Otoño caliente en los juzgados: desde el caso Koldo, el fiscal general del Estado hasta Pujol o la Gürtel
- En los próximos meses, la judicatura se las verá con multitud de grandes causas que tiene pendientes en el tintero
- Todo con la apertura de un año judicial atravesado por un fiscal general a un paso del banquillo de los acusados
La ceremonia de apertura del año judicial da el pistoletazo de salida para que arranque el periodo de actividad en los tribunales españoles. Todo está listo para que el tercer poder del Estado, la maquinaria que se encarga de administrar la Justicia, se ponga en marcha y resuelva algunas de las grandes causas que tiene pendientes en el tintero.
Una de esas investigaciones recae precisamente sobre la persona encargada este viernes de pronunciar el discurso sobre la memoria anual de la Fiscalía de 2024: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado y personaje clave en este acto cargado de simbolismo para el Poder Judicial, quien se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Es lo paradójico en este inicio de curso judicial, pero también la muestra de que su desarrollo anuncia un otoño caliente en los juzgados que apunta, tanto a causas recientes como a otras que parecían prácticamente olvidadas.
Juicio a los Pujol
Todo parece indicar que la causa contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol será de las primeras en esta lista que verán la luz en los próximos meses. La Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 10 de noviembre el comienzo de este procedimiento que procesará al fundador de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), a sus siete hijos y a otras 16 personas por delitos que el juez instructor calificó como organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Las sesiones de esta vista se extenderán hasta abril de 2026, según establece el calendario de la Audiencia Nacional, y resolverán, tras años de retrasos, la trama que pesa sobre el histórico de Convergencia i Unió (CiU), que cumplió los 96 años el pasado mes de junio.
Caso Alberto González Amador
De Cataluña a Madrid, el periplo abierto contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, arrancó tras una inspección de Hacienda en 2022 que terminó con un informe donde se alertaba sobre irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.
Este documento dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a que la jueza abriera una causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas.
La Fiscalía reclama para él tres años, nueve meses y un día de cárcel por ese fraude que ascendería a 350.951 euros. Precisamente este miércoles la defensa de González Amador recurrió su procesamiento por la denegación de diligencias en la causa por la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública de falsedad documental.
Causa contra el fiscal general del Estado
Antes de abrirse su procesamiento, la filtración de un correo electrónico ya había puesto el rostro de González Amador en la primera plana de la mayoría de medios de comunicación, llegando a salpicar a uno de los protagonistas de este viernes: el fiscal general del Estado.
El escándalo saltó a la palestra cuando uno de los abogados del empresario, Carlos Neira, propuso por correo un pacto a la Fiscalía General del Estado por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio.
La filtración de ese correo desembocó en una investigación en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, causa por la que está procesado por un presunto delito de revelación de secretos. A raíz de su caso, el Gobierno no ha vacilado a la hora de cerrar filas con él y mostrarle su apoyo absoluto.
Sin embargo, la oposición exige a un solo grito la dimisión del fiscal así como la del jefe del Ejecutivo, a quien señalan como artífice del escándalo. También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusación popular en la causa dirigida por el magistrado Ángel Hurtado, ha pedido al Tribunal Supremo (TS) su suspensión. Todo a la espera de ver cómo se resuelve su caso y con un Gobierno de fondo que pide respetar su presunción de inocencia.
Koldo, Cerdán y Ábalos
Lo que estalló como un pelotazo en la venta de mascarillas durante la pandemia derivó en todo un periplo judicial que se ha llevado por delante a dos secretarios de Organización socialistas, primero al también exministro José Luis Ábalos -junto con su exasesor Koldo García-, y este junio al hombre de confianza de Sánchez, Santos Cerdán.
Ambos constituían el entorno más cercano al presidente del Gobierno, figuras clave en su exilio político que acabaron ocupando altos cargos de dirección, o bien dentro de la cúpula de Ferraz, o en el seno del Ejecutivo.
El magistrado que instruye la causa contra Cerdán en el Supremo, Leopoldo Puente, acordó extender su investigación seis meses -desde septiembre de 2025 hasta marzo de 2026- ante el “significativo volumen de material intervenido a los investigados”.
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García (EFE/EUROPA PRESS/RTVE)
Las investigación trata de esclarecer hasta dónde llegaba la presunta trama de mordidas que el trío obtenía a partir de adjudicaciones de obra pública y que, por el momento, mantiene a Cerdán en prisión preventiva por riesgo de destrucción de pruebas ante los indicios "nutridos y poderosos" de su "papel directivo".
Precisamente, el Supremo requirió al PSOE este jueves la información de todos los pagos o donaciones que el partido haya recibido o entregado a Cerdán y a Koldo desde el año 2014 y ha pedido al Congreso los datos de todos los pagos realizados al ex secretario de Organización del PSOE entre el 2014 y 2024.
El entorno familiar del presidente: Begoña Gómez y David Sánchez
A las causas que afectan al entorno político del presidente del Gobierno hay que sumar las que lo hacen a su círculo familiar más próximo, cercado por una serie de procedimientos judiciales que el Ejecutivo enmarca dentro de una persecución contra Sánchez.
Todo comenzó cuando el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abrió diligencias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras recibir una querella de un sindicato vinculado a la ultraderecha.
La querella expuso que Gómez habría avalado con "cartas de recomendación" a empresas que se presentaron a licitaciones públicas y que sus esfuerzos "dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad".
Hoy por hoy, el juez Juan Carlos Peinado la investiga por cinco presuntos delitos en total: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Su último movimiento ha sito el requerimiento de todos sus correos corporativos desde el año 2018 para que los investigue la UCO.
Gómez comparecerá ante el juez el próximo miércoles 10 de septiembre en el marco de una de las causas abiertas contra ella: la presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también tiene previsto comparecer como investigada ese mismo día.
La otra figura clave del entorno del presidente del Gobierno que está siendo investigada es su hermano, David Sánchez, procesado el pasado mes de abril por un delito de prevaricación y tráfico de influencias a raíz de una denuncia de Manos Limpias por su contratación en la Diputación de Badajoz.
La resolución de ambos casos puede ser decisiva para el futuro de un presidente del Gobierno que se retiró a reflexionar sobre su posible dimisión cuando saltó el caso que afecta a su esposa.
Púnica, Gürtel y Kitchen
Tras años copando titulares, se prevé que tres de las grandes causas judiciales abiertas en los últimos años en España den sus últimos coletazos a lo largo de los próximos meses.
Por un lado, la trama que investiga a la bautizada como 'Operación Púnica', aquella que indaga sobre la adjudicación irregular entre 2012 y 2014 de contratos municipales a la empresa Cofely a cambio de comisiones y dádivas en diversos ayuntamientos, la mayoría con alcaldes del PP.
Lo último que conocimos sobre la trama es que 13 de sus 37 acusados confesaron en el juicio que puso en marcha la Audiencia Nacional el pasado mes de abril, por el que los imputados se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión.
De forma paralela, la Gürtel parece que verá su final después de que en el mes de mazo se celebrara el penúltimo juicio relacionado con la trama, donde todos los acusados, menos uno, confesaron durante las sucesivas vistas su participación.
La causa, vinculada estrechamente con el Partido Popular, operó en la primera década de los 2000 con el empresario Francisco Correa como cabecilla -condenado a 8 años y 10 meses de prisión- para favorecer a la formación política mediante la obtención de contratos públicos a través de sobornos, blanqueo de capitales y fraude fiscal, entre otros delitos.
Y para más adelante, ya hay fecha para el inicio del proceso judicial ligado a la 'Operación Kitchen', ese presunto operativo parapolicial orquestado desde el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para obtener documentos ligados a la Gürtel de Luis Bárcenas. Según una providencia a la que tuvo acceso la agencia Europa Press, la Audiencia Nacional ha fijado el inicio del juicio para el próximo 6 de abril de 2026.
Alvise, en el punto de mira del Supremo
Quedan pendientes también las causas abiertas contra Alvise Pérez, el eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) que prometió sortear su sueldo en la Eurocámara.
El Supremo le investiga por el cobro de 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo para financiar su campaña a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. Alvise reconoció el pasado mes de junio ante este tribunal que sí había recibido dicha cantidad aunque negó que ese dinero se utilizara para financiar de manera ilegal su campaña.
El Alto Tribunal le investiga además por delitos de falsedad e injurias por la difusión de una prueba de covid falsa del actual president y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en 2021 y también por los mensajes que dirigió en la red social Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
Además, una jueza de Madrid solicitó al Supremo investigarle por la difusión de conversaciones del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, en su ámbito privado y con un periodista, que fueron expurgadas en la investigación del 'caso Kitchen'. Solo queda esperar para ver cómo se resuelve su futuro en los tribunales.
