Alvise Pérez reconoce que cobró 100.000 euros pero niega que fuesen para financiar su campaña electoral
- Lo ha reconocido en el Tribunal Supremo, donde ha declarado de forma voluntaria tras la petición del juez
- El alto tribunal aprecia indicios de un delito de financiación ilegal y otros de estafa y apropiación indebida
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El eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, ha reconocido en el Tribunal Supremo que recibió un cobro de 100.000 euros de un empresario por dar una "charla sobre libertad financiera" que apenas duró media hora. Sin embargo, ha negado que ese dinero se utilizara para financiar de manera ilegal la campaña electoral de su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF), en las elecciones europeas.
Así se ha pronunciado Alvise ante el magistrado Julián Sánchez Melgar, quien le citó a declarar de forma voluntaria este viernes junto al empresario que le pagó esa cantidad de dinero, Álvaro Romillo.
El eurodiputado ha detallado que los 100.000 euros se lo dieron dos trabajadores de CryptoSpain, la empresa de Romillo, en las instalaciones Centinel, ubicadas en el centro de Madrid. Según su relato, le entregaron el dinero en efectivo dentro de un maletín negro que contenía billetes de 50 y 100 divididos en 10 fajos de 10.000 euros cada uno.
Uso el dinero para gastos personales
Alvise, que ha respondido solo a las preguntas de su letrado y del juez, no así a la fiscalía y a las demás partes, ha asegurado que se llevó el dinero a su casa y se ha gastado aproximadamente la mitad en cuestiones exclusivamente personales. La otra mitad del dinero, unos 50.000 euros, sigue bajo su custodia. En este sentido, ha reiterado que no ha gastado nada en la campaña electoral y que esta costó poco más de 30.000 euros. Por este motivo, el dinero que le dio el empresario no consta en las cuentas de SALF.
A su salida del Supremo, ha defendido que todo el dinero está "absolutamente presentado desde hace meses" y que "ha pagado impuestos por esos 100.000 euros una vez declarados". Además, se ha identificado como uno de los pocos políticos que no es un "parásito" como Abascal, Feijóo o Sánchez porque ha renunciado a "más de un millón de euros" en el Parlamento Europeo.
Alvise ha mantenido una actitud desafiante y hostil con los medios que estaban presentes para recoger su testimonio. Ha cargado contra ellos y ha espetado que son "parásitos criminales de la mafia de la información". Después de sabotear sus propias declaraciones, ha abandonado el Tribunal Supremo gritando que es un "hombre libre" y que no "necesita medios vasallos".
Podría incumplir la Ley del Régimen Electoral General
Esta es la tercera vez que Alvise acude al TS a declarar en poco más de un mes. La última fue el pasado 20 de junio, cuando compareció por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert. Ese día, ya anunció que volvería al Supremo "para la financiación ilegal" y defendió que era "público y notorio" que había recibido esos 100.000 euros. "Poco me parece que me pagaran 100.000 euros por media hora de charla", manifestó.
El Supremo considera que la actuación de Alvise encajaría en el delito de financiación ilegal de partidos políticos. En concreto, podría haber vulnerado "el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que recoge la "conducta sobre elusión de los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos políticos". La Sala de lo Penal, cuando abrió esta causa, señaló que los hechos atribuidos al eurodiputado también podrían "indiciariamente" constituir "delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental".
Otras causas abiertas en el Supremo
Además de la causa del cobro de 100.000 euros, el líder de Se Acabó La Fiesta ya acumula otras dos causas abiertas en su contra en el Tribunal Supremo, además de una tercera que está pendiente de apertura.
Concretamente, el TS le investiga por delitos de falsedad documental e injurias por la difusión en 2021 de una PCR falsa de covid del entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Alvise, que declaró hace dos semanas por esta causa, defendió que no actuó con "mala fe" y alegó que era un documento que "circulaba masivamente por todas las redes sociales".
Otra de las causas abiertas es la que le investiga por difundir mensajes contra la fiscal Susana Gisbert. Durante su declaración, el eurodiputado defendió estas publicaciones como parte de la "crítica política" y de la "libertad de expresión".
Queda pendiente una cuarta causa por la difusión a través de Telegram de conversaciones privadas entre el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y un periodista. La publicación de estos chats, que fueron expurgados en el marco del caso Kitchen, podría suponer un delito de revelación de secretos
