La reforma del Gobierno del acceso a las carreras judicial y fiscal pasa su primer examen en el Congreso
- Han sido rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox
- El texto ha llegado a la Cámara Baja un día después del paro convocado por asociaciones de jueces y fiscales en contra
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
El proyecto de ley impulsado por el Gobierno para la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ha superado este jueves su primer examen en el Congreso, después de que hayan sido rechazadas con 177 votos en contra y 170 a favor las enmiendas a la totalidad del texto presentadas por PP y Vox, formaciones que consideraban que estos proyectos "dinamitan los pilares del Estado de Derecho" y que solo tiene por fin "blindar" al Gobierno y al PSOE frente a "su corrupción".
Este proyecto de ley orgánica incluye, entre otras cuestiones, un nuevo examen escrito para las oposiciones, una ampliación del número de plazas de jueces y fiscales, el blindaje de las becas a los opositores y la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales.
En el debate parlamentario, se ha colado el informe de la UCO sobre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el ofrecimiento del juez del caso Koldo para declarar voluntariamente. De hecho, en varias ocasiones, el debate se ha visto interrumpido por los gritos de los diputados del PP exigiendo su dimisión, y por los llamamientos al orden de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Además, el examen a estas reformas ha llegado un día después de que jueces y fiscales de todo el país, incluida la cúpula del Tribunal Supremo, se manifestaran para reclamar la retirada de esta iniciativa legislativa.
Bolaños defiende la necesidad de la reforma
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha evitado pronunciarse sobre el caso que afecta a Santos Cerdán, ha defendido la necesidad de esta reforma, pues, asegura que servirá para "abordar los retos de la Justicia del siglo XXI" y para actualizar las estructuras que "no se han modificado en lo sustancial en décadas".
Bolaños se ha mostrado convencido de que en unos años "habrá un gran consenso" y "nadie querrá volver atrás". "Habrá debate, por supuesto que habrá debate, pero pasados los años será un gran consenso y nadie querrá volver atrás porque estas son las reformas que necesita la Justicia del siglo XXI", ha asegurado Bolaños en su intervención en el debate.
Además, el ministro ha sostenido que con la reforma "vamos ya con retraso" y ha asegurado que el "inmovilismo" solo lleva a "cronificar los problemas de siempre".
Asimismo ha indicado que estos proyectos de reforma cumplen algunas reivindicaciones de la carrera judicial y fiscal, como es el aumento de las plazas y ha explicado que el texto incluye la creación del 'cuarto turno' para los fiscales, que hasta ahora solo existía para jueces.
También ha hecho una defensa del "proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos", una de las cuestiones que ha provocado el rechazo de las asociaciones. "Vamos a llevar a cabo este proceso de regularización extraordinario y lo vamos a llevar a cabo con un proceso de concurso oposición cuyo tribunal presidirá un magistrado del Supremo y un fiscal de sala, un concurso oposición con arreglo a los principios de mérito y capacidad", ha señalado.
PP y Vox creen que el Gobierno se quiere "blindar"
El PP presentó una enmienda a la totalidad porque consideraba que el proyecto de ley debe devolverse al Gobierno para que se sustituya por "un proceso de reforma participado, abierto y riguroso, que respete los principios constitucionales y refuerce, y no debilite, las garantías de independencia judicial".
Para la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, "nada justifica esta reforma" y ha negado que, como dice el Gobierno, responda a una exigencia de la Unión Europea. A su juicio, el único fin es "controlar la Justicia".
De igual forma, Vox ha pedido que se devuelva el texto al Gobierno al considerar que es "manifiestamente perjudicial para el sistema de equilibrio de las instituciones del Estado y, por tanto, para el interés nacional y para el bien común".
En su turno de intervención en el debate, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado que la reforma es "una ley que solo busca debilitar la Justicia y dinamitar la separación de poderes".
Tanto la diputada del PP como la de Vox han aludido al caso Cerdán, así como a la "autoamnistía" que decía la Comisión Europea y el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Sin embargo, las enmiendas de estos grupos no han contado con el apoyo de las demás formaciones, que han denunciado que existe "lawfare" y han señalado que ahora no solo afecta a Cataluña y País Vasco. Varios grupos, entre ellos ERC, Bildu y Podemos, han anunciado que presentarán enmiendas parciales a las reformas para avanzar en la "democratización" de la Justicia.
