División en las asociaciones de fiscales: dimisión o apoyo a García Ortiz al borde de sentarse en el banquillo del Supremo

• La APIF, personada en el juicio, pide su suspensión cuando se abra y la Asociación de Fiscales cree que debe dimitir
• La Unión Progresista de Fiscales considera que sería "un error" pedir su dimisión y afirma "con rotundidad" que es "inocente"

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en un reciente acto en el Principado de Asturias. EFE/ J.L.Cereijido

Las asociaciones de fiscales se muestran divididas ante la situación en que se encuentra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre las peticiones de dimisión y el apoyo después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por revelación de secretos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación con la causa sobre un presunto fraude fiscal.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusación popular en el proceso, ha pedido al Supremo su suspensión provisional "una vez se dicte el auto de apertura de juicio oral", cuando se dicte auto de apertura de juicio oral para "garantizar el correcto desarrollo del proceso", en tanto que si continuara siendo fiscal general del Estado en el acto del juicio oral "sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes".

"Evidentemente, esto provocaría una distorsión inaceptable: el fiscal designado, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, actuaría al servicio del propio acusado. Precisamente para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a García Ortiz", insiste.

La APIF afirma que "no puede delegarse en los miembros del Ministerio Fiscal a los que alude el reglamento la adopción de esta medida", porque García Ortiz, en tanto fiscal general del Estado, "no puede decidir si corresponde o no su propia suspensión cautelar". En este asunto cree que "debería abstenerse por tener un interés directo".

El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, ha señalado en declaraciones a EFE que este nuevo auto les hace reafirmarse en su opinión de que es "insostenible" que el fiscal general siga en el cargo aunque ven "inconcebible" que él vaya a dimitir, por lo que auguran que la situación "va a seguir igual".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha destacado que la decisión del Supremo nos sitúa ya prácticamente "en la imagen del fiscal general del Estado sentado en el banquillo". Esa imagen para la institución es "demoledora", porque ciertamente no se está enjuiciando a la Fiscalía, por supuesto, sino a Álvaro García Ortiz, pero, manteniéndose en el cargo de fiscal general del Estado, la imagen que proyecta de nuestra institución resulta muy comprometida y el daño reputacional es máximo", ha denunciado.

La presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales considera que, llegados a este punto, "lo lógico sería que dimitiera, se centrase en la defensa de sus intereses, en defender su inocencia y dejar al margen a la institución". Porque además -advierte- la imagen del fiscal del caso también va a quedar comprometida. "Va a ser criticada, haga lo que haga, porque razonablemente suscita dudas la actuación de un fiscal cuando se dirige contra quien es su superior jerárquico, y quien pueda decidir sobre sus ascensos, su reconocimiento o su continuidad en el cargo, etcétera".

La Asociación Progresista de Fiscales afirma "con rotundidad" la inocencia del fiscal

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Félix Martín González, considera que sería "un error grande" pedir la dimisión del fiscal general del Estado, por un lado, "con la defensa de la verdad y la justicia" porque la asociación afirma "con rotundidad" que el fiscal general del Estado es "inocente", y denuncia que "con la excusa de este procedimiento" está siendo objeto de "un ataque sin precedentes en democracia que llevará algún día a reflexionar seriamente de lo acontecido".

También consideran que sería un error hacia la profesión fiscal pedir la dimisión de García Ortiz, que es su "último dique de contención frente a un desatino" porque creen que lo que motiva la actuación del fiscal general es "desmentir un bulo" que afirmaba que los fiscales "en un asunto concreto" seguían directrices del Gobierno.

La AJFV ve una "anomalía" y JJpD cree que se dilucidará en el juicio

Las asociaciones de jueces y juezas también se muestran divididas ante la posible apertura del juicio oral al fiscal general, sobre si debería seguir en el cargo o por el contrario debería dimitir.

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva Parrilla, cree que con independencia de que se proclame la presunción de inocencia, es una "anomalía absoluta" tener al fiscal general del Estado en esta situación procesal una vez que se ha cerrado la fase de investigación.

García Ortiz, recuerda la AJFV, es el superior jerárquico del fiscal que participará necesariamente en el proceso y consideran "absolutamente imprescindible" que haga una "profunda reflexión" y "pondere cuidadosamente el impacto institucional que puede suponer seguir en el cargo y el ejercicio de su legítimo derecho a la defensa".

Mientras, la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) cree que tendrá que dilucidarse en el juicio oral si el fiscal general del Estado se limitó a cumplir con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que le encomienda informar a la opinión pública de asuntos de relevancia social como la investigación por delito fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, advierten la dificultad para apreciar si puede haber un delito de revelación de secretos por los indicios de que la noticia de la investigación a Alberto González Amador ya era conocida por varios medios de comunicación.

El juicio a un fiscal general no figura entre las causas previstas para su cese

El hecho de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, vaya a ser juzgado por un delito de revelación de secretos no supone que deba ser cesado por ello, ya que este motivo no figura entre las causas de cese del fiscal general que recoge el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Los motivos tasados para el cese de un fiscal general son cuatro, según el artículo 31 del Estatuto Fiscal: a petición propia, por incompatibilidad, incapacidad o enfermedad, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o por el cese del Gobierno que lo propuso.

En este caso, el Gobierno ha mostrado de forma reiterada su apoyo a García Ortiz y el propio presidente, Pedro Sánchez, al conocer la confirmación de su procesamiento, ha insistido en que cree en su inocencia, por lo que nada augura que vaya a instar su cese antes de ser juzgado por haber supuestamente revelado datos reservados de un pacto entre la Fiscalía y la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en relación a una causa de fraude fiscal.

Todo apunta por tanto a que García Ortiz irá a juicio manteniéndose en su cargo, con lo que será la primera vez que un fiscal general del Estado sea juzgado en el ejercicio de sus funciones.

Situación anómala que quedará patente en ese futuro juicio, en el que uno de sus subordinados deberá ejercer la acción penal, si bien en este caso la Fiscalía ha defendido "la rotunda inexistencia de prueba" de que el correo sobre la negociación de dicho pacto de conformidad partiera de la Fiscalía General del Estado.

Será por tanto la acusación particular que representa a la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que pide cuatro años de cárcel para el fiscal general, y las acusaciones populares las que mantendrán que García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos por la filtración de ese correo.