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La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha negado contundentemente haber recibido un sobre de dinero con 60.000 euros procedente de un empresario y entregado por el extesorero del PP Luis Bárcenas para su campaña electoral de 2007, como declaró el extesorero en la Audiencia Nacional este martes.

“Es totalmente falso, jamás he recibido un sobre con dinero ni de Bárcenas ni de -otro extesorero fallecido, Álvaro Lapuerta”. Según Bárcenas, el constructor Luis Gálvez entregó a Lapuerta ese dinero y lo introdujo en un sobre. Sin embargo, no ha entregado ninguna prueba incriminatoria en el tribunal.

El exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha denunciado a las fiscales del Caso Púnica por no perseguir el delito, cohecho y prevaricación en el caso del chivatazo al exconsejero. Considera que beneficiaron al constructor David Marjaliza al no acusarle, a pesar de reconocer que el empresario quemó documentación después de que Granados le dijese que un guardia civil le había insinuado que los estaban investigando. Por ese chivatazo Granados está condenado a dos años de cárcel.

En el caso Púnica, TVE ha tenido acceso a las declaraciones de varios testigos que incriminan a Esperanza Aguirre en el cobro de donativos en negro para financiar el PP de Madrid. Aseguran varios testigos, como el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid conocía esas comisiones y las agradecía personalmente a los donantes.

David Marjaliza, el empresario arrepentido del caso Púnica, asegura que ha entregado en la Audiencia Nacional nuevos documentos contables sobre presuntas comisiones en negro a cambio de adjudicaciones de suelo para vivienda protegida. En esa contabilidad B, habría, según el empresario, pagos entre 1999 y 2002 para el Partido Popular, Izquierda Unida y, también, para el PSOE en la época en la que Rafael Simancas estaba al frente del partido en Madrid. Simancas se ha defendido en Twitter diciendo que la Púnica es "un caso de corrupción del PP" y tanto el PSOE como Izquierda Unida niegan las acusaciones.