García Ortiz nomina a Sánchez Ulled, encargado del caso Palau, como fiscal de delitos contra la Administración
- Quien ostente el cargo deberá fijar los criterios sobre el delito de revelación de secretos por el que el Supremo investiga al FGE
- La Asociación de fiscales le pidió a García Ortiz que se abstuviera de participar en esta propuesta
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto el nombramiento del fiscal del caso Palau de la Música, Emilio Sánchez Ulled, como fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública, cargo que tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo investiga al jefe del Ministerio Público.
Así lo ha acordado tras el Pleno del Consejo Fiscal celebrado este martes, donde se decidían las jefaturas de cuatro unidades especializadas de la Fiscalía: la de delitos contra la Administración, la de delitos económicos, la de seguridad vial y la de violencia de género.
Sánchez Ulled, que era el favorito en las quinielas, es actualmente consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la UE, si bien previamente ejerció en Anticorrupción en Barcelona y fue el fiscal del caso Palau y el de la causa que sentó en el banquillo al expresident Artur Mas por la consulta del 9N.
Se trata de nombramientos discrecionales en los que el fiscal general debe escuchar al Consejo Fiscal –dominado actualmente por la mayoría crítica que forman los seis fiscales de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– pero sin que la opinión del órgano consultivo sea vinculante. Así, una vez decidido el candidato, García Ortiz lo comunica al Gobierno, que puede ratificarlo o rechazarlo, pero no nombrar otro.
Una polémica votación
La votación no ha estado exenta de polémica, ya que los seis vocales de la AF no han participado, si bien no han abandonado la sala, según fuentes jurídicas. Todo ello porque esta asociación había pedido al fiscal general que se abstuviera y no hiciera propuesta alguna de nombramiento para esta plaza, de reciente creación, así como que la sacara del orden del día.
De este modo, Sánchez Ulled ha sumado los cuatro votos restantes: los dos de la Unión Profesional de Fiscales (UPF) y los dos de las vocales natas, la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde y la jefa de la Inspección Fiscal María Antonia Sanz Gaite.
Además de este nombramiento, que era el más mediático por la proyección hacia la causa de García Ortiz, el Consejo ha votado la designación de otros tres fiscales de sala, entre ellos otro de nueva creación, el de fiscal de sala coordinador de Delitos Económicos, puesto para el que se ha designado a Fernando Rodríguez. De este modo, pasará ahora a estar al frente de una unidad especializada, creada en el marco del Plan de Regeneración Democrática, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024, al igual que el de fiscal de delitos contra la Administración Pública.
Para la Fiscalía de sala de Violencia contra la Mujer, se ha propuesto a la actual fiscal superior de Asturias, María Eugenia Prendes, que era la única candidata. Desde julio de 2012 hasta finales de 2022, fue fiscal delegada de Violencia de Género y Doméstica y se ha convertido en un referente de la especialidad. Y para la Fiscalía de sala de Seguridad Vial, vacante tras el fallecimiento de Luis del Río, a Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, quien hasta ahora ejercía de fiscal adscrito al fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial.
La AF pide a García Ortiz que se abstenga
El pasado octubre, los vocales de la AF y de la APIF votaron en contra de la creación del puesto de delitos contra la Administración Pública al considerar que hay un "solapamiento de competencias" con la Fiscalía Anticorrupción, cuestionando que su verdadero objetivo sea reforzar la lucha anticorrupción, para lo cual abogaron por dotar de más medios a la fiscalía especial que dirige Alejandro Luzón.
Y, en vísperas del Pleno, la AF ha enviado una carta a García Ortiz donde le insta a abstenerse de participar en esta propuesta de nombramiento, dado que el candidato elegido tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito por el que le investiga el alto tribunal.
En dicha causa se investiga una supuesta filtración de datos de la causa seguida por supuesto fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La AF ha pedido "que no comprometa más la imagen de la institución y no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad".
Otras voces del Consejo Fiscal rechazan las críticas a la unidad especializada. A su juicio, no hay solapamiento de competencias con la Fiscalía Anticorrupción porque ésta investiga y acusa interviniendo directamente en los casos, pero la de reciente creación no tiene estas funciones, por lo que se limitará a coordinar la actuación de los fiscales especialistas en la materia para unificar criterios.
