. Después, acabará incorporándose como una disposición adicional en la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que si es aprobada por el Congreso entrará en vigor en 2028, por lo que los cambios en el funcionamiento del Ministerio Fiscal no se producirán hasta entonces.
Se trata de la mayor reforma de la Ley 50/1981, que regula el Ministerio Público desde hace cerca de 45 años. La reforma empezó a gestarse en el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños antes de que estallara la causa contra el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por las filtraciones del Ministerio Público relativas a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, relativas a un presunto fraude fiscal.
Paralelamente, el Gobierno ha aprobado también en segunda vuelta la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 con el fin de promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y la transparencia.
"Estamos llevando a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas", ha sostenido Bolaños, que ha recalcado que esta reforma es "un paso sustantivo en la autonomía de la Fiscalía".
El fiscal solo podrá ser cesado por incumplimiento grave de sus funciones
Hasta ahora, el cargo del fiscal general se renovaba con cada cambio de Gobierno, pero la nueva norma busca reforzar su independencia. Así, su mandato ya no coincidirá con el del Ejecutivo, ya que será de cinco años no renovables excepto en el caso de que haya ostentado el cargo durante menos de un año. Por otra parte, si el fiscal general cesara antes de que se cumpla el mandato, por causas sobrevenidas a su cargo, su sustituto tendrá un mandato que no excederá el tiempo que le quedase al cesado para agotar esos cinco años.
Un factor clave de la reforma es que el fiscal general solo podrá ser cesado por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "El nuevo Gobierno ya no podrá cesar al fiscal general del Estado por pérdida de confianza (...) Las causas están tasadas", ha determinado Bolaños.
Preguntado por qué no se reforma el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general (es competencia del Gobierno) para garantizar una mayor independencia, Bolaños ha apuntado a que el régimen del nombramiento "está en la Constitución, en el artículo 124, y por tanto cualquier cambio necesitaría una reforma constitucional". De todas formas, ha asegurado que "la autonomía" de la Fiscalía "está absolutamente garantizada" y ha esperado que la reforma cuente con una "amplia mayoría" en el Congreso.
El Gobierno ya no podrá nombrar a los principales fiscales
Además, se prohíbe expresamente que el Gobierno central o los gobiernos autonómicos soliciten que el Ministerio Fiscal promueva cualquier tipo de actuación en procedimientos concretos. Además, el fiscal general no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros y las comunicaciones entre éste y el Gobierno deberán realizarse por escrito y serán publicadas y registradas.
Se trata, ha subrayado el ministro, de medidas para "garantizar que sean imposibles las injerencias en las decisiones de la Fiscalía".
El nuevo texto también retira la competencia del Gobierno para nombrar, ascender y sancionar a los principales fiscales y otorga estas atribuciones en exclusiva al fiscal general.
Para resolver las discrepancias con los criterios impartidos por el fiscal general, se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del fiscal general si este resulta apoyado por al menos las tres quintas partes de sus miembros: "Queremos que el funcionamiento de la nueva Fiscalía sea más autónomo pero más colegiado y con más garantías, siempre en bien del interés general".
La Fiscalía dirigirá la instrucción de las causas judiciales
Con la reforma, el Ministerio Fiscal será la que dirija a la Policía Judicial en sus funciones de investigación de los delitos. Además, se regula el nombramiento, por el Fiscal Jefe, del fiscal o fiscales encargados de la investigación en cada caso, así como las reglas de dicha investigación.
Por otro lado, se fija el régimen de abstención y recusación de los fiscales, que será el mismo que el de jueces y magistrados regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, se regulan las sanciones y los recursos que se pueden imponer en los procedimientos que dirija la Fiscalía.
Las asociaciones fiscales no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos
La reforma refuerza también la transparencia del Ministerio Fiscal y de sus asociaciones. De esta forma, las asociaciones de fiscales no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros y el registro de estas asociaciones dependerá de la Fiscalía General del Estado.
Además, existirá un registro público de los fiscales encargados de preparar oposiciones, que dependerá de la Fiscalía General del Estado. Y, precisamente, la preparación de las oposiciones por parte de los fiscales requerirá la autorización de la Fiscalía General del Estado.
"Por supuesto, el sistema de becas garantizado por ley también afecta a personas que preparen la oposición de la carrera fiscal y el Centro de Estudios Jurídicos será un centro público para preparar esas oposiciones", ha expuesto el ministro.
"Esta es una reforma a largo plazo. Hablamos de que nuestro sistema de enjuiciamiento se acerque a los mejores estándares europeos", ha afirmado Bolaños, que ha destacado finalmente que "estamos ante una transformación de la justicia para los próximos 50 años".
Tras el anuncio, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha sostenido que, a falta de ver su implementación definitiva, con el proyecto de reforma "se cumplen o se intentan cumplir con las recomendaciones dadas por la Comisión Europea". No obstante, ha señalado en un comunicado que "resulta sorprendente y paradójico que el Gobierno sí asuma bajo el manto de la protección de la independencia las recomendaciones de las instituciones europeas", cuando son estas mismas "las que llevan años pidiendo que la carrera judicial elija a los 12 vocales del total de 20 que componen el Consejo General del Poder Judicial". "Seguiremos insistiendo en que cumplan todas las recomendaciones", ha añadido.
