Comienza la huelga de tres días de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno
- Protestan contra la reforma del acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal
- El CGPJ acordó por unanimidad que este paro carece de base legal
Este martes ha arrancado el primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, y a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) acordó por unanimidad que este paro carecía de base legal.
Según las asociaciones convocantes, de carácter conservador, han secundado la huelga tres de cada cuatro jueces y fiscales: "Con la debida cautela del momento provisional, el seguimiento de la huelga en el día de hoy ha alcanzado aproximadamente el 75%", han informado a través de un comunicado. Esta estimación se ha calculado con base en correos electrónicos, la información facilitada por decanatos y por el número aproximado de jueces y fiscales que actualmente se encuentran de vacaciones.
En el mismo documento, han lamentado que el Ministerio de Justicia "no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas". La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que, a su juicio, amenazan la independencia judicial.
Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "comprometen gravemente" la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal" y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.
El Ministerio de Justicia "respeta" la movilización
Fuentes del Ministerio de Justicia, encabezada por Félix Bolaños, han reiterado que el Gobierno respeta las huelgas convocadas y a las asociaciones convocantes, aunque han querido resaltar que hay jueces, magistrados y fiscales que no se han sumado a estas movilizaciones, decisión que también respetan.
Asimismo, han asegurado que la reforma que plantea el Gobierno es necesaria para "modernizar las Carreras Judicial y Fiscal por primera vez en 40 años y especialmente las pruebas de acceso, que son del siglo XIX". Entre otras cuestiones, el ministerio detalla que el objetivo es blindar las becas para opositores, incluir un examen escrito para medir las habilidades más allá de la capacidad de memorización, garantizar que los exámenes escritos son anónimos y los orales son grabados o crear un registro público para opositores. Además, la medida de Bolaños pretende establecer un proceso de estabilización para jueces y fiscales sustitutos para, asegura, evitar así una "sanción millonaria a España por la Comisión Europea".
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también ha pedido que se respeten las acciones convocadas, aunque ha recordado que el CGPJ "fue claro con una respuesta unánime" y que la intención del Ejecutivo es "llevar a cabo una reforma modernizadora de la justicia".
El Gobierno pide al CGPJ información sobre los jueces y fiscales en huelga
Por otra parte, el Gobierno ha solicitado al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que cada día en el que están convocadas las huelgas les informen de los jueces y fiscales que no acuden a su puesto de trabajo. Las fuentes del Ministerio han asegurado que la finalidad de esta medida es "conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden".
"Esta comunicación es necesaria para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el ministerio es el organismo pagador de jueces, fiscales y magistrado", han justificado. No obstante, el CGPJ ha respondido que este control no forma parte de sus competencias y, por tanto, no se está realizando ningún recuento oficial de quiénes participan en las movilizaciones.
Según el Departamento que dirige Félix bolaños, el primer día de huelga ha transcurrido con "normalidad casi absoluta" y que a las 18:00 horas nadie ha comunicado al Ministerio "ningún dato de una sola persona que haya secundado el paro". "Recordamos que el CGPJ y la Fiscalía General del Estado consideran que la convocatoria no tiene base normativa, la dan por no convocada y no están recibiendo datos de personas que están secundando la huelga ni de los propios huelguistas ni de las asociaciones convocantes".
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos dos –Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)–, han secundado esta huelga de tres días -1, 2 y 3 de julio- contra las reformas anunciadas por el Gobierno, a pesar de que el ministro del ramo, Félix Bolaños, descarta dar marcha atrás asegurando que son "imprescindibles" para modernizar la Justicia. Las asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Fue el pasado 17 de junio cuando las cinco asociaciones anunciaron la huelga, ofreciendo desconvocarla si el Ejecutivo retiraba las reformas, algo que el Ministerio de Justicia ha rechazado, como ya les avanzó en la reunión que mantuvieron días antes, el 4 de junio, con el secretario de Estado Manuel Olmedo. Ya con la medida de fuerza anunciada, Bolaños les trasladó en una misiva que las reformas se harán para actualizar "estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX".
Cabe recordar que se trata de la sexta huelga de togados. La primera fue en 2009, con el socialista Mariano Fernández Bermejo en el Ministerio. A esa siguieron otra más ese año con Francisco Caamaño (PSOE); una en 2013, con Alberto Ruiz-Gallardón (PP); y dos en 2018, con Rafael Catalá (PP) y Dolores Delgado (PSOE); por lo que Bolaños se suma así a la nutrida lista de ministros de Justicia que soportan la medida de fuerza.
"Riesgo de selección ideológica"
Las asociaciones alertan de que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas está el "riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales" y que se "va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".
Respecto a la reforma de la Fiscalía, para adaptarla al cambio de jueces a fiscales instructores, las cinco asociaciones advierten de que "se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo" y "sin contrapesos" suficientes.
“Roberto García, magistrado y vicepresidente Foro Judicial Independiente, sobre la huelga: "Creemos que estos proyectos de ley contienen un conjunto de medidas, que directa o indirectamente, suponen una mayor injerencia del Poder Ejecutivo".#LaHora1J
— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 1, 2025
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El CGPJ acuerda que la huelga carece de base legal
Ante la convocatoria de huelga, el Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre la legalidad de este paro, como hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta. Así, el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad el pasado jueves que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, "no procede" tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.
Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos. También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos".
Las asociaciones mantienen la convocatoria y consideran la huelga una medida legítima. A pesar de este pronunciamiento, las asociaciones han decidido continuar con la convocatoria de huelga, ya que consideran que se trata de "una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de las condiciones profesionales".
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha trasladado su respeto a quienes convocan la huelga, si bien ha comunicado los motivos que les llevan a no secundarla. Por un lado, considera que las reformas legales proyectadas "no ponen en riesgo el Estado de derecho" ni afectan a la independencia de jueces y fiscales. Por otro, porque no quieren "colaborar en un debate tóxico y viciado" en el que "se deslegitima de antemano a las posiciones partidarias de la negociación y del diálogo".
Asimismo, advierten de que la retirada total de los dos textos prelegislativos conllevaría el rechazo al blindaje legal de las becas para preparar oposiciones y a la creación de un centro público de preparación de oposiciones "al que puedan acceder personas de todas las rentas y de todos los rincones de España". No obstante, ve necesaria la modificación de algunos puntos de los proyectos legislativos y avanzan que solicitarán una reunión urgente con el ministro de Justicia.
Normalidad en los órganos judiciales durante la huelga
El primero de los tres días de huelga ha arrancado con normalidad en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, donde se han practicado las diligencias, declaraciones y juicios previstos en la agenda. La mayoría de los juzgados están funcionando de forma habitual, con algunas excepciones.
Tanto es así, que la Audiencia Nacional está celebrando los tres juicios fijados en agenda para esta semana. Algunos magistrados de lo Contencioso-Administrativo sí se han sumado a la huelga, pero que el ámbito de lo penal está funcionando de forma habitual.
