La Fiscalía Anticorrupción pide exculpar a Aguirre y a González en el caso Púnica

• El informe de Anticorrupción mantiene la imputación para Francisco Granados
• Es un paso previo antes de que el juez García Castellón decida las imputaciones

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la exculpación de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, en el caso Púnica, donde se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid, según ha podido confirmar RTVE.

Las agencias Efe y Europa Press informan de que también propone exculpar a quien fuera el sucesor de Aguirre en la presidencia, Ignacio González.

El departamento que dirige Alejandro Luzón no ve indicios suficientes para imputar a Aguirre, pese a que dirigió el PP regional entre 2004 y 2016. El extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, acusó a Aguirre de recibir sobres con dinero para financiar su campaña de 2007.

Se da la circunstancia de que la también expresidenta madrileña Cristina Cifuentes quedó igualmente fuera de la causa.

En cambio, Anticorrupción pide procesar al exconsejero Francisco Granados.

Paso previo para la imputación en la Audiencia

El informe de Anticorrupción era uno de los últimos trámites que quedaban por completar antes de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decida a qué imputados procesa.

La investigación se realiza en una pieza separada número 9 del sumario de la trama Púnica, cuya investigación concluyó el pasado enero. El juez intenta determinar si existió una 'caja b' en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Las investigaciones comenzaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.

Ese mismo año fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.

Supuestamente, los responsables políticos y administrativos adjudicaban contratos a dedo a empresarios que a cambio pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.

El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos de forma unitaria hasta que en 2015 decidió repartir la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados.