El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta en el Congreso su plan de regeneración democrática para frenar la desinformación y las noticias falsas. El Partido Popular cree que la iniciativa carece de legitimidad y que el Ejecutivo busca amedrentar a los medios y también a los jueces. El Constitucional anula las condenas de Chaves y Griñán (expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía) por el caso de los ERE y la Audiencia de Sevilla tendrá que dictar una nueva sentencia, con la pena rebajada, y Griñán no tendrá que entrar en prisión. Tres de los heridos en el accidente de un autobús en la provincia de Barcelona siguen críticos. El vehículo quedó colgado sobre la boca de un túnel. con 48 trabajadores de Inditex y el conductor (47 tuvieron que recibir atención médica). En Estados Unidos, Donald Trump ha recibido esta noche el respaldo de los republicanos, mientras, Biden trata de reconducir las encuestas.
El Tribunal Constitucional ha anulado la condena a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE, y ha ordenado a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte nueva sentencia.
Ante esto, el PP ha acusado al PSOE de utilizar al Constitucional para tratar de borrar sus casos de corrupción. El Gobierno ha pedido a los 'populares' que respeten las decisiones judiciales.
El Tribunal Constitucional anula la sentencia contra los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE. La corte de garantías acepta sus recursos y ordena a la Audiencia de Sevilla dictar un nuevo fallo.
La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo condenó a Griñán a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación continuadas. Chaves, por su parte, recibió una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación.
El Constitucional vuelve a enmendar al Supremo y a la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE de Andalucía. Seis exaltos cargos socialistas han recibido ya el amparo del tribunal de garantías contra las condenas por el reparto irregular de 700 millones en ayudas públicas durante más de una década.
La aplicación de la ley de amnistía sigue centrando el debate político. Hoy el choque entre Gobierno y PP ha sido a cuenta, una vez más, del Constitucional. Alberto Núñez Feijóo decía esta mañana que no se fía del Tribunal porque hay dos ex cargos del Gobierno. Esas palabras han indignado al Ejecutivo, que dice que el líder del PP cuestiona una alta institución del Estado.
El próximo magistrado del Tribunal Constitucional (TC), José Mario Macías Castaño, ha sido entrevistado en la Noche en 24 Horas, donde ha calificado de "alivio" el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en lo que considera un "acuerdo muy bien ponderado".
José María Macías Castaño, a parte de ser actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, acaba de ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, y ha estado en el 24 horas con Josep Cuní donde ha calificado como "magnífica noticia" el acuerdo entre el PP y el PSOE para desbloquear la situación del Consejo. "Creo que es un acuerdo ponderado y que plantea una transición hacia un modelo que en el futuro nos ahorrará que volvamos a vivir situaciones como las que hemos tenido que vivir estos últimos cinco años", afirma. Además, dice que será un modelo "diferente, mucho menos politizado y en el que los jueces tendrán una participación mucho más protagonista a la hora de nombrar a los vocales".
Macías remarca que estos últimos cinco años ha sido una "época muy compleja": "Primero, por lo que implica también el desgaste y verlo en la propia institución [..] Pero añadido a ello, con una situación política que tomaba el poder judicial como referente de ataques", se lamenta el magistrado, aunque a él ahora le espera otro reto: el Tribunal Constitucional. Si bien sabe que el trabajo que le espera "no es sencillo", lo toma como algo apasionante: "La satisfacción que me produce poder llevar adelante este desempeño es mágica, no la puedo sustituir por ninguna mayor".
El vocal del CGPJ asegura que la experiencia que le ha proporcionado tanto el sector público como el sector privado ha sido toda enriquecedora: "Todos me han proporcionado una perspectiva diferente que quizás otros compañeros que no hayan pasado por según qué sectores sencillamente desconocen".
En cuanto a la llegada de la ley de amnistía al Tribunal Constitucional, órgano en el que comenzará sus labores Macías, el magistrado asegura que tendrá que esperar "a ver cómo se desenvuelve en el Tribunal", si bien ha habido ejemplos anteriores. "Ya me enteraré del criterio del Tribunal cuando ese puente se tenga que cruzar, antes es especular", sentencia.
Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, avanza que la aplicación de la ley de amnistía será un proceso “largo y complejo, porque ha suscitado protestas”. No descarta que se paralice, si la aplicación de la norma suscita dudas. Cree que, en ese caso, terminará en el Tribunal Constitucional y en el de Luxemburgo: “El panorama se presenta complejo, difícil y, sobre todo, accidentado”. Por otro lado, la elección del presidente del Parlament, Josep Rull, es otro de los retos que hay por delante. Cree Ana Carmona que hay que distinguir entre el plano político y jurisdiccional: “Tenemos que ser conscientes de que la figura del presidente de la cámara es muy importante. Se pondrá de manifiesto de cara a la investidura. El panorama aquí también se presenta complejo”. Da por hecho que estos aspectos también terminarán en el TC y suscitarán división.
Tras la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, ya han empezado a correr los dos meses que la ley da a los jueces para aplicar la norma. En esa aplicación podrían interponerse las cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad que han planteado los tribunales. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y juez decana de Madrid, ha expresado en una entrevista en 24 horas de RNE que aplicar la ley también supone interpretarla, ya que sino no puede aplicar. "Plantear una cuestión prejudicial no quiere decir que no apliques la ley porque es la propia aplicación de la ley y el complimiento que tenemos como jueces a la hora de aplicar una norma", ha señalado.
El Gobierno prevé que la norma beneficiará a alrededor de 400 personas, aunque algunos colectivos tienen dudas de si quedarían o no cubiertos. En este sentido, los jueces señalan que las leyes tienen diferentes interpretaciones y, después de que los fiscales del 'procés' se hayan opuesto a amnistiar la malversación por utilizar fondos públicos para el 1 de octubre, María Jesús del Barco, también considera que hay ciertas dudas. "La definición de la malversación, y lo que es el delito de malversación, difiere de lo que dice la amnistía (...) Sobre esto ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, diciendo que no es preciso para que exista delito de malversación que exista ese ánimo de lucro particular, o que se haya lucrado la persona condenada o acusada, pero es lo acorde con la normativa europea", ha explicado.
Este jueves, el Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la ley de amnistía por mayoría con 177 votos a favor, 172 en contra y 0 abstenciones. Esta votación levanta el veto del Partido Popular en el Senado, que intentaba retrasar la aprobación del texto lo máximo posible. Con ello, la amnistía ha superado su trámite parlamentario y, a partir de ahora, la última palabra la tendrán los jueces.
Un pleno en el Congreso lleno de choques entre partidos y mucha tensión. Por un lado, Míriam Nogueras y Gabriel Rufián han dejado claro que la siguiente parada después de la amnistía es el reconocimiento nacional de Cataluña con el referéndum. Asimismo, el debate ha terminado con un encontronazo entre Sumar y Vox por las palabras de Abascal sobre el portavoz adjunto de Sumar, Gerardo Pisarello. También ha sido tensa la intervención del diputado socialista Artemi Rallo, con interpelaciones directas al líder popular, Feijóo.
Después de la aprobación de la norma, las comunidades autónomas gobernadas por el PP como Madrid, Aragón y Castilla-León preparan un recurso al Tribunal Constitucional. Este anuncio lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso antes que la cúpula del partido.
Asimismo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido con los fiscales del juicio del 'procés'. Estos lo tienen claro, la malversación no se puede amnistiar y si se puede perdonar la desobediencia y los desórdenes públicos. También consideran que las medidas cautelares de detención no deben levantarse.
Pero nos preguntamos: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Todo empezó tras los resultados de las elecciones del 23 de Julio, en las que el PP obtiene el mayor número de escaños. Sin embargo, para ser investido Pedro Sánchez negocia con los independentistas catalanes una amnistía: la aprobada hoy. Sin embargo, los antecedentes se remontan a 2019 cuando el PSOE reconoce la existencia de un conflicto político y pacta la creación de una mesa de diálogo y dos años después anuncia los indultos.
El Tribunal Constitucional ha respaldado gran parte de la ley de Vivienda, justo cuando la norma está a punto de cumplir un año en vigor. El Tribunal de garantías ha anulado varios enunciados en favor de la normativa autonómica, pero avala que el Estado pueda regular el mercado inmobiliario. De la misma manera, mantiene los topes al alquiler e impide, por ejemplo, la venta de parques públicos de vivienda a buitre o a inversores privados. En Las mañanas de RNE, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, ha explicado que esta decisión del Tribunal no tendrá una repercusión negativa en el mercado inmobiliario: "Creo que no tendrá muchas consecuencias prácticas. Es verdad que deja sin efecto algunos de los puntos que la Comunidad Autónoma de Andalucía argumentaba que entraba en materias que eran competencia de las comunidades autónomas. Pero, en principio, los elementos básicos de la ley no se ven afectados".
Asimismo, José García Montalvo ha comentado que ha pasado poco tiempo para evaluar cómo ha funcionado esta norma. Sin embargo, ha explicado que según los últimos datos de finales del 2023, la oferta de alquileres parece que sigue cayendo y continúa moviéndose el parque de lo que sería el alquiler regular al alquiler de temporada que no está sujeto a esta norma.
También ha abordado la reforma de la Ley del Suelo: "La ley no dice que no hay que hacer estudios de impacto ambiental. Lo que dice es que hay que proporcionar una determinada seguridad jurídica, porque si no es así, no se puede desarrollar el suelo". Para concluir, ha querido recordar que en este momento se forman unas 220.000 mil familias al año y solamente se están construyendo entre 90.000 y 100.000 viviendas.
El Gobierno llevará al Constitucional la derogación de la ley sobre memoria histórica de Aragón y las nuevas normas que plantean la Comunidad Valenciana y Castilla y León si finalmente se aprueban. Las tres comunidades están gobernadas por PP y Vox. Para el Ministerio de Memoria Democrática, blanquean la dictadura y suponen una derogación de la normativa estatal.
La tramitación comienza el próximo martes. El Senado en pleno, a petición del PP, pedirá al Congreso que retire la ley de amnistía. Es el primer conflicto entre órganos constitucionales que se produce en democracia. Una vez que esa petición llegue a la Cámara Baja, el Congreso tendrá 30 días para responder. Si, como es previsible, el Congreso desoye al Senado, el PP pedirá que la Cámara Alta acuda al Tribunal Constitucional. En noviembre, el PP ya modificó el reglamento del Senado para no tramitar la ley con urgencia. Los 'populares' harán todo lo posible para retrasar su publicación en el BOE. Pero tienen un límite, el 16 de mayo, cuatro días después de las elecciones en Cataluña.
Foto: Carles Puigdemont (Kenzo TRIBOUILLARD/AFP)
