Alvise defiende en el Supremo sus mensajes contra una fiscal de Valencia como "crítica política y libertad de expresión"
- El magistrado ve indicios de un presunto delito de acoso por la difusión de mensajes y fotografías mediante Telegram
- Pérez tiene otras dos causas abiertas en su contra en el TS, una de ellas por falsedad documental e injurias contra Illa
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El eurodiputado Alvise Pérez ha declarado voluntariamente en el Tribunal Supremo en la causa que le investiga por difundir mensajes contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Pérez ha defendido estas publicaciones como parte de la "crítica política" y de la "libertad de expresión".
En estos términos se ha manifestado el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) ante el magistrado Juan Ramón Berdugo, quien le citó a declarar por ver indicios de un presunto delito de acoso contra Gisbert. La causa se centra en varios mensajes que publicó Alvise entre enero y febrero de 2024 en su canal de Telegram, donde difundió la imagen de la fiscal y criticó su labor ante los más de 40.000 seguidores que tenía en ese momento. Miles de estos miembros de su canal replicaron insultos y amenazas que, según el juez, pudieron poner en riesgo el desarrollo normal de la vida de Gisbert.
En palabras de Alvise, sus mensajes tenían la única intención de "hacer crítica política" y ha lamentado que este tipo de comentarios antes se enmarcaban dentro de la libertad de expresión, mientras que ahora son motivo suficiente para hacerle declarar ante el Supremo. "Son personas que quieren meter en prisión a ciudadanos que critiquen la inmigración masiva", ha exclamado contra la fiscal.
Señaló a Gisbert a través de Telegram
En uno de las publicaciones de Telegram, Alvise hacía referencia al organigrama de "las personas responsables de la persecución ideológica" por los delitos de odio, donde incluían incluida Gisbert. "Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una invasión", protestaba.
En el mensaje se instaba a buscar las identidades de dichos fiscales y, de manera adicional, mostraba una imagen de Gisbert, a quien señalaba como la responsable de "haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas".
Además de los mensajes de Telegram, el Supremo tuvo en consideración que Alvise permitió la difusión de los perfiles que la denunciante tenía Twitter, Facebook e Instagram, lo que resultó en que recibiera "insultos y amenazas".
Citó a declarar a Alvise de forma voluntaria
El magistrado dictó el pasado 5 de junio una providencia en la que ofrecía al investigado la posibilidad de comparecer voluntariamente, sin necesidad de activar el proceso para levantar la inmunidad que le ampara como eurodiputado.
El alto tribunal asumió así la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, a raíz de la denuncia presentada por la propia fiscal Susana Gisbert contra Alvise por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y odio a través de redes sociales.
Tres causas abiertas contra Pérez en el Supremo
Además de la causa de Susana Gisbert, el líder de Se Acabó La Fiesta ya acumula otras dos causas abiertas en su contra en el Tribunal Supremo, además de una tercera que está pendiente de apertura.
Concretamente, el TS le investiga por delitos de falsedad documental e injurias por la difusión en 2021 de una PCR falsa de covid del entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Alvise, que declaró hace dos semanas por esta causa, defendió que no actuó con "mala fe" y alegó que era un documento que "circulaba masivamente por todas las redes sociales".
Otra de las causas abiertas es la que le investiga por la presunta entrega de 100.000 euros por parte de un empresario para financiar de manera irregular la campaña electoral de su partido en las elecciones europeas.
Queda pendiente una cuarta causa por la difusión a través de Telegram de conversaciones privadas entre el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y un periodista. La publicación de estos chats, que fueron expurgados en el marco del caso Kitchen, podría suponer un delito de revelación de secretos.
