Cronología del caso contra el fiscal general: del bulo de MAR a la filtración que terminó con la imputación de García Ortiz
- Álvaro García Ortiz ha negado ante el juez que filtrase los correos en la causa contra el novio de Ayuso
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La información es poder y cómo se usa ha terminado con la imputación en el Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde el juez que lleva el caso, Ángel Luis Hurtado, le investiga por un presunto delito de revelación de secretos en la causa por fraude a Hacienda del empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En la causa también estuvieron bajo investigación la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, si bien sus causas han sido archivadas.
Una investigación que se gestó a partir de un bulo lanzado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, tras conocerse que la Fiscalía había denunciado al novio de Ayuso por un presunto fraude fiscal a Hacienda de 350.951 euros en 2020 y 2021 a través de facturas falsas.
Según consta en el sumario de la causa, la sucesión cronológica arranca a las 21:29 horas del 13 de marzo, cuando El Mundo publicó que la Fiscalía ofrecía un pacto al novio de Díaz Ayuso. A las 22:10, La Sexta publicó una información en sentido contrario, aclarando que fue la defensa la que manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo, reconociendo a cambio dos delitos fiscales. Desde ese momento se sucedieron las informaciones periodísticas.
La noticia saltó el 12 de marzo de 2024 y un día después, el día 13, varios medios de comunicación publicaron una información, facilitada por Miguel Ángel Rodríguez, en la que se apuntaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador, un hecho que se apresuró a desmentir el propio Ministerio Fiscal con una nota informativa el día 14 de marzo.
El mismo jefe de gabinete de la presidenta madrileña admitió en su declaración como testigo del pasado 8 de enero, que difundió un correo del fiscal que investigaba al novio de la presidenta madrileña, Julián Salto, otra de las patas en este caso.
De acuerdo a la información que se recoge en el sumario, el 7 de marzo la Fiscalía de Madrid puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado tanto la investigación contra González Amador como la judicialización de la misma.
Precisamente, a raíz de la publicación de El Mundo, esa misma noche del 13 de marzo se puso en marcha la maquinaria de la Fiscalía General para conseguir la cadena completa de 'emails' y aclarar así de quién había partido la iniciativa de pactar.
"El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024", quedaba reflejado en el escrito publicado desde el Ministerio Público.
La nota hacía referencia directa al cruce de correos que se produjo el 2 de febrero entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto, relativos a la causa abierta por supuestos delitos fiscales.
Tras dicha aclaración, González Amador presentó una querella contra la Fiscalía, también lo hizo el Colegio de Abogados de Madrid y, posteriormente, la asociación ultra Manos Limpias, por un presunto delito de revelación de secretos.
La denuncia fue aceptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien tras investigar el caso, decidió elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada para que, si lo estimase, se investigase al fiscal general del Estado.
García Ortiz, previamente, había asumido en un escrito al TSJM las responsabilidades plenas de la emisión de esa nota informativa que salió de la Fiscalía de Madrid, donde aseguraba que ese comunicado no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones "expresas y directas”.
Finalmente, el 16 de octubre, el Supremo decide imputar a García Ortiz y a la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos en la causa por fraude fiscal abierta contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La clave de la imputación del fiscal general del Estado ha sido ese intercambio de información contenida en dichos correos entre la fiscal jefa de Madrid y Ortiz en las horas previas a la publicación de la nota y de saber cómo varios medios de comunicación tuvieron acceso al contenido de esos 'mails'.
El auto, que emitió la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, recoge que las publicaciones de los medios contienen información a la que solo pudieron acceder las partes implicadas, es decir, la Fiscalía y la defensa de la pareja de Ayuso, así como la fiscal jefa de Madrid y el propio fiscal general del Estado, tras la solicitud de este de los mismos para la elaboración de la nota de la discordia.
“Como tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal Jefa Provincial, enviados por el Sr. Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa”, se exponía en el razonamiento del auto del Supremo.
Un argumento que señala directamente a ambos fiscales pero en el que no se apuntaba a la posibilidad de que los datos fuesen revelados desde la otra parte implicada en el caso, a pesar de que Miguel Ángel Rodríguez, en su declaración de hace apenas dos semanas, admitiese que filtró a varios medios las conversaciones entre la defensa de Amador y el fiscal que llevaba el caso, Julián Salto.
Según el auto, el juez Ángel Luis Hurtado considera apuntalados los indicios delictivos contra García Ortiz, en especial tras conocerse los informes elaborados por la UCO en esta investigación. En ellos, los agentes hallaron que el fiscal cambió de teléfono una semana después de ser encausado el pasado mes de octubre.
Por ello, tras ocho meses de diligencias, el magistrado acuerda procesarlos, dejando al fiscal general a un paso de sentarse en el banquillo. Un hecho inédito en la historia de la democracia y que, en caso de ser declarado culpable, conllevaría su inhabilitación.
En su escrito, Hurtado sostiene que el fiscal general actuó por "indicaciones" de Presidencia del Gobierno y con una actitud "frenética" de "ganar el relato" a favor del Ministerio Público. Además, también habría enviado el correo a la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, quien posteriormente "hizo uso de él, dando instrucciones" para que fuera exhibido "en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de la presidenta" madrileña.
En cuanto a Rodríguez, el juez considera que la fiscal "sabía" que de los correos relativos a González Amador "que hacía llegar al fiscal general del Estado" se estaba "haciendo un manejo de ellos ajeno a los fines propios del proceso penal para el que fueron creados".
El papel de Ayuso desde que estalló el caso contra su pareja
Desde que se conoció que la Fiscalía estaba investigando a Alberto González Amador hasta la imputación del fiscal general del Estado por la filtración a los medios de datos de esta causa, la presidenta madrileña ha mantenido dos argumentos de cara a la opinión pública.
Tras las primeras informaciones sobre el presunto fraude, Ayuso aseguró que su pareja estaba "sufriendo una inspección fiscal salvaje" y llegó a afirmar que era Hacienda la que le debía dinero a él. "Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe a él casi 600.000 euros". Una afirmación cuestionada por el correo filtrado en el que se reconocen dos delitos fiscales por parte de su pareja. De hecho, González Amador ha sido imputado por la jueza de instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias Sánchez.
Al empresario y pareja de la presidenta madrileña se le atribuyen dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.
La denuncia de González Amador contra la Fiscalía ha paralizado de manera indirecta –se ha pospuesto hasta cuatro veces– su declaración en la investigación judicial contra él por haber defraudado presuntamente más de 350.000 euros a la Hacienda Pública.
Además, la Fiscalía se sumó el pasado 15 de enero a la petición realizada por Más Madrid y el PSOE de que se abra una causa separada contra González Amador por el presunto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de la empresa sanitaria 'Quirón Prevención' a través de la compra de una empresa en la que podría haber una "comisión encubierta".
El otro argumento esgrimido por Ayuso cada vez que sale a relucir la investigación contra su pareja o el caso contra el fiscal general del Estado, derivado precisamente de la filtración de datos de la primera, es que "todo es una operación del Estado" contra ella, una máxima que también se ha asumido como respuesta desde Génova.
El último en usar este tipo de declaraciones, sin aportar pruebas, ha sido el portavoz en el Congreso de los ‘populares’, Miguel Tellado, quien ha asegurado que "cada vez es más turbio" lo que "rodea" a lo que ha calificado como "la operación del Gobierno para derribar" a Ayuso.
Estas declaraciones las hizo tras conocerse que habían robado en casa de los abogados de González Amador, a pesar de que la Guardia Civil lo desvinculó desde un principio del caso y finalmente llevó a la detención en Algeciras de los ladrones. Se trataba de delincuentes comunes que actuaban en la zona.
Por parte del Gobierno siempre se ha defendido la idea de que el caso contra el fiscal general del Estado es "una cortina de humo" para desviar la atención sobre la causa abierta contra González Amador. Además, también se ha mostrado "plena confianza" en la labor de Ortiz tras su imputación, alegando que es una "persona integra".
Juan Lobato, la primera víctima política del caso
El caso, que no ha parado de sacar aristas, dio otro cambio de guion a finales de noviembre, cuando el magistrado Ángel Hurtado decidió llamar a declarar como testigo al por entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, tras las informaciones publicadas en el diario ABC en las que se apuntaba a Moncloa como filtradora directa de los correos entre la Fiscalía y la defensa del novio de Ayuso.
El que era secretario general del PSOE en Madrid registró ante notario la conversación que tuvo con la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, en la que mandaba supuestamente información confidencial del caso de González Amador para que la usara en la Asamblea de Madrid, algo a lo que Lobato se negó.
El 29 de noviembre, Juan Lobato prestaba declaración como testigo ante el Alto Tribunal, el mismo día que el PSOE celebraba su congreso nacional en Sevilla y ya dimitido como líder de los socialistas madrileños. En su testimonio ante el juez aportó de manera voluntaria su móvil para el volcado de datos, además del acta notarial de la conversación con Pilar Sánchez Acera.
Lobato se convirtió, sin querer, en la primera víctima política en el caso contra el fiscal general del Estado que, desde el inicio, ha contado con el respaldo del Gobierno, que ha salido en su defensa ante las múltiples peticiones de dimisión por parte del Partido Popular y Vox.
En las actas notariales, a las que tuvo acceso RTVE, se relata que desde Moncloa le dicen que la carta sobre el novio de Ayuso la tienen los medios, aunque a esa hora no se ha publicado. También le dicen que espere y después le mandan ya un enlace de El Plural con la información.
Lobato dijo que no sabía si el documento que recibió a primera hora del 14 de marzo de Pilar Sánchez Acera, asesora del entonces jefe de Gabinete de Sánchez, Óscar López, con el 'email' donde Alberto González Amador reconocía delitos fiscales provenía de la Fiscalía o de los medios de comunicación.
Las contradicciones de Miguel Ángel Rodríguez
La declaración como testigo del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, uno de los actores clave de esta película, se produjo el pasado 8 de enero.
MAR, las siglas por las que se le conoce, admitió ante el juez Hurtado que mandó a varios medios de comunicación la información que le había remitido previamente el novio de Ayuso el día 12 de marzo a las 9.09 horas. Según él, en el pantallazo de ese mail que mandó a los medios se podía comprobar que lo remitió a las 22.27 horas de ese mismo día, donde se aseguraba que era la Fiscalía la que había ofrecido un pacto al novio de la presidenta madrileña y que luego esta se echó atrás.
Pocos días después de su versión como testigo en todo este caso, trascendió el pantallazo que aportó como prueba ante el magistrado del Supremo y donde se puede comprobar que el jefe de gabinete de prensa de Ayuso sí que conocía que la defensa de González Amador había ofrecido un pacto al fiscal del caso, Julián Salto, en el que se reconocía la comisión dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades 2020 y 2021 y ofrecía que su defendido se declarase culpable de dichos delitos por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia.
"He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima", escribió el abogado Carlos Neira a su cliente González Amador. El novio de Ayuso le reenvía el 12 de marzo a las 9.09 horas el pantallazo del mensaje a Miguel Ángel Rodríguez, que guarda el contacto de González Amador en la agenda como "Alberto QUIRÓN González".
Unas pruebas aportadas por el propio MAR ante el juez que evidencian que era falsa la información que él mismo filtró a varios medios de comunicación y que fue el origen de esta imputación al fiscal general del Estado. La Fiscalía nunca ofreció un pacto a González Amador, sino que fue la defensa de este quien lo propuso a cambio de asumir la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública.
Unos hechos que provocaron la nota emitida desde la Fiscalía para desmentir el bulo y que ha terminado con la imputación ante el Supremo de Ortiz, la jefa provincial de Madrid y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.
Lastra asegura que la filtración solo pudo salir de la Fiscalía
Ocho días después del testimonio de Miguel Ángel Rodríguez, llegó el turno para la declaración, también como testigos, de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y del fiscal de delitos económicos que investigó a González Amador por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.
Lastra aseguró ante el juez Hurtado que, a su juicio, la filtración a los medios de los mails entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal que llevaba su caso solo podría haber salido de la Fiscalía, tras argumentar que a esos datos no tenían acceso otras partes.
Además, le contó al magistrado del Supremo que le preguntó a García Ortiz la mañana del 14 de marzo si él había filtrado a la prensa la información relativa al caso de González Amador. "¿Álvaro, has filtrado tú?", afirmó Lastra, a lo que el fiscal general del Estado le respondió: "Eso no importa ahora".
Por su parte, Salto negó ante Hurtado que exista un protocolo de borrado en la Fiscalía. Cabe recordar que en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aportado al juez del Supremo se registró que se encontraron "cero mensajes" en el móvil de Álvaro García Ortiz.
En el mes de enero, el juez también tomó declaración a los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, Íñigo Corral, quienes negaron que tuviesen acceso a los correos filtrados.
La defensa de Ortiz cree que Hurtado se salta pruebas clave
A todo esto, la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de Álvaro García Ortiz, presentó un recurso de reforma en el que señalaban al magistrado Hurtado por haber omitido pruebas que exculparían a los tres imputados en la causa de revelación de secretos del caso contra González Amador y de sostener "algunas de las imputaciones en meras opiniones, carentes de base probatoria”.
Desde la Abogacía del Estado se sostiene que el juez del Supremo ha omitido elementos de “esencial relevancia” que ponen de manifiesto que "no concurre" en ninguno de los investigados "sospechas fundadas para considerarles posibles autores del delito" de revelación de secretos. Por ello, ha recurrido ante el alto tribunal su procesamiento al considerar que las imputaciones son "absolutamente infundadas, voluntaristas, arbitrarias o carentes de toda base o fundamento".
La defensa de García Ortiz también pidió que declararan como testigos cuatro periodistas de El País, que ante el juez indicaron que supieron el contenido del correo filtrado con el pacto de conformidad más de 24 horas antes de que tuviera conocimiento de ello el fiscal general del Estado. En concreto, accedieron al contenido a las 13:30 horas del 12 de marzo de 2024, mientras que García Ortiz no recibió el mail en cuestión hasta el 13 de marzo de 2024 por la noche.
Asimismo, aclararon que ellos no tenían el correo ni el expediente con los datos de la denuncia, pero que sus fuentes, que procedían de la Fiscalía de Madrid, les habían contado que la defensa de González Amador había pedido un pacto con la Fiscalía.
García Ortiz niega ante el juez que filtrara los correos
Álvaro García Ortiz se convirtió en el primero de los tres imputados en el caso en declarar ante el juez del Supremo. El jefe del Ministerio Fiscal negó ante el magistrado Hurtado que filtrara los correos entre el abogado de Amador y el fiscal en la causa que tiene abierta el novio de la presidenta madrileña por un presunto delito de fraude fiscal.
Además, García Ortiz, que solo respondió a las preguntas realizadas por su defensa, también explicó que suele borrar contenido del móvil –que ha cambiado seis veces en los últimos años– por seguridad y por ser una obligación legal al tener información sensible.
La siguiente en declarar fue la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que negó haber filtrado información relativa a González Amador y recordó que un gran número de personas –unas 60, según su declaración– tuvieron acceso al correo y al expediente tributario del empresario. Su defensa ha alegado en varias ocasiones que solo envió información al fiscal general del Estado y que estaba obligada legalmente a dar cuentas a su superior jerárquico.
Finalmente, el Supremo ha decidido por unanimidad acordar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto a Pilar Rodríguez Fernández por considerar que los indicios acumulados durante la instrucción son insuficientes para formular acusación, apreciando que en su actuación no hubo indicios de la comisión de delito.
Una semana después de su declaración ante el juez, le tocó al tercer imputado en este caso, el 'número dos' de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, que también negó las acusaciones y aseguró que no tuvo acceso a los correos. Finalmente, su caso también fue archivado por indicios insuficientes.
En paralelo, el Juzgado de Instrucción 20 de Madrid imputó a periodistas del diario El País, El Mundo y 20 Minutos por las informaciones que publicaron el pasado 25 de noviembre sobre el informe de la UCO sobre las conversaciones de WhatsApp y los correos electrónicos intervenidos a la jefa de la Fiscalía Provincial. Ante esto, más de 50 periodistas de tribunales firmaron un escrito en el que recalcaron que solo cumplieron con su "deber constitucional" de informar de un "asunto de interés público".
La causa de González Amador continúa tras meses en 'stand-by'
Mientras, la causa abierta contra el novio de Ayuso por delitos fiscales continúa avanzando. Tras varios meses en 'stand-by' y cuatro prórrogas de la declaración del empresario –imputado por un presunto fraude contra Hacienda de más de 350.000 euros en venta de mascarillas durante la pandemia–, la jueza propueso procesarle por un delito de fraude fiscal y otro de falsificación documental.
En el auto, la jueza subrayó el "comportamiento fraudulento" de González Amador e indicó que presentó autoliquidaciones "no veraces" del Impuesto de Sociedades "de forma consciente y voluntaria" por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021.
Además, el pasado 10 de abril dio explicaciones en sede judicial a cerca de sus negocios con la consultora sanitaria Maxwell Cremona, de la que es administrador, y con Masterman & Whitaker, investigada por su posible uso a modo de sociedad pantalla para ocultar ingresos.
Acusado de un presunto delito de corrupción y administración desleal, Amador defendió la legalidad de sus negocios y justificó la compra por medio millón de euros de la empresa Círculo Belleza SL –más tarde renombrada como Masterman & Whitaker– señalando que el valor de la compañía residía en la gran red de distribución que poseía.
La Abogacía del Estado y la Fiscalía han pedido para él tres años, nueve meses y un día de prisión y el pago de una multa de 448.000 euros por los presuntos delitos de fraude fiscal.
