El Tribunal Constitucional ha remitido al Supremo la sentencia que avala amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés. La mayoría progresista del Constitucional considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y ve incoherencias por parte del Supremo, al que recrimina que adoptase una decisión contraria al espíritu de la norma.
Los cinco magistrados conservadores, en cambio, cuestionan en un voto particular esta sentencia y señalan que el Tribunal Constitucional estaría extralimitándose con una corrección que, en principio, permitirá el regreso a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.
Foto: EFE/ Pablo Garrigós Cucarella
Cafè d'idees
Toni Comín ha recibido con "una gran alegría" la decisión del Tribunal Constitucional que ha avalado la amnistía del delito de malversación, que ha considerado "una victoria política del conjunto del movimiento independentista catalán". El exconseller ha defendido en 24 Horas de RNE que los dirigentes independentistas que se fueron a Bélgica no huyeron, sino que "fuimos a Bélgica como personas libres", y ha sostenido que los tribunales de varios países europeos han rechazado su entrega porque no habrían visto garantías suficientes para sus derechos fundamentales.
Comín ha interpretado la amnistía como "el reconocimiento por parte del Estado español" de que un conflicto político como el catalán no debe resolverse mediante la persecución penal. A su juicio, la ley ha supuesto una "rectificación", y permitirá que quienes formaron parte del Govern que organizó el referéndum puedan regresar a España en libertad. También ha defendido que las decisiones de los tribunales europeos durante su exilio han demostrado que "los conflictos políticos se resuelven por las vías políticas", y no mediante los tribunales y el derecho penal.
Sobre su regreso, Comín ha explicado que todavía no tiene una fecha, después de que el juez Llarena haya levantado la orden de detención con más rapidez de la que esperaba. Sí ha confirmado que, cuando vuelva, quiere completar los trámites pendientes para ejercer como eurodiputado y representar "al medio millón de ciudadanos europeos, catalanes, que votaron" en las elecciones europeas
Toni Comín ha recibido con "una gran alegría" la decisión del Tribunal Constitucional que ha avalado la amnistía del delito de malversación, que ha considerado "una victoria política del conjunto del movimiento independentista catalán". El exconseller ha defendido en 24 Horas de RNE que los dirigentes independentistas que se fueron a Bélgica no huyeron, sino que "fuimos a Bélgica como personas libres", y ha sostenido que los tribunales de varios países europeos han rechazado su entrega porque no habrían visto garantías suficientes para sus derechos fundamentales.
Comín ha interpretado la amnistía como "el reconocimiento por parte del Estado español" de que un conflicto político como el catalán no debe resolverse mediante la persecución penal. A su juicio, la ley ha supuesto una "rectificación", y permitirá que quienes formaron parte del Govern que organizó el referéndum puedan regresar a España en libertad. También ha defendido que las decisiones de los tribunales europeos durante su exilio han demostrado que "los conflictos políticos se resuelven por las vías políticas", y no mediante los tribunales y el derecho penal.
Sobre su regreso, Comín ha explicado que todavía no tiene una fecha, después de que el juez Llarena haya levantado la orden de detención con más rapidez de la que esperaba. Sí ha confirmado que, cuando vuelva, quiere completar los trámites pendientes para ejercer como eurodiputado y representar "al medio millón de ciudadanos europeos, catalanes, que votaron" en las elecciones europeas
El expresidente catalán Carles Puigdemont ya puede volver a España. El Supremo ha levantado la orden de detención que pesaba contra él inmediatamente después de que el Tribunal Constitucional le haya ordenado aplicar la amnistía al delito de malversación del procés. En una rueda de prensa sin preguntas, Puigdemont ha valorado esta decisión judicial y ha considerado que el aval del TC a la amnistía es "la derrota de los poderes españoles que impidieron su aplicación". En la comparecencia, no ha precisado cuándo podría regresar a España.
FOTO: NICOLAS TUCAT / AFP
Carles Puigdemont ya puede volver a España. El Supremo ha levantado la orden de detención que pesaba contra él inmediatamente después de que el Tribunal Constitucional le haya ordenado aplicar la amnistía al delito de malversación del "procés".
Simon Wohlfahrt / AFP
El próximo martes el Tribunal Constitucional podría avalar definitivamente que la ley amnistía incluye los delitos de malversación y de esa manera abriría la puerta a la vuelta del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, no ha querido adelantar la resolución del tribunal de garantías sobre aplicar la ley de amnistía a los delitos de malversación del 'procés', y ha pedido esperar al 6 de octubre, cuando se debata en el plenario el texto de la ponencia sobre este asunto, pero ha asegurado que se fijará "una doctrina clara, precisa y contundente", al tiempo que ha recordado que la decisión es "vinculante para todos los jueces y todos los tribunales". Así se ha pronunciado este jueves en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.
FOTO: El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
Estreno de la sección de Tono Calleja, redactor de Tribunales e Investigación de El Periódico, para desentrañar la actualidad en Clave Jurídica. Calleja ha explicado que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea "ha despejado el camino del Tribunal Constitucional" para resolver los recursos de amparo relacionados con la amnistía. Ha señalado que Luxemburgo ha avalado su aplicación en el ámbito económico y también en el caso de los CDR, al considerar que no se habían cometido delitos de sangre. El próximo pleno del Constitucional analizará el recurso de Jordi Turull, una decisión que, según Calleja, "va a marcar doctrina" y tendrá repercusión sobre el resto de condenados por el procés. En el caso de Puigdemont, al estar procesado y declarado en rebeldía, será necesaria una resolución específica.
Sobre la renovación del Constitucional, Calleja ha apuntado que el retraso del Senado "es una excusa" y responde, a su juicio, a la estrategia del PP para esperar a las próximas elecciones autonómicas y tratar de modificar la mayoría del tribunal. También ha explicado la controversia sobre las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla: la sentencia de 2020 habría permitido rechazar entradas realizadas "por la fuerza" y en masa, incluso cuando se producen por lugares distintos de la frontera habilitada. El periodista ha defendido la necesidad de traducir el lenguaje jurídico para hacerlo comprensible: "A mí lo que de verdad me gusta es simplificar para que nos entienda todo el mundo".
Cándido Conde-Pumpido ha defendido la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla, que ha definido como un régimen "excepcional" y justificado por tratarse de la única frontera exterior del espacio Schengen en África. El presidente del Tribunal Constitucional ha recordado que la sentencia de 2020 fue aprobada por una amplia mayoría, y ha recomendado una lectura “minuciosa” de su fundamento jurídico octavo. Sobre el mando único en Ceuta, ha señalado que "no puede ser permanente" y debe estar condicionado a las necesidades y a la situación concreta.
Sobre la ley de amnistía, Conde-Pumpido ha asegurado que el Constitucional ya ha dictado 20 sentencias sobre su constitucionalidad y ha explicado que ahora comenzará a resolver los recursos de amparo, con el primero, el de Jordi Turull, previsto para el 22 de septiembre. Ha defendido que, una vez que el Constitucional establezca una doctrina, esta será vinculante y ha apuntado que la decisión sobre Puigdemont podría llegar antes de final de año. También ha lamentado la politización del debate: "Más que la amnistía se discutía el posicionamiento político del partido Junts".
El presidente del Constitucional ha advertido además de que en España existe una "juridificación de la política" que contribuye a mezclar justicia y política, y ha pedido que los distintos poderes del Estado eviten criticarse entre sí. También ha expresado su preocupación por las filtraciones de sumarios y por el impacto de la inteligencia artificial en la Justicia: "Tiene que tener unos controles" y "poner por delante de todo a la persona". Conde-Pumpido ha explicado que el Constitucional ya ha sancionado a un abogado por utilizar sentencias falsas generadas con IA y, sobre la ley trans, ha asegurado que el tribunal está intentando resolver el debate interno para alcanzar una mayoría suficiente, aunque no ha fijado un plazo.
El abogado de José Luis Ábalos, Marino Turiel, ha asegurado en Las Mañanas de RNE que su cliente "ha quedado muy tocado" tras conocer una sentencia que "ha sido un shock", y cuya dureza no habían previsto. Aunque la defensa había asumido que el fallo sería condenatorio, ha sostenido que "no esperábamos una sentencia de esta dureza", al considerar que el Tribunal ha impuesto las penas más elevadas posibles pese a que Ábalos ha sido absuelto de varios delitos.
Turiel ha criticado el desarrollo del procedimiento, y ha defendido que la ala no ha facilitado el ejercicio de la defensa. En este sentido, ha afirmado que "la Sala no ha dado ninguna facilidad", y ha anunciado que la estrategia jurídica pasa por solicitar la nulidad de actuaciones. Según ha explicado, "vamos a pedir la nulidad y acudir al Constitucional" y, si no prospera esa vía, "iremos a Europa".
Sobre el fondo de la sentencia, el letrado ha insistido en la inocencia de su cliente y ha cuestionado el papel de Víctor de Aldama en la causa. Ha sostenido que "Aldama no ha aportado nada que determinara una condena", y ha rechazado la posibilidad de que Ábalos colabore con la Justicia en los términos planteados por algunos acusados. Además, ha reconocido que, a la vista del resultado, "no renunciar al acta fue un error", ya que ello habría permitido que la causa fuese juzgada en la Audiencia Nacional y no en el Tribunal Supremo.
