La amnistía cumple un año con el futuro de Puigdemont en el aire y pendiente del Constitucional y del TJUE
- El Constitucional decidirá en junio sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP y hay cuestiones planteadas a Europa
- El Supremo mantiene la orden de detención a Puigdemont y la inhabilitación a Junqueras mientras tanto
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Hace exactamente un año el Congreso de los Diputados aprobaba de forma definitiva la ley de amnistía, con el aplauso del Gobierno y sus socios y el fuerte rechazo de PP y Vox por “corrupción política”. La norma, que surgió de los pactos de investidura del PSOE con ERC y Junts, situaba al ‘expresident’ catalán Carles Puigdemont en la diana, pero ni éste ni algunos de sus ‘consellers’ se han beneficiado aún de la medida de gracia ante el rechazo del Tribunal Supremo. Y mientras tanto, la ley sigue a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional, dado el chorreo de recursos que se interpusieron en la corte de garantías, y con la mirada puesta también en la justicia europea.
La amnistía llegó hace un año como el culmen de un camino que el Gobierno inició con los indultos a los líderes independentistas catalanes, y pese a que antes de las elecciones de 2023 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había asegurado en reiteradas ocasiones que no habría ley de amnistía al considerar que no tenía encaje en la Constitución. Posteriormente, apostó por la amnistía en favor de la "convivencia". Los socialistas matizaron que lo que no tenía cabida era una norma en los términos en los que la planteaban los partidos independentistas, y justificaron así que el PSOE registrara su propia ley de amnistía en el Congreso sin sus socios.
La voluntad, en palabras del Ejecutivo, era que “todas las personas involucradas” en el ‘procés’ catalán que tuvo su máxima expresión en el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña pudieran beneficiarse. La norma amparaba más de una década.
El primero en beneficiarse de la amnistía fue el exconseller de Interior Miquel Buch. Sin embargo, y con motivo del aniversario, la organización soberanista Òmnium calcula que la amnistía no ha llegado al 40% de los independentistas que la solicitaron. Esta entidad cifra en 178 los activistas y políticos soberanistas que se han beneficiado de la medida de gracia y asegura que 158 “represaliados” no lo han hecho: 35 peticiones han sido denegadas, 48 están en suspensión por cuestiones de inconstitucionalidad en el TC o prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en 75 no hay constancia de respuesta judicial.
Además, asegura que, del total de 726 personas con causas penales y del Tribunal de Cuentas susceptibles de ser amnistiadas, hay 332 sobre las que no hay constancia de que se hayan tramitado.
La amnistía no llega aún a Puigdemont ni a Junqueras
Sacar adelante la amnistía en el Congreso no fue fácil. El Gobierno tuvo que ceder a presión de Junts, que llegó a paralizar la ley, para incluir en la medida los casos de malversación de fondos públicos siempre que no haya enriquecimiento y excluir el terrorismo exactamente en los términos que establece la Unión Europea.
Estos cambios tenían un rostro, el de Puigdemont, que estaba procesado por terrorismo en el Tribunal Supremo por el caso Tsunami y por malversación en la causa del ‘procés’. Con ello, todo parecía indicar que el expresidente catalán podría al fin verse libre de causas. Pero no fue así.
Si bien la causa por terrorismo contra Puigdemont quedó archivada, el instructor de la causa del 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, rechazó aplicar la amnistía a Puigdemont al considerar que sí hubo un enriquecimiento personal, al igual que tampoco a los ‘exconsellers’ Toni Comín y Lluís Puig. Esa decisión fue después confirmada por la Sala de Apelaciones del alto tribunal.
El juez del Supremo Manuel Marchena tampoco concedió la amnistía al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ni a los exconsellers Raul Romeva y Dolors Bassa, que interpusieron un recurso de amparo al Tribunal Constitucional no solo por esto sino también por el rechazo del Supremo a escuchar sus súplicas. Junqueras, entretanto, seguirá inhabilitado hasta 2031.
En el caso de Puigdemont, aunque prevé agotar todas las vías legales, su recurso de amparo no ha llegado aún al Tribunal Constitucional, ya que está a la espera de que el Supremo resuelva su incidente de nulidad contra la negativa a amnistiarle, que previsiblemente será rechazado.
El Constitucional decidirá en junio si avala la amnistía
Precisamente, este mes de junio se prevé intenso en el Constitucional, que debe resolver el recurso interpuesto por el PP contra la amnistía. Su decisión marcará la tendencia a seguir frente a la treintena de recursos que está tramitando simultáneamente la corte de garantías, entre ellos 16 autonómicos, seis cuestiones de inconstitucionalidad y nueve recursos de amparo.
El recurso del Partido Popular es el que plantea más objeciones a la ley, directamente ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad. La movilización de los 'populares' contra la amnistía ha sido máxima, llegando a convocar sucesivas manifestaciones en la calle.
Según fuentes jurídicas a Efe, la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, que es la ponente del recurso del PP, entregará la próxima semana el borrador de sentencia al resto de miembros del tribunal. Se prevé además que el 24 de junio den comienzo las deliberaciones e intervenciones para cerrar la cuestión, que pueden prolongarse hasta el día 26.
Así, lo que decida el Constitucional será si avala o no la ley y su constitucionalidad, pero no decidirá si se debe aplicar o no a Puigdemont o Junqueras, ya que para ello tendrá que resolver sus correspondientes recursos de amparo. Previsiblemente, el Supremo mantendrá las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig. Así, Puigdemont seguirá presumiblemente residiendo en Waterloo (Bélgica) y no podrá regresar a España mientras tanto.
Lo que sí afectará la decisión del Constitucional son los recursos de casación que el Supremo congeló a la espera del fallo de la corte de garantías y que están relacionados, principalmente, con sentencias por desobediencia, como la relativa a la exconsellera Meritxell Serret, al exconseller Roger Torrent o a varios miembros de la Mesa del Parlament de 2017.
El Constitucional también tiene que resolver sobre la petición del Partido Popular para que el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, se abstenga de participar en el recurso ya que su esposa, la magistrada Clara Martínez de Careaga, participó en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre esta norma. El Constitucional ya aceptó que se abstuviera del debate el exministro y magistrado Juan Carlos Campo.
El camino de la amnistía en la justicia europea
Por otra parte, la amnistía tiene ya su propio recorrido en la justicia europea. Precisamente, el PP pidió la suspensión de la tramitación de su recurso en el Constitucional hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales presentadas por otros tribunales y jueces. Éstos piden que resuelva si la amnistía a los delitos de malversación y terrorismo planteados en la ley tienen encaje en la legislación de la UE.
El primero en acudir a Europa fue el Tribunal de Cuentas, que mantiene una causa contra una treintena de dirigentes independentistas por el desvío de fondos públicos al ‘procés’ que se encuentra suspendida hasta que se pronuncie el TJUE. Le siguió el TSJC, que está a la espera del fallo europeo para decidir si aplica la amnistía a los dirigentes de ERC artífices del referéndum.
Y la Audiencia Nacional planteó su propia cuestión prejudicial respecto a los CDR acusados de planear acciones violentas contra edificios públicos.
Así, pese a que la ley de amnistía entró en vigor el 11 de junio del año pasado, queda un largo camino por delante que determinará finalmente a cuántas personas se les aplicará la medida de gracia. Una medida que no solo afecta a los independentistas del 'procés' y que ya ha sido aplicada a más de 150 policías que participaron en las cargas del 1-O lo que, según entidades soberanistas, hace que el total de beneficiados sea más de 300.
