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El Tribunal Constitucional ha respaldado gran parte de la ley de Vivienda, justo cuando la norma está a punto de cumplir un año en vigor. El Tribunal de garantías ha anulado varios enunciados en favor de la normativa autonómica, pero avala que el Estado pueda regular el mercado inmobiliario. De la misma manera, mantiene los topes al alquiler e impide, por ejemplo, la venta de parques públicos de vivienda a buitre o a inversores privados. En Las mañanas de RNE, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, ha explicado que esta decisión del Tribunal no tendrá una repercusión negativa en el mercado inmobiliario: "Creo que no tendrá muchas consecuencias prácticas. Es verdad que deja sin efecto algunos de los puntos que la Comunidad Autónoma de Andalucía argumentaba que entraba en materias que eran competencia de las comunidades autónomas. Pero, en principio, los elementos básicos de la ley no se ven afectados". 

Asimismo, José García Montalvo ha comentado que ha pasado poco tiempo para evaluar cómo ha funcionado esta norma. Sin embargo, ha explicado que según los últimos datos de finales del 2023, la oferta de alquileres parece que sigue cayendo y continúa moviéndose el parque de lo que sería el alquiler regular al alquiler de temporada que no está sujeto a esta norma. 

También ha abordado la reforma de la Ley del Suelo: "La ley no dice que no hay que hacer estudios de impacto ambiental. Lo que dice es que hay que proporcionar una determinada seguridad jurídica, porque si no es así, no se puede desarrollar el suelo". Para concluir, ha querido recordar que en este momento se forman unas 220.000 mil familias al año y solamente se están construyendo entre 90.000 y 100.000 viviendas.

El Gobierno llevará al Constitucional la derogación de la ley sobre memoria histórica de Aragón y las nuevas normas que plantean la Comunidad Valenciana y Castilla y León si finalmente se aprueban. Las tres comunidades están gobernadas por PP y Vox. Para el Ministerio de Memoria Democrática, blanquean la dictadura y suponen una derogación de la normativa estatal. 

La tramitación comienza el próximo martes. El Senado en pleno, a petición del PP, pedirá al Congreso que retire la ley de amnistía. Es el primer conflicto entre órganos constitucionales que se produce en democracia. Una vez que esa petición llegue a la Cámara Baja, el Congreso tendrá 30 días para responder. Si, como es previsible, el Congreso desoye al Senado, el PP pedirá que la Cámara Alta acuda al Tribunal Constitucional. En noviembre, el PP ya modificó el reglamento del Senado para no tramitar la ley con urgencia. Los 'populares' harán todo lo posible para retrasar su publicación en el BOE. Pero tienen un límite, el 16 de mayo, cuatro días después de las elecciones en Cataluña.

Foto: Carles Puigdemont (Kenzo TRIBOUILLARD/AFP)

Enrique Santiago, portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Sumar, ha defendido en Las Mañanas de RNE que la sociedad española está “cansada de que el PP bloquee la posibilidad de gobernar”, tras conocerse que paralizarán la ley de amnistía con su mayoría absoluta en el Senado. Opina que esa decisión no tiene ningún alcance. “Refleja la negativa del PP a aceptar que no tiene mayoría para gobernar, y seguimos constatando que están dispuestos a destruirlo todo hasta que gobiernen”, reflexiona Santiago.

Bajo el punto de vista del portavoz, la amnistía es constitucional. “En este país el único órgano que declara la constitucionalidad de las leyes es el Tribunal Constitucional”. Añade que el PP “lo sabe” porque ha utilizado esta medida de gracia “hasta la saciedad”.

En cuanto a un posible referéndum legal, Santiago argumenta que “todo lo que sea consultar a la ciudadanía conforme a las normas establecidas siempre es bueno” y destaca que “es una práctica habitual en muchos países europeos”. Aunque admite que, de acuerdo a la legislación vigente, no cabe un referéndum, aboga por preguntar a la ciudadanía “cuál es su voluntad de permanencia o no permanencia”.

Sobre el planteamiento de Aragonès de un sistema de financiación similar al vasco para Cataluña, Santiago opina “dentro de las normas constitucionales podría tener un encaje” pero ve un posible problema en el mecanismo de reparto entre las diferentes administraciones central, autonómica y local.

Santiago admite que desde Sumar no están “para nada de acuerdo” con la paralización de los presupuestos de 2024. También destaca que el problema de la financiación autonómica se puede solventar con la prórroga de los presupuestos, si bien ve necesario que ese dinero se gaste. “No puede ser que el Estado transfiera recursos a las comunidades autónomas y las comunidades no los gasten".

El PP ha planteado un conflicto de competencias entre el Senado y el Congreso por la ley de amnistía. La Cámara Alta, con mayoría del PP, planteará al Congreso de los Diputados retirar la ley de Amnistía por tratarse de una "reforma encubierta de la Constitución". Félix Bolaños cree que este movimiento del PP "vulnera las atribuciones del Senado". 

En 24 horas de RNE ha estado Javier Pérez Royo: "No tiene cabida el conflicto entre órganos constitucionales en el ejercicio de la potestad legislativa atribuida a las Cortes Generales", ha argumentado el catedrático de Derecho Constitucional. "El PP está planteando un conflicto imposible e inexistente con la finalidad de retrasar la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía", ha añadido. Asimismo, el Catedrático de la Universidad de Sevilla considera que para acudir al Tribunal Constitucional "únicamente puede hacerse cuando esté acabado el procedimiento legislativo y cuando la ley se haya publicado en el BOE". 

Tras el acuerdo alcanzado por PSOE, Junts y ERC, la enmienda transaccional a la ley de amnistía se adapta a los estándares europeos y excluye los delitos más graves de terrorismo y traición, así como los delitos económicos que supongan enriquecimiento personal. En Radio 5 recabamos la opinión de dos expertos. Por un lado, José María Asencio, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, asegura que la ley obligará a la modificación del Código Penal: "Mientras el Código Penal esté vigente, se aplicará caso por caso", afirma Asencio. Por su parte, Paz de la Cuesta, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria, considera que "la ley afecta a determinadas personas que han cometido determinados hechos, pero no afecta a la vigencia del Código Penal".

Hoy se lleva a la Comisión de Justicia del Congreso la ley de amnistía. Si el texto sale adelante en esta Comisión, posteriormente pasará a ser votado en un pleno en el Congreso. El gobierno acepta incluir cambios en la ley para tener el apoyo de Junts. De momento no se conoce el texto, pero el presidente ha adelantado que la ley va a estar conforme al derecho europeo. En Las Mañanas de RNE hablamos con Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo: “Hay que esperar al texto, hablar de una ley que todavía no se conoce es un poco frívolo”. Giménez ha apelado a "ir con ausencia de emociones": "Un poco de serenidad y distanciamiento es conveniente", afirma el magistrado, que sostiene que "la amnistía no tiene nada que ver con el indulto". El indulto, señala Giménez, es un acto administrativo del Ejecutivo, sometido a control jurisdiccional. La amnistía, apunta el magistrado, es una decisión política que corresponde al órgano que representa la soberanía popular, al Parlamento, y no es recurrible ante el Tribunal Supremo, solamente ante el Constitucional.

Esta ley ha sido calificada por la oposición de anticonstitucional. Joaquín Giménez califica estas palabras de ‘diversos políticos’ de palabras apocalípticas: “Muchos políticos han dicho que la ley es anticonstitucional. Eso tendrá que decidirlo el Tribunal Constitucional” y añade que este discurso es peligroso cuando se habla en “términos de humillaciones a jueces, es un canto a la emocionalidad y cuando hay emoción hay ausencia de razonamiento y el discurso político está trufado de irracionalidad”.

El TS abrió hace una semana una causa penal a Puigdemont por delitos de terrorismo en el caso del ‘Tsunami Democràtic’. “La causa abierta por terrorismo por el juez García Castellón me ofrece muchas dudas y más dudas aún la argumentación que ha tenido el auto de admisión de la Sala Segunda”, afirma Joaquín Giménez y añade que estas palabras y afirmaciones “son excesivas para una transmisión y son casi más propias de un auto de procesamiento o casi de una condena. La cuestión es que este Tribunal, que ha admitido esta competencia, ¿mantendrá la imparcialidad para el juzgamiento posterior?”, se pregunta.

Se cumple la Constitución en materia de derecho al trabajo y en relación con los derechos sociales? Ha evolucionado mucho España en el reconocimiento y garantía de la labor que realizan los sindicatos? Los discursos políticos que se pronuncian en defensa de los sectores más desfavorecidos son creíbles, pueden contrastarse con los hechos? Para hablar de todo ello hemos invitado hoy a “La España vivida” a un catedrático de Derecho Laboral, Miguel Rodríguez-Piñero, nacido en Sevilla en 1935 y poseedor de una larga experiencia, que le permite comparar con perspectiva el país en el que el Fuero del Trabajo precedió durante muchos años al Estatuto de los Trabajadores de la democracia. Rodríguez-Piñero obtuvo su cátedra con sólo 26 años, y tuvo entre sus alumnos a un joven sevillano llamado Felipe González, que primero sería abogado laboralista, más adelante secretario general del PSOE y ya desde 1982 hasta 1996 presidente del Gobierno. Rodríguez-Piñero, a su vez, fue desde 1992 al 95 presidente del Tribunal Constitucional, donde ingresó como magistrado –para que hubiera un laboralista- en 1986. Más tarde, en 1996, fue designado miembro del Consejo de Estado, donde sigue desde entonces, ahora ya como consejero vitalicio. Hablaremos con Rodríguez-Piñero, entre otros asuntos, de las propuestas de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, cree que es “normal” que se dude de la imparcialidad del Tribunal Constitucional porque “el primero que ha tratado de contaminarlo políticamente” es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado también de “ejercer injerencias” sobre el Poder Judicial y de “colonizar” las instituciones. El Gobierno le acusa de "deslegitimar" las instituciones.

El Tribunal Constitucional ampara a Arnaldo Otegi y corrige, de nuevo, una decisión del Supremo. No se tendrá que repetir el juicio contra él por el caso Bateragune, el intento de reconstruir Batasuna, por el que Otegi ya cumplió una condena. El TC considera que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva del dirigente vasco al infringir el principio de 'non bis in idem', que prohíbe juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos, informan fuentes jurídicas.

Hoy visita los estudios de “La España vivida” Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Su participación coincide con una etapa agitada de la vida de las instituciones de la administración de justicia y sus órganos de gobierno. Nadie mejor que él para darnos un diagnóstico sobre ese malestar. Pascual Sala nació en Valencia en junio de 1935, en fecha muy próxima, por tanto, a la del inicio de la Guerra Civil. Ingresó en la carrera judicial en 1962 y formó parte de Justicia Democrática, antecedente de la actual Jueces y Juezas para la Democracia, es decir, de la izquierda judicial. En 1982 el PSOE le propuso para un primer cargo de alta responsabilidad institucional, el de consejero del Tribunal de Cuentas, cuya presidencia ocuparía más tarde, entre 1988 y 1990. En ese mismo año fue nombrado presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en aquel momento con mayoría progresista. Concluido su mandato seis años más tarde –tras un corto retraso en la renovación del Consejo- fue nombrado magistrado del Constitucional, cuya presidencia ejercería entre 2011 y 2013, después de la sentencia sobre la reforma del Estatut, que los partidos independentistas identifican con el inicio del conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Pascual Sala, en suma, lo ha sido todo en el ámbito de la justicia ordinaria y de la justicia constitucional en España. Nos interesa mucho, por tanto, su punto de vista sobre la evolución del Estado de derecho y su fortaleza o debilidad actuales, al calor del debate sobre la legalidad de la amnistía, entre otros.

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha anunciado que su grupo parlamentario presentará un recurso de inconstitucionalidad por la reforma del reglamento del Senado impulsada por el PP para frenar la tramitación de urgencia de la ley de amnistía.

En una entrevista en La Hora de La 1, Espadas ha acusado a los 'populares' de "manipular" las instituciones. "Es un uso partidista", ha considerado.

FOTO: Juan Espadas, en una intevención en el Senado. EUROPA PRESS