El juez Peinado cita a declarar como investigadas a Begoña Gómez y a su asesora por un delito de malversación
- La esposa de Pedro Sánchez comparecerá el 11 de septiembre, un día después que su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez
- Su contratación ocurrió, dice el juez, dentro de una "estructura institucionalizada de poder"
El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como investigadas a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, así como a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha fijado la citación de Álvarez para el próximo día 10 de septiembre a la 10.00 horas. Por su parte, la mujer de Pedro Sánchez deberá comparecer el día 11 del mismo mes a las 10.30 horas.
Aunque el juez ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Álvarez, de momento no había imputado dicho delito a Gómez, quien hasta ahora figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Con esta ya son cuatro las veces que el juez Peinado cita a declarar a la mujer del presidente del Gobierno.
En el marco de esta causa, el instructor mantiene vigente cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor del grupo Barrabés, la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense, la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
"Reforzar una indudable influencia" como lo es la Presidencia del Gobierno
Sobre Cristina Álvarez, el magistrado señala que la investigación deberá centrarse en si "sobrepasó" el desempeño de sus funciones como asesora para "favorecer el plan delictivo de la investigada (Begoña Gómez" en un supuesto delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de caudales públicos puestos "indebidamente" al servicio de intereses particulares o privados.
Según el juez, existen "datos indiciarios suficientes, en este momento procesal", a partir de los que podría deducirse "la relación", por ejemplo, con las empresas del Grupo Barrabés, "de las que supuestamente se valía la principal investigada", indica. Otros ejemplos que figuran en el auto son la constatación de un correo dirigido a la Directora de comunicación institucional de REALE Seguros, "solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del Máster" de Gómez, lo que "parece exceder claramente de sus funciones", asegura el magistrado.
Otro dato más a considerar, indica el juez, sería la "amistad personal previa" entre ella y Gómez, siendo a su juicio esta "la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con ese nombramiento". Así, a su modo de entender, esto podría suponer una "desviación de recursos públicos en favor de intereses privados".
Todo ocurre, señala el juez, dentro de una supuesta "estructura institucionalizada de poder" que sirviera para "reforzar una indudable influencia" como lo es la Presidencia del Gobierno. A todo ello se añade lo relativo al cargo que ocupaba Álvarez en la Cátedra Extraordinaria de Trasformación Social Competitiva.
Cambio de criterio
Álvarez declaró el pasado 20 de diciembre como testigo ante Peinado, a quien explicó que fue contratada en 2018 para asistir a Begoña Gómez para gestionar su agenda pública y privada, y llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad. Y aunque la Audiencia Provincial de Madrid anuló dicha declaración como testigo, sí mantuvo lo manifestado en su declaración como investigada.
Ahora, Peinado ha acordado citar a Álvarez a raíz del pronunciamiento de la Audiencia de Madrid, que le emplazó a centrar la investigación e instó a fijar los indicios de responsabilidad que se le podrían imputar la asesora.
La decisión del instructor supone un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y descartó investigar a Gómez y Álvarez por un delito de malversación al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento, como sí argumentaba Vox en la querella que presentó.
Al margen, en el auto dictado este lunes, Peinado aprovecha para avisar que no ha recibido notificación alguna de la decisión del Tribunal Supremo (TS) de archivar la exposición razonada que envió pidiendo que se investigara al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el nombramiento de Álvarez.
"No se tiene conocimiento todavía en la sede de este juzgado, al no haberse recibido copia del mismo", ha recalcado el instructor, en referencia al auto del Supremo del pasado 15 de julio.
El Gobierno recuerda que Supremo negó la malversación
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que el Tribunal Supremo (TS) ya descartó hace meses un delito de malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez.
Ha sido la primera figura del Gobierno en reaccionar ante su imputación. Lo ha hecho desde Lanzarote, donde el ministro ha mostrado su "respeto a las iniciativas judiciales", pero también a la "presunción de inocencia y a la defensa de las personas que son requeridas".
"El Tribunal Supremo ya dijo claramente que no había ningún supuesto delito de malversación con respecto a la esposa del presidente del Gobierno de España. Hay antecedentes de ese mismo juez, que ha solicitado al Tribunal Supremo imputar por manifestaciones de personas aforadas, y el Tribunal Supremo ha dado la razón, por ejemplo, al ministro (de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix) Bolaños", ha expresado Torres.
