Jueces y fiscales adoptarán "medidas de presión" si el Gobierno no aprueba el aumento salarial antes del 23J

• Instan a que se lleve "con urgencia" al Consejo de Ministros porque de lo contrario acudirán a los tribunales por incumplimiento
• También los letrados de la administración de Justicia han urgido al Ejecutivo a cumplir sus compromisos

Imagen de archivo de una concentración a las puertas del Ministerio de Justicia

Todas las asociaciones fiscales y tres judiciales han reclamado este viernes al Gobierno que lleve "con urgencia" al Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 23-J el acuerdo alcanzado en mayo en materia de retribuciones porque de lo contrario le llevarán a los tribunales por incumplimiento y adoptarán "medidas de presión" para asegurar que esos compromisos se atienden.

El acuerdo, que supone un aumento salarial de unos 450 euros brutos al mes, está pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros para su entrada en vigor, han recordado este viernes en un comunicado conjunto las asociaciones Francisco de Vitoria (AFJV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesionales e Independiente de Fiscales (APIF).

"El adelanto electoral, que ha acortado la duración de la legislatura, a nuestro juicio obliga a que el Gobierno de la Nación atienda ese compromiso y lo haga con urgencia, para que sus previsiones tengan efectividad en las fechas pactadas", aseguran jueces y fiscales, que exigirán "ante los tribunales el cumplimiento de un acuerdo claramente vinculante".

También los letrados de la administración de Justicia, los primeros que alcanzaron este año un acuerdo retributivo con el Gobierno de entre 430 y 450 euros brutos más al mes, han urgido al Ejecutivo a cumplir sus compromisos antes del 23J. En una carta remitida este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le instan a "cumplir el acuerdo en sus propios términos", ya que este debía entrar en vigor como mucho en este mes de julio, según recuerdan.

El acuerdo de mayo: 450 euros más al mes

Fue en mayo cuando todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –la mayoritaria de los jueces–, llegaron a un acuerdo con los ministerios de Justicia y de Hacienda para evitar la huelga indefinida.

Aceptaron así la oferta de 46,7 millones de euros, que se traduce en unos 450 euros más al mes que se aplicarán a toda la carrera. Ese acuerdo se acabó firmando el 23 de mayo y el aumento salarial representaría un incremento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.

Los incrementos se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.

Desde el Ministerio precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía también la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia y a los tribunales superiores de justicia de la "suficiente fortaleza como para hacer frente a los nuevos retos de la organización".

Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio planteó "abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión". Además, propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un "nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado".