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El objetivo de esta aplicación, que ha sido puesta en marcha por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, adscrita a la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, es descongestionar los teléfonos de atención sanitaria de las diferentes comunidades autónomas, a la vez que ofrecer información oficial a la ciudadanía.

[Coroanvirus: última hora en directo]

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha comparecido en rueda de prensa asegurando que "No se va a cerrar ningún juzgado" por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Campo ha razonado que "en aquellos juzgados en los que se han detectado casos, como en cualquier otro servicio público, se produce un desalojo inmediato para desinfectarlo y reanudar otra vez la prestación de estos servicios esenciales".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha comparecido en rueda de prensa para enumerar los servicios esenciales que se priorizarán en este estado de alarma por la pandemia del coronavirus y los ha resumiendo en "procesos urgentes y preferentes en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales".

Los procesos que se priorizarán serán: "Expedición de licencias de enterramiento, inscripciones de nacimiento en plazos perentorios, celebración de matrimonios de conformidad con el 52 del Código Civil. Actuaciones con detenidos y otras que resulten inaplazables como la adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registro y un largo etcétera detallado en la resolución. Cualquier actuación en causa con presos o detenidos, las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria", ha enumerado el ministro.

"En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se considera servicio esencial las autorizaciones de entradas sanitarias urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga un carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes y recursos contenciosos-electorales", ha continuado Juan Carlos Campo. 

Y ha concluido con el "orden jurisdiccional-social" en el que se priorizarán "la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes así como los procesos de expedientes de regulación de empleo (ERE) y expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)".

Según los últimos datos del INE (el Instituto Nacional de Estadística), los divorcios han descendido un 2,8% y la custodia compartida fue otorgada en el 34%. Pero en estas últimas horas debemos sumar nuevos datos que arrojan más luz sobre esta realidad que atraviesan numerosas parejas: Los divorcios sin acuerdo tardan en resolverse más de tres años y medio en juzgados de primera Instancia y en audiencias provinciales no especializadas en materia de derecho familiar. Son datos que se desprenden de un informe de la Asociación Española de Abogados de Familia, como ha explicado su presidenta María Dolores Lozano en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso.

El Gobierno aprueba mañana la ley de libertades sexuales que, entre otras cosas, pretende cambiar el Código Penal para establecer el concepto de "sólo sí es sí" en una relación sexual. La norma está generando roces en el Gobierno. Igualdad mandó un borrador al resto de ministerios, pero justicia ha puesto pegas a algunas de las modificaciones del Código Penal y considera que además invade competencias de otras administraciones.

En público, la ministra de Igualdad, Irene Montero, niega discrepancias, aunque su entorno habla de que hay un intento de torpedear el proyecto. La ley prevé eliminar la figura del abuso sexual para considerarlo agresión con diferentes agravantes no contemplados hasta ahora. Además, al tener en cuenta la violencia sexual, se amplía el foco más allá de la pareja incluyendo el ámbito laboral y situaciones de ocio.

La ex-Ministra de Justicia, Dolores Delgado asegura que su paso por el Ministerio no debe interpretarse como una debilidad, sino como una fortaleza.

Dolores Delgado asegura que como Fiscal General del Estado hará defensa "de la autonomía, la independencia, la imparcialidad del Ministerio Público" y también defiende su currículum de treinta años como fiscal de carrera. Asegura que "si se parte del concepto de servicio público, el hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia, esto debe entenderse no como una debilidad sino como una fortaleza"

Sin embargo, los argumentos no han convencido a la Oposición que considera la candidatura de Delgado como una "anomalía inaceptable que pone en entredicho el prestigio de la Fiscalía".

Informa Araceli Sánchez

PSOE y Podemos han zanjado las discrepancias que mantenín sobre la ley de libertad sexual. El ministerio de Igualdad quería aprobar el proyecto antes del 8 de marzo y acusaba a Justicia de bloquear la modificación de la ley. La Moncloa ha intentado aparcar la polémica con un comunicado en el que asegura que hay consenso total en el Gobierno sobre ese asunto y que la ley se presentará en los plazos previstos. Informa David Fernández.

La Comisaría de policía de Ávila acogió ayer una reunión de sus interlocutores en delitos de violencia de género, de trata de seres humanos y delitos de odio con los integrantes de la Oficina de Asistencia a las víctimas del Ministerio de Justicia en los Juzgados de Ávila. Esta oficina atiende 150 nuevos casos cada año y ofrece asesoramiento y ayuda psicológica a las víctimas de estos delitos.

La Universidad Católica de Ávila y la Escuela Nacional de Policía de Ávila inauguran el tercer campus en materia de Seguridad y Defensa Nacional, que este año ha programado 17 cursos presenciales y telemáticos en materias de seguridad pública global.

La Audiencia provincial de Ávila confirma dos sentencias a cuatro personas por tráfico de drogas.

La Confederación Hidrográfica del Duero decreta el fin de la situación de emergencia por sequía en la cuenca del Adaja y el Alto Tormes, después de las precipitaciones de los últimos meses que han aliviado la sequía.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha comprometido a que la reforma de los delitos de sedición y rebelión del Código Penal se haga sin atajos y con el informe del Poder Judicial, al tiempo que ha negado la existencia de "compromiso con un partido" -en clara alusión aunque sin citarlo a ERC- para acometerlas.

Ante estas declaraciones, desde Catalunya en Comú, no descartan que los condenados del procés puedan salir de prisión en pocos meses.

En el noveno aniversario de la presentación de la primera denuncia colectiva, las asociaciones y afectados por casos de bebés robados se han concentrado ante la Fiscalía General del Estado. Reclaman más investigación por parte del Estado, que los delitos no prescriban y que se agilicen los trámites. Desde allí, Noemí Martínez habla en directo con Enrique Vila, abogado y presidente de SOS Raíces Adoptados, con Juani Fernández, de SOS Bebés Robados Madrid, y con Carmen Lorente, de Sevilla Bebés Robados.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que el ministro de Justicia tiene previsto llamar al PP para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional. En rueda de prensa tras el consejo de ministros, Montero ha reprochado a Pablo Casado que afirme "sin pudor" que va a ejercer su mayoría para bloquear la renovación de todas las instituciones entre las que ha incluido al CGPJ, el TC y el Defensor del Pueblo. Por ello, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" del PP y ha anunciado que les van a tender la mano para alcanzar los acuerdos de Estado necesarios.

El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido en que lo importante es abordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces y ha exortado a todos los partidos a ponerse de acuerdo para ello. Sobre la polémica entre el Consejo General del Poder Judicial y el Vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias que aseguró que los tribunales europeos habían humillado a la justicia española, el Ministro de Justicia ha asegurado que el Ejecutivo ya ha mostrado su respaldo a Iglesias.

A poco más de dos horas de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se someta a debate la propuesta del Gobierno de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, la propuesta del presidente de este máximo organo de los jueces elimina la frase literal sobre su idoneidad. Se busca, segun fuentes del CGP,  alcanzar el maximo consenso.

Dolores Delgado ha renunciado esta jueves a su escaño en el Congreso como diputada socialista. Es el paso previo a que el Consejo General del Poder Judicial decida este jueves por la tarde sobre su idoneidad como nueva fiscal general del Estado. Es un trámite, pero los vocales conservadores están dispuestos a dejar constancia de su oposición al nombramiento. La reunión se produce poco después del choque entre jueces y Moncloa a cuenta de unas declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Las asociaciones de jueces creen que la proposición de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado "es poco estético" y podría levantar "sospechas" de no imparcialidad, aunque no cuestionan "sus méritos" y "su acreditada experiencia profesional" para asumir el cargo.

Para el portavoz de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, su designación puede "dar la sensación a la ciudadanía de que el Gobierno quiere meter las manos en la Fiscalía".

También el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, ha coincidido en que al pasar de un día para otro de ser ministra de justicia a fiscal general del Estado, "surge la sospecha de que no se da la imparcialidad" que se supone ha de tener uno de los atributos del Ministerio Fiscal.

Aún así, ambas asociaciones han señalado que no cuestionan "sus méritos", ni el que lo pueda hacer adecuadamente dada su "acreditada experiencia" como fiscal en el pasado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por su "impecable" currículo y su "carácter independiente" y ha afirmado que le ha pedido que actúe con "absoluta independencia" y garantice el cumplimiento de la ley.

Sánchez se ha pronunciado así en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la celebración del primer Consejo de Ministros en relación con las críticas que ha recibido entre fiscales, jueces y partidos políticos la propuesta que ha aprobado el Ejecutivo. El jefe del Gobierno también ha recordado que con el Estatuto del Ministerio Fiscal "está más que garantizada no solo la autonomía de la nueva fiscal general, sino de todos y cada uno de los fiscales".

María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha dicho que "no parece ético ni estético" que Dolores Delgado haya sido nombrada como Fiscal General del Estado recién abandonada su cartera de Ministra de Justicia, aunque ha dejado claro que "no se trata de cuestionar la valía de Delgado". Respecto al nombramiento de Juan Carlos Campos como ministro, del Barco ha roto una lanza a su favor, resaltando su experiencia en el campo, aunque reconoce que habrá que esperar para valorar su labor al frente de Justicia. Por su parte, Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, ha querido insistir que "en España los fiscales no son independientes" y por eso desde su asociación luchan para que se alcance. Además, González Vega ha pedido a todos los grupos "que se renueven las instituciones" como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

La propuesta de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición y por las asociaciones de jueces y fiscales. Se trata de la primera vez que un ministro de Justicia pueda ocupar este cargo, después de un año y medio en el Gobierno no exento de polémica.

La ya exministra de Justicia, Dolores Delegado, ha expresado su agradecimiento "a todos los organismos implicados" en el ámbito judicial, entre ellos el Consejo General del Podemos Judicial, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por su "magnífica colaboración para mirar al frente y seguir avanzando". Estas han sido sus palabras en el traspaso de la cartera de Justicia a su sucesor Juan Carlos Campo que ha tomado posesión del cargo junto a otros 21 ministros del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha expresado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso su "desagrado" por la posibilidad de que Pedro Sánchez proponga a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva Fiscal General del Estado en sustitución de María José Segarra, alegando que "confunde a la ciudadanía" porque parece que "hay una interferencia política en la cúpula fiscal".

Juan Carlos Campo Moreno, doctor en Derecho y diputado del PSOE en el Congreso desde 2016, será el nuevo ministro de Justicia en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. En sus 33 años de carrera judicial, ha sido magistrado de la sala penal de la Audiencia nacional, secretario de Estado de Justicia con Zapatero y vocal del Consejo General de Poder Judicial entre 2001 y 2008.

La Abogacía del Estado se ha convertido, sin quererlo, en ficha clave en las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez. PP y Ciudadanos denuncian presiones hacia este organismo, mientras que el Gobierno en funciones defiende su independencia. Su sede se encuentra en el Ministerio de Justicia y su misión es la de representar y defender al Estado y a todos los funcionarios en causas derivadas de su trabajo. También proporciona asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas y promociona la investigación y difusión de cuestiones jurídicas.