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Tras las críticas vertidas por el Tribunal Supremo ante el decreto que les obligará a pronunciarse sobre las restricciones una vez que decaiga el estado de alarma, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, responde en RNE. “Pediría calma y sosiego. El decreto es tremendamente constitucional y empodera al Supremo para su rol constitucional, que es unificar doctrina”. Es categórico sobre el plazo de cinco días para dar una respuesta: “Claro que sí. Se cumplirá”. Campo se compromete a dar los recursos de personal que sean necesarios pero también apunta que no habrá un aluvión de recursos: “Como mucho, uno por comunidad”. A poco más de 24 horas para que decaiga el estado de alarma el Gobierno defiende que las CCAA tienen un “arsenal normativo suficiente” para tomar medidas que hagan frente a la pandemia.

Campo explica por qué el Ejecutivo descarta la reforma de otras leyes, como propone la oposición. “No hay clima para alcanzar consensos. Debemos recordar lo que nos ha costado sacar adelante las prórrogas del estado de alarma. Nunca hemos tenido apoyo. Ahora que la situación es más optimista, hay herramientas suficientes para hacerle frente”.

Campo es mucho más optimista cuando se le pregunta por un posible entendimiento con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Habla de necesidad y reconoce contactos con Enrique López, consejero de Justicia en funciones del PP en Madrid, después del 4M. Aunque no pone fecha y hora, asegura: “El acuerdo está hecho. Solo hay que encontrar el acuerdo para visibilizarlo y hacerlo público. Espero que ahora encontremos ese mecanismo”. Campo cree que el consenso en este momento es fácil y que hay voluntad por las dos partes.

Reconoce el mal resultado del PSOE en las elecciones del martes y dice que “hay que felicitar al que gana y hacer autocrítica. Es la clave de la democracia”. Eso sí, niega que la derrota vaya a influir en decisiones como qué postura adoptar ante los indultos solicitados por los presos del ‘procés’.

El Gobierno ha pedido al PSOE y Unidas Podemos que retiren la reforma que registraron en el Congreso para rebajar las mayorías necesarias en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La registraron los socios de Gobierno, justificándola por el bloqueo del PP. Podemos no ve buena idea retirarla.

Foto: El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) EFE/ CGPJ

En la sentencia, desestima los recursos de la Fiscalía y la acusación particular, que pedían condenar por un delito de agresión sexual a los procesados, y ratifica el fallo de la Audiencia de Barcelona, que califica de abuso sexual la violación en grupo a la menor. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirman así las penas de entre 10 y 12 años de cárcel para los acusados y argumentan que la sentencia de la Audiencia descartaba expresamente que la violación ocurriera en un contexto de intimidación ambiental. El fallo cuenta con voto particular de uno de los tres magistrados, que concluye que los hechos probados permiten condenar por agresión sexual.

Dos de los condenados están huidos después de que la Audiencia de Barcelona descartara enviarlos a prisión mientras la sentencia no fuera firme. Informa Gema Guzmán.

A la vista de la mala situación de la pandemia, la Mesa de los grupos parlamentarios en Cataluña se reúne este viernes para decidir si aplazan las elecciones convocadas para el 14 de febrero. Solo los socialistas catalanes se habían mostrado en contra de retrasarlas, pero su postura ha cambiado el jueves por la tarde: según ha podido saber TVE, con el fin de lograr un consenso, propondrán que se celebren en marzo. 

Foto: EFE

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha advertido al Govern sobre la posible suspensión de las elecciones en Cataluña de que existe “una falta de previsión legal” y ha pedido “mucha cautela” porque “es una medida grave para la democracia”. Ha reconocido, sin embargo, que se puede hacer "si no hay más remedio", como ocurrió con el aplazamiento de las elecciones vascas y gallegas.

En una entrevista en La 2 y en Ràdio 4, Campo ha pedido "responsabilidad" al Govern sobre su determinación de posponer los comicios si es necesario ante el avance de la tercera ola de coronavirus. Una determinación debida a que se espera que el pico de la misma se dé en las vísperas del 14 de febrero, cuando está prevista la cita electoral.

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, niega que haya un pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "No hay ningún acuerdo y estamos agotando la paciencia". Entrevistado en La hora de la 1, Iglesias subraya que "el PP dice que no habrá acuerdo, mientras siga Podemos en el gobierno de coalición". Recuerda que lleva dos años en funciones sobre un mandato de cinco e insiste en que hay que renovarlo.

El Gobierno quería cerrar esta semana la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras dos años caducado, pero el Partido Popular ha alejado hoy la posibilidad del acuerdo y eso que el ministro de Justicia a primera de hora de este lunes hablaba de acuerdo inminente. El PP dice que la negociación no avanza. Casado culpa a Iglesias, lo “bloquea todo” y el vicepresidente segundo del Gobierno responde que al Ejecutivo “no le va a quedar más remedio que cambiar la ley”. “Lo que no puede pretender el PP es que no se renueve el CGPJ porque nosotros le parezcamos unos terribles bolcheviques”, ha asegurado.

Informa Verónica Muñoz

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado este lunes que la reforma del Código Penal que su departamento está elaborando planteará el refuerzo del delito de desobediencia al Tribunal Constitucional,  tras observar que esta infracción no estaba suficientemente regulada. Respecto a la reforma de los delitos de sedición y rebelión, que también están sobre la mesa del debate de la futura norma penal, el ministro ha dejado claro que Europa es quien nos ha hecho reflexionar sobre estos preceptos que "chirrían" y que "nunca habíamos tenido que tocar".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, justifica la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora el fiscal lleva la investigación, averigua los hechos criminales y donde están los autores y el juez de garantías tiene otro rol el de velar por los derechos que tienen todos los ciudadanos. Se añade la figura del juez de la audiencia preliminar es el que rechaza las pruebas que no se han obtenido de manera legal y decide si se abre o no el proceso.

El Gobierno tiene ya ultimada la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), la que regula los procesos judiciales. Una de las novedades envuelta en polémica es que el fiscal decidirá qué información se da a los medios y quedará limitada a lo esencial desde el punto de vista del interés informativo. Según ha explicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se busca proteger la intimidad de los testigos y los investigados, de evitar las llamadas "penas de Telediario"

El texto también plantea que el fiscal sea el encargado de las instrucciones judiciales y no el juez como hasta ahora. Además, partidos políticos y sindicatos no podrán ejercer la acusación popular. A día de hoy sí pueden. Lo permite la actual Ley de enjuiciamiento criminal que data de 1882 y que han tratado de reformar los últimos gobiernos tanto del PSOE como del PP. El Gobierno aprobará la propuesta de reforma próximamente y su intención es consensuarla despues en el Congreso.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que el anteproyecto de ley sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) ya está listo y ha avanzado que regulará por primera vez el acceso a la información sobre los procesos judiciales para evitar, entre otras cosas, la "pena de banquillo".

Sigue la polémica por la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. El Gobierno ha reconocido, por primera vez, que una de las razones por las no permitió asistir al Rey fue por la cercanía de la sentencia sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Mientras, otro ministro de Unidas Podemos ha insistido en las críticas a Felipe VI; PP y VOX acusan a Pedro Sánchez de complicidad.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su formación recurrirá ante el Tribunal Supremo los indultos a los presos del 'procés' si llegan a aprobarse, en contra de lo que, según ha recordado, aseguró el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la pasada campaña electoral. Casado se ha pronunciado así, en una rueda de prensa en el Congreso, al anuncio que ha hecho el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que su departamento comenzará la próxima semana a tramitar estas peticiones de los sentenciados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición en el proceso independentista catalán.

La ministra de Igualdad, Irene Montero ha anunciado que se reformará el Código Penal para incluir sanciones contra los dueños de prostíbulos y se abordarán medidas concretas de apoyo a las mujeres víctimas de explotación sexual. Montero ha realizado el anuncio en la sesión de control al gobierno en el Congreso.