Jueces y fiscales piden a García Ortiz que "se abstenga de asistir" a la apertura del curso judicial al estar procesado
- Así lo han trasladado en un comunicado la APM, la AF y la APIF, todas asociaciones conservadoras
- El fiscal general está pendiente que se abra juicio contra él por un presunto delito de revelación de secretos
Las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales han pedido a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, que "se abstenga de asistir" al acto solemne de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo por estar procesado, aunque han señalado su respeto a la presunción de inocencia.
Así lo han trasladado a través de un comunicado conjunto tres organizaciones de la carrera judicial y fiscal: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), todas ellas de carácter conservador.
A la espera de que el magistrado instructor de su causa, Ángel Hurtado, ordene la apertura de juicio oral en su contra, García Ortiz está a un solo paso de sentarse en el banquillo de los acusados. El fiscal está procesado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Reclaman que no asista "por respeto al rey" y al poder judicial
Aunque los jueces y fiscales han aclarado que "como no puede ser de otro modo" respetan la presunción de inocencia de García Ortiz, han argumentado que "el respeto a las instituciones" está por encima de los intereses particulares de los integrantes del poder judicial. Por este motivo, han solicitado que no participe en el acto de este viernes, que estará presidido por Felipe VI: "Por respeto a Su Majestad el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal, se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial".
Las asociaciones han tildado de "hecho insólito" que se siente junto al rey y ante el poder judicial a una persona "contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme". Además, han detallado que "con toda probabilidad, se abrirá juicio oral" en su contra.
A juicio de las asociaciones, la presencia del fiscal general del Estado, "constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de derecho y al propio jefe del Estado" y también "mina la credibilidad de la justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad".
Comunicado de las tres asociaciones de jueces y fiscales APM / AF / APIF
García Ortiz está obligado por ley a asistir al acto
El acto de apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo, una cita tradicional que se celebra todos los años, estará presidido por Don Felipe y contará con la presencia de la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Por su parte, la presencia del fiscal general del Estado es obligatoria por mandato legal.
El artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que al inicio del año judicial, en septiembre, se celebrará un acto solemne en el Tribunal Supremo. A esta cita debe acudir de forma obligada García Ortiz, como precisa el tercer apartado del artículo: "El fiscal general del Estado leerá también en este acto la Memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia".
A pesar del comunicado que han hecho público, fuentes de la Fiscalía General han confirmado a RTVE que los jueces y fiscales conocen estas obligaciones institucionales que conllevan el cargo de García Ortiz y que su presencia es legalmente inevitable.
La AJFV pide que no se utilice al rey para pedir la exclusión de Ortiz
En contraste a estas tres agrupaciones conservadoras, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), de carácter progresista, ha pedido que no se utilice la presencia del rey para pedir la exclusión de García Ortiz y ha ahondado en que esta reclamación no tiene cobertura legal.
Así lo ha manifestado a través de un comunicado el portavoz de la asociación, Sergio Oliva, en el que explica los motivos por los que la AJFV no se ha sumado a esta petición: "Conforme a la legalidad vigente, el fiscal general sigue ostentando el cargo y conserva íntegramente las facultades que le son propias, entre ellas la de intervenir en dicho acto solemne". Con todo esto, ha concluido que "no corresponde a las asociaciones condicionar su presencia en un acto institucional de esta naturaleza ni vincular la figura del jefe del Estado a una petición de exclusión que carece de cobertura legal".
No obstante, ha aclarado que comparten "la preocupación que puede generar en la ciudadanía la imagen de un fiscal general del Estado sometido a un procedimiento judicial junto al rey" e Isabel Perelló en el acto de apertura del curso judicial: "Somos plenamente conscientes de que esa circunstancia daña la imagen de la Fiscalía".
El ala progresista del CGPJ se desmarca de esta "polaridad artificiosa"
Por su parte, los magistrados progresistas del Consejo General del Poder Judicial también han emitido un comunicado en el que han asegurado que el acto del viernes "exige la presencia del fiscal general del Estado para presentar sus Memorias anuales", así como la de Isabel Perelló, quien también deberá exponer la documentación correspondiente. Con este mensaje, se han desmarcado de "cualquier forma de polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia".
Junto a esto, han recordado que la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, responde a una "costumbre constitucional consolidada propia" de su posición en el Gobierno y de "las altas responsabilidades que ejerce al servicio público de la justicia".
Los magistrados han hecho un llamamiento al respeto de la presunción de inocencia y del principio de legalidad, para mostrar "confianza en los pilares del Estado Democrático de Derecho". Con todo esto, los firmantes han trasladado un mensaje de "tranquilidad y normalidad institucional" garantizando que el evento se desarrollará como manda la ley: "Se trata de que todos los poderes, instituciones y personas participantes en el acto solemne respeten la lealtad constitucional que les es exigible".
