El caso Begoña Gómez, un año después: críticas al juez, declaraciones en Moncloa y cuatro testigos imputados

• El juez investiga la actividad profesional de Gómez en la UCM y una posible vinculación al rescate de Air Europa
• El aniversario de esta causa coincide con una nueva visita del magistrado a la Moncloa para interrogar a Bolaños

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), su mujer Begoña Gómez (d) EFE/Julio Muñoz

El caso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, cumple este miércoles un año con una enrevesada cronología de citaciones, informes y diligencias que no ha dejado de evolucionar, marcando a su vez la actualidad política. A lo largo de la extensa instrucción del juez Juan Carlos Peinado, se han sucedido constantes actualizaciones en las diferentes líneas de investigación abiertas, muchas de ellas derivadas de los recursos tanto de las acusaciones populares como de la Fiscalía y la defensa, que llegaron a querellarse contra el magistrado por prevaricación.

El aniversario de esta investigación, que aún continuará seis meses más, coincide con una nueva visita del magistrado a la Moncloa para interrogar al ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, que tendrá que declarar como testigo por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

Paralelamente al recorrido judicial, la causa de Begoña Gómez –a quien se le atribuyen delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral– desató un terremoto político que comenzó con la ausencia durante cinco días del presidente Pedro Sánchez para reflexionar sobre su futuro al frente del Gobierno. Una sacudida que a día de hoy sigue presente en los cara a cara parlamentarios con el PP, que pide la dimisión del presidente Pedro Sánchez y le acusa de estar "rodeado de podredumbre".

Desde entonces, esta causa, no exenta de críticas, no ha hecho más que crecer: lo que empezó con las sospechas por adjudicaciones irregulares o una intermediación para el rescate de Air Europa, se amplió a la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), al desarrollo de un software para esta institución o a la contratación de Cristina Álvarez como asesora.

Durante este año, además, han sido cuatro los testigos que han comparecido ante el juez y han acabado siendo investigados: el empresario Juan Carlos Barrabés; el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; el director del Instituto Empresa Juan José Güemes, y la citada asesora. Estas polémicas decisiones se han convertido en punto de batalla del fiscal y las defensas, que han tachado de "errático" el modo en el que Peinado dirige la causa, convencidos de que no motiva sus resoluciones.

Bolaños declara como testigo por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

La denuncia de Manos Limpias

Todo empezó el 16 de abril de 2024, cuando el juez Peinado acordó abrir diligencias ante una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, aunque más tarde se sumarían a las acusaciones la organización ultracatólica Hazteoír o el partido Iustitia Europa.

El sindicato de ultraderecha acusó a Begoña Gómez basándose exclusivamente de recortes e informaciones publicadas en diarios y páginas digitales, varias de ellas sin contrastar. De hecho, una de ellas, del diario The Objective, tuvo que ser rectificada poco después por orden de una jueza de Madrid, que instó al medio a publicar un artículo titulado "Begoña Gómez no ha sido beneficiaria de la subvención pública a que aludía la información publicada" el 7 de abril.

Pese a que muchos creían que estas acusaciones iban a ser desestimadas, el juez anunció la apertura del caso, respaldado parcialmente por la Audiencia de Madrid al considerar que había razones para la investigación, si bien pidió que acotara la investigación.

Barrabés y las adjudicaciones de contratos

El juez comenzó centrando sus pesquisas en averiguar si Gómez, "prevaliéndose" de su relación con el presidente del Gobierno, habría avalado cuatro contratos por 10,6 millones de euros que presuntamente adjudicó el ente público Red.es a Innova Next SL, una mercantil perteneciente a Juan Carlos Barrabés, con quien tenía una relación de amistad.

El empresario, que comenzó declarando como testigo ante el juez, admitió que se reunió con Gómez "cuatro o cinco" veces en la Moncloa y que en dos de esas citas estuvo presente Pedro Sánchez. No obstante, negó haberle pedido personalmente cartas de recomendación. Tras testificar, pasó a estar en condición de investigado a petición de las acusaciones, pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) había determinado que los contratos se adjudicaron "bajo los principios que rigen la contratación pública".

A una situación similar se enfrentó meses más tarde Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del IE Business School, a quien Peinado comunicó el cambio de su condición a investigado en la propia sala después de que negara que se hubiera contratado a Gómez por ser la esposa del jefe del Ejecutivo, tal y como aseguraba el magistrado que había manifestado en sede judicial una testigo.

Air Europa y el caso Koldo

Mientras tanto, el instructor de la causa comenzó a indagar en una posible vinculación entre Begoña Gómez, la empresa Globalia y el rescate de Air Europa, por el que se habría pactado "pagar 40.000 euros al año" al IE África Center (a cargo de la denunciada) y la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

Tras concluir la Guardia Civil que no había indicios de delito en su actuación, la Audiencia Provincial instó a desechar el papel que las acusaciones otorgaban a la mujer de Sánchez. Pero, desoyendo la petición, el juez se reafirmó en su decisión de seguir investigando los hechos y solicitó un nuevo informe policial –aún inacabado– para comprobar si existía algún "signo incriminatorio".

La UCO, sin embargo, remitió la semana pasada en el marco del caso Koldo un documento que vuelve a poner a Gómez en el centro de las críticas al aparecer mencionada en los mensajes del empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García. En una conversación, ambos hablaban del rescate a la compañía y señalaban que el entonces CEO de Globalia estaba "muy jodido el tema este". "Acaba de llamar a Begoña", añadía el presunto conseguidor de la trama. Pese a que los investigadores policiales no incidían en este detalle, el partido Vox ha presentado una nueva querella contra Gómez.

La gestión en la UCM: la cátedra y el software

Por otro lado, el pasado mes de octubre, Begoña Gómez fue imputada por dos nuevos delitos: apropiación indebida e intrusismo profesional. El foco estaba ahora puesto en su gestión en la UCM, donde desde 2020 directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC).

En concreto, las diligencias se enfocaron en el registro "a su favor" de la marca TSC Transformación Social Competitiva, en los patrocinios recabados para la cátedra y en la supuesta explotación de un software diseñada gratuitamente por Google, Indra y Telefónica. Esta última, según su representante legal, invirtió en el proyecto unos 50.000 euros en mano de obra con la aportación de tres trabajadores y que el desarrollo de la herramienta tecnológica iba a quedar en propiedad de la UCM.

La esposa del jefe del Ejecutivo también aclaró ante el juez que su relación profesional con la Complutense no estuvo amparada nunca por un contrato de trabajo que le impidiera realizar otras actividades profesionales y que por su labor docente y de dirección de los másteres de título propio recibía un salario que ascendía a 15.000 euros. Ante el juez desfilaron en calidad de testigo varios trabajadores de la Universidad Complutense, entre ellos el rector Joaquín Goyache, al cual poco después incluyó en la lista de investigados.

El juez también dirigió sus sospechas hacia la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas para contratar asesores para la creación de esta plataforma, enfocada a la gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa.

Peinado consideró que Gómez no había acreditado estar cualificada técnicamente para elaborar estos pliegos, pero su defensa, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, señaló que si había firmado las prescripciones técnicas fue por indicación de la propia universidad. Para ello presentó una recopilación de mensajes electrónicos que darían pie a otra línea de investigación, convertida ya en una pieza separada: la contratación de Cristina Álvarez como asesora.

El nombre de esta trabajadora de la Moncloa saltó a la palestra al aparecer unos correos que envió –algunos con una dirección personal, otros con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno– para gestionar el registro inacabado del software o de contactar con empresas privadas para mantener o lograr financiación para la cátedra. El objetivo del juez es saber si con su nombramiento se produjo malversación de caudales públicos.

Sánchez y Bolaños, testigos en la Moncloa

Tras meses de investigación, Peinado tomó una decisión inédita: acudir a la Moncloa para interrogar como testigo al jefe del Ejecutivo como "esposo de la investigada". Sánchez despachó su declaración en pocos minutos al acogerse a la dispensa legal de no declarar, pero el juez llegó a afirmar que podían sacarse "conclusiones" de su silencio.

Horas después de la comparecencia, la Abogacía del Estado, en representación de Presidencia del Gobierno, presentó una querella por prevaricación al no haber permitido a Sánchez declarar por escrito, que se sumaron a las otras dos interpuestas contra el magistrado a lo largo del proceso.

Ahora llega el turno del ministro de Justicia, testigo en la causa de la asesora de Begoña por su labor como secretario general de Presidencia en las fechas de su nombramiento. Aunque "resignado", Bolaños declarará como testigo este miércoles en su oficina en la Moncloa con el fin de evitar problemas de seguridad en el Ministerio.