Puigdemont recurre al Tribunal Constitucional y pide suspender su orden de detención
- Alega que se trata de una medida de privación de libertad "dictada sin condena previa"
- El recurso llega tras el aval del TC a la ley de amnistía y de que el Supremo confirmara que no amnistiará la malversación
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El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que se le aplique la amnistía "porque así lo ha querido el legislador" y la adopción de una medida cautelarísima que suspenda la orden nacional de busca, detención e ingreso en prisión que pesa en su contra.
En un escrito, al que ha tenido acceso RTVE, el expresident alega que se trata de una medida de privación de libertad "dictada sin condena previa" y cuyo cumplimiento "produciría efectos inmediatos, actuales y, sobre todo, irreparables", ya que afecta al "núcleo más esencial de los derechos fundamentales".
Recurre así los tres autos dictados por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo y otros dos dictados por el magistrado instructor, después de que se le haya denegado la aplicación de la ley de amnistía a los hechos que se imputan por el 'procés', entre otros, un delito de malversación de caudales públicos.
Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán, señala al TC que la orden "carece del respaldo de una condena firme", en un contexto en el que el legislador "ha expresado su voluntad de extinguir la responsabilidad penal" de Puigdemont mediante "una norma orgánica cuya constitucionalidad ya ha sido confirmada".
Pide garantizar sus derechos políticos
Para la defensa del expresident, la denegación de la amnistía al delito de malversación que se atribuye a Puigdemont revela "una estrategia de resistencia judicial" a la ley por parte del Supremo que atenta contra el principio de separación de poderes y de legalidad.
En ese sentido, el recurso recuerda que el TC ha dictado recientemente la "plena conformidad constitucional" de la ley de amnistía, cuya inaplicación ha dado pie al recurso de amparo, por lo que suspender la orden de detención "refuerza, más que debilita, el principio de seguridad jurídica y el funcionamiento ordinario de las instituciones".
"La ejecución de la orden de detención comprometería directamente su libertad física y sus derechos políticos, todo ello sin haber mediado juicio penal alguno en territorio nacional", argumenta, al tiempo que recuerda que la democracia exige "garantizar las condiciones efectivas para que los representantes políticos puedan ejercer su mandato libremente y sin coacciones de naturaleza ajurídica".
"La judicialización de la acción política, cuando se transforma en un instrumento para impedir el acceso o la permanencia en cargos públicos mediante mecanismos procesales sin condena firme, constituye una amenaza sistémica para la democracia constitucional", añade.
El Supremo descartó amnistiar a Puigdemont
El recurso llega después de que el TC avalara la ley de amnistía -con la mayoría de los magistrados progresistas- y de que el Tribunal Supremo confirmara que no amnistiará el delito de malversación de Puigdemont y del exconseller Antoni Comín por el que ambos están procesados en la causa del procés.
Fuentes jurídicas indicaron entonces a RTVE que Puigdemont y los exconsellers planteaban una batería de recursos. Primero, al Constitucional si consideraban que se habían "vulnerado sus derechos fundamentales". En caso de que la corte de garantías no les diera la razón, acudirán "en última instancia" al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Al haber solicitado medidas cautelarísimas, de carácter más urgente y para las que no es necesario pedir informe del fiscal, los magistrados -que tienen previsto celebrar el último pleno la semana que viene- deberán dar respuesta a su petición con mayor rapidez. Si lo deniegan, la solicitud se tramitaría como una medida cautelar, recabando la opinión de las partes.
Para Puigdemont, la suspensión de la orden de detención no solo "no genera un perjuicio a intereses constitucionales de terceros ni perturba gravemente ningún bien jurídico protegido", sino que además "preserva el equilibrio institucional, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y la participación democrática".
Desde el Tribunal Constitucional indican que aún no ha entrado el recurso de Puigdemont. Por el momento, hay varios escenarios abiertos sobre la resolución que pueda hacer la corte de garantías o cuál será el trámite procesal que se adopte.
