Peinado exige a la Moncloa todos los correos de Begoña Gómez desde el año 2018 para que los investigue la UCO
- También ha adelantado un día la declaración de la mujer de Pedro Sánchez y finalmente será el 10 de septiembre
- El juez pidió en agosto si tenía un correo corporativo y ante la respuesta afirmativa ha exigido que se pueda acceder a ellos
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El juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros delitos, ha exigido a la Moncloa que le facilite todos sus correos corporativos desde el año 2018 para que los investigue la UCO.
Según el documento al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado Juan Carlos Peinado, pide todos los correos desde julio de ese año y lo hace después de que en el mes de agosto preguntase si tenía una cuenta de correo corporativa en la Moncloa y Presidencia respondiese afirmativamente.
Ahora pide que se "remita copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde dicha cuenta asignada desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha". "Y verificado, remítanse dichos correos a la UCO para su análisis e informe al Juzgado", ha añadido el magistrado.
Se adelanta un día la declaración por problemas de agenda de su abogado
Junto a esta medida, el juez también ha tomado otra decisión, adelantar la declaración de la propia Begoña Gómez un día, después de que la defensa de la mujer del presidente del Gobierno solicitase aplazarla por problemas de agenda de su abogado. Finalmente, Gómez comparecerá ante el juez este miércoles 10 de septiembre las 12.00 horas, en el marco de la causa relativa a la presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también tiene previsto comparecer como investigada ese mismo día.
Peinado investiga a Gómez por cinco presuntos delitos en total: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
Todo ello en el marco de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid; la presunta apropiación indebida del 'software' que empleaba dicha cátedra, y el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora en la Moncloa.
